El gobernador de Texas Rick Perry, quien está acusado, hará su primera comparecencia ante la corte el Día de Halloween mientras su equipo de defensores trata de anular dos felonías por abuso de poder, tanto en el terreno constitucional como en el técnico.
El republicano se encuentra en una misión económica estatal en Europa y le dieron permiso de no asistir a una audiencia previa al juicio que se llevó a cabo este lunes en Austin, en donde el juez de Distrito Bert Richardson fijó la fecha de la siguiente audiencia.
“Debido a que esto afecta el caso, el juez decidió que él, al igual que otros acusados, necesita comparecer ante la corte”, comentó el fiscal especial Michael McCrum refiriéndose a Perry después de la audiencia. Sin embargo, este martes, el gobernador va a pronunciar un discurso ante el Instituto de Servicios Unidos de la Realeza, en Londres.
En la próxima comparecencia que tenga en la corte, los abogados de Perry van a argumentar que McCrum nunca ha sido investido adecuadamente y también que debería reproducir las transcripciones del testimonio secreto ante un gran jurado para que el juez lo revise.
McCrum bromeó con los reporteros y dijo que el equipo legal del gobernador le estaba aventando hasta con el fregadero de la cocina. “Hay un par de platos que cayeron en el fregadero, así que vamos a revisarlos uno por uno”, dijo. “Pero tengo la confianza de que todo va a proceder de buena manera”.
Este lunes, el juez también estableció una fecha límite para el 7 de noviembre para que McCrum entregue las respuestas por escrito a las dos mociones de anulación que presentó la defensa.
Perry fue acusado en el mes de agosto por un gran jurado de Austin después que amenazó públicamente –y luego lo llevó a cabo– un veto del financiamiento estatal que estaba destinado a la fiscalía que investiga la corrupción pública.
Prometió realizar el veto después que la procuradora de Distrito, quien está encargada de la Unidad de Investigación, la demócrata Rosemary Lehmberg, se rehusó a renunciar después que fue acusada de conducir en estado de ebriedad.
La defensa entabló dos mociones, una en la que argumenta que el caso es inconstitucional debido a que Perry tenía el derecho de emitir un veto, y la otra que busca echarlo abajo por cuestiones técnicas, incluyendo el que McCrum no haya sido investido adecuadamente y si Lehmberg entregó la documentación correcta para ser descalificada del caso. Richardson, republicano de San Antonio, designó a McCrum como fiscal especial.
El caso contra Perry se deriva de una queja presentada por un grupo de izquierda del gobierno en Austin, sin embargo, la oficina de Lehmberg no ha participado en la investigación.
McCrum aseguró que fue investido correctamente y que él y Lehmberg entregaron la documentación necesaria. En un comentario breve que se hizo después de la audiencia del lunes, Tony Buzbee, un abogado de Perry que tiene su sede en Houston, dijo “Tengo alguna documentación, pero no estoy seguro de que eso resuelva el caso”.
En cuanto a las transcripciones del gran jurado, los abogados de Perry quieren que Richardson los revise, argumentando que son necesarios para que él emita un fallo sobre la solicitud que hicieron para descartar las acusaciones. Ellos dijeron que McCrum argumentó que está demasiado ocupado como para llamarle a la corte del gran jurado para que ordene las transcripciones.
McCrum dijo que solicitar las transcripciones a un gran jurado fue “algo inusual” y que desea proteger al gran jurado y a los testigos que escucharon el caso. “Pero está bien”, dijo McCrum. “No estamos aquí para ocultar nada, sólo deseamos seguir los procedimientos y acatar la ley”.
Fuente: AP
