Por Jenaro Villamil
“Ser periodista en México parece ser más una sentencia de muerte que una profesión”, afirmó la directora nacional de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, al condenar el artero homicidio de Javier Valdez Cárdenas –segundo corresponsal de La Jornada asesinado este año–, cofundador de Ríodoce, autor de crónicas, libros y testimonios únicos sobre la narcosociedad mexicana que vivimos de manera acelerada en los últimos 15 años.
El propio Javier Valdez expresó un diagnóstico similar en sus últimos testimonios y entrevistas:
“Ser periodista es como formar parte de una lista negra. Ellos van a decidir, aunque tú tengas blindaje y escoltas, el día en que van a matar. Si lo deciden lo van a hacer, no importa si tienes o no protección. No hay condiciones para hacer periodismo en México, las balas pasan demasiado cerca”.
En su editorial de este martes 16, Ríodoce no se anda con rodeos al mencionar la conmoción por el asesinato del autor de la columna Mala Yerba: “Siempre, desde que decidimos brindar cobertura al tema del narcotráfico, supimos que esto podía ocurrir, lo sabía Javier, lo sabíamos todos en Ríodoce. Y hemos reporteado con miedo todos estos años, seguros, como lo dijimos muchas veces, de que cuando alguien toma la decisión de matar a alguien, mata.
“Cohabitamos con la muerte, decía. Copulamos con ella, se ríe de nosotros, nos besa, se burla. Pero seguimos todos estos años –14 desde la fundación de Ríodoce– haciendo lo que un buen periodista y un buen periódico tiene que hacer en un estado como Sinaloa, en un país como México”.
La certeza de la muerte es también la certeza de la ausencia de un Estado de derecho en México. Es el homicidio de la legalidad. Es vivir en un Comala donde todos nos volvemos fantasmas ante un ente autoritario que no se ha enterado que ya está muerto también.
Lo que nunca habíamos imaginado es que la temporada de cacería llegaría a los niveles de eliminación sistemática y de impunidad persistente que ya envidiaría Pedro Páramo en esta Comala periodística del peñismo.
Más allá del tono rulfiano que alcanza esta tragedia, lo cierto es que el otro rostro del periodicidio (la eliminación, amenaza y censura sistemáticas contra los periodistas que se asoman a las entrañas de la colusión entre el gobierno y el crimen organizado) es el del desastre del Estado mexicano para garantizar no sólo el derecho a la información, sino el derecho a la vida de sus gobernados.
El mismo día que asesinaron a Javier Valdez, nos enteramos que fue atacada en Autlán, Jalisco la periodista Sonia Córdova, subdirectora del semanario El Costeño. Ella se encuentra en estado grave, mientras su hijo Jonathan Rodríguez Córdova, también reportero, falleció.
También el lunes 15 nos enteramos que el periodista de Nayarit Fabián García decidió abandonar la entidad para acogerse al mecanismo de protección de periodistas, tras recibir amenazas a través de narcomantas. Y nada asegura que acogerse a este sistema pueda garantizar su vida.
Dos días antes, en Guerrero, fueron emboscados siete periodistas de medios locales, nacionales e internacionales en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, por un grupo de al menos cien hombres armados, presuntos integrantes de la organización La Familia Michoacana. Este ataque sucedió en medio de la ola de violencia y de bloqueos que han ocurrido en esa entidad, desgobernada por el señor Héctor Astudillo.
Frente a este nuevo repunte de la agresión y los asesinatos a periodistas en nuestro país, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó tres mensajes en su cuenta de Twitter para enviar sus condolencias a los familiares de Javier Valdez y reiterar su compromiso “con la libertad de expresión y prensa, fundamentales para nuestra democracia”.
También informó que dio “indicaciones” a la PGR y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que “apoyen a las autoridades locales en la investigación de este indignante crimen”.
Para Peña Nieto, como para su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se trata de “dar indicaciones”, “girar instrucciones”, enviar mensajes ridículos de condolencias que ni los sienten ni los comparten. Se trata de enviar al laberinto burocrático de más de cien mil expedientes de desaparecidos, asesinados y secuestrados, a los periodistas ejecutados.
¿Para qué ocuparse de uno más si ellos siguen en lo suyo: terminar por llevarse el botín de Comala?
El gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz, pensó que sería un día de campo encararse con los reporteros hartos del clima de violencia en esa entidad cuna de cárteles y de mafiosos.
“Son más de 600 asesinatos, gobernador. Yo no estoy feliz con eso. Pero pienso que usted sí”, le reclamó un periodista al mandatario. Su ofrecimiento de una “fiscalía especial” naufragó ante otro reproche: “Ya no podemos estar escuchando sus mismas respuestas. La única respuesta que queremos es con hechos”.
De eso se trata el periodicidio de los últimos 17 años: no estamos ante un crimen más de periodistas, sino ante la confirmación de un modus operandi para atacar a los reporteros, silenciar a los medios e intimidar a la población sin que las autoridades municipales, estatales o federales hagan absolutamente nada.
Este método de narcogobierno lo iniciaron en Tamaulipas cuando arrasaron con toda posibilidad de ejercer un periodismo independiente desde 2001 a la fecha. Era la configuración de la primera narcoentidad. Y siguió Veracruz, que alcanzó la cumbre de la impunidad con el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, en abril de 2012, en plena campaña presidencial de Peña Nieto y en el ascenso de la impunidad del sátrapa Javier Duarte.
Ahora ya es también Chihuahua, con el claro e intimidante aviso que representó el crimen de Miroslava Breach, y Guerrero, Oaxaca, Morelos, Jalisco, Sinaloa y Baja California Sur, donde han ocurrido los recientes ataques y asesinatos a periodistas.
El periodicidio en México coincide también con el repunte de la violencia y de los ataques a activistas de derechos humanos, como vimos con el homicidio de Miriam Rodríguez, ocurrido el pasado miércoles 10 en San Fernando, Tamaulipas. No se deben manejar por separado unos y otros homicidios.
No sólo son los “periodistas asesinados”. Es la sociedad entera a la que quieren silenciar. Es un Comala que ni Juan Rulfo hubiera imaginado en medio de los estertores de Pedro Páramo y sus fantasmas. Quizá nuestros gobernantes no se han enterado que, como en la obra rulfiana, también ellos están muertos.
Fuente: Homozapping
