El Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, dijo que buscarán erradicar el “outsourcing ilegal” con la ley antifacturera que entró en vigor este año y que tipifica la evasión fiscal como delincuencia organizada.
El gobierno federal detectó que 14 mil empresas despidieron a 64 mil trabajadores en diciembre para no pagar prestaciones de fin de año, tras lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de su gobierno anunciaron la creación de un grupo de trabajo contra la subcontratación ilegal, que será perseguida como delincuencia organizada.
La acción es preventiva, “porque lo que queremos es informar a trabajadores y patrones, de manera especial a los patrones, que se enteren que ya hay una nueva legislación y que pueden ser sancionados”, dijo el mandatario en la conferencia matutina.
Carlos Romero, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), subrayó que los casos de subcontratación ilegal se perseguirán como delincuencia organizada, porque requiere la contribución de más de tres personas, en cuyo caso están también las factureras.
López Obrador recordó que incurrir en la subcontratación ilegal significa, en el caso de ser responsables, pena de cárcel sin derecho a fianza y llamó a los empresarios a cumplir con la ley y tener dimensión social, ya que los pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “ya no son malversados, ni se quedan en manos de políticos corruptos, ya cambió esto”.
Dijo que no es necesario un nuevo marco legal, porque con el que existe “se pueden resolver y desterrar estas prácticas”.
Aunque los 64 mil despidos están vinculados directamente a dichas prácticas, el gobierno tiene registro de hasta 380 mil despidos el mes pasado que también se investigan, porque es “algo increíble, y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores y no pagar prestaciones, no pagar impuestos”, apuntó el mandatario en la conferencia matutina.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que quien incurra en esa práctica corre el riesgo de que se le abra una a investigación y enfrenta penas de hasta 14 años de prisión, mientras que al empresario que ofrezca el servicio ilegal puede recibir hasta 20 años de prisión.
51 denuncias; hasta 6 mil empresas ilegales
La mayoría de las empresas que dieron de baja a su personal en diciembre tenían entre 101 y 500 empleados, algunas de las cuales dieron de baja a todo su personal.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, detalló que ya hay 51 denuncias al respecto, 31 de ellas por presuntos casos de empresas fachada, y el resto por facturas simuladas y subcontratacón ilegal.
Robledo detalló que detectaron al menos mil 200 empresas con esquemas de contratación ilegal, con poco más de 862 mil trabajadores. Apuntó que se estima que hay hasta 5 millones de trabajadores que laboran bajo un esquema de subcontratación ilegal.
Las estimaciones apuntan a que hay hasta 6 mil empresas en dicha situación, que evaden 21 mil millones de pesos anuales.
Robledo agregó que se han realizados siete operativos especiales a grandes empresas, como hotelerías, servicios informáticos y call center, entre otros rubros, con 36 empresas subcontratatistas involucradas.
Dijo que durante mucho tiempo se normalizó y se hizo una práctica muy común la subcontratación para eludir pagos y que se trata de “un esquema sofisticado de empresas”, en el que cada vez que se hacían inspecciones se “saltaba” a los trabajadores a otra empresas.
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, explicó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que dejará de existir como parte de la reforma laboral, aún tienen un rezago de medio millón de expedientes, con juicios que podrían durar de 2 a 8 años.
Fuente: La Jornada/ Reforma
