La Suprema Corte de Justicia se encamina a invalidar en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, que pretende regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia.
Se requiere el voto de ocho de los once Ministros para invalidar la ley y, hasta ahora, nadie apoyó el proyecto de Jorge Pardo que propone declarar que el Congreso sí tenía facultad Constitucional para expedirla.
Este miércoles, el equipo del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentará su plan de seguridad, por lo que el fallo de la Corte será posterior a este anuncio.
Cinco Ministros coincidieron en que la Carta Magna no faculta al Congreso para expedir esta ley, mientras que Norma Piña acusó que su aprobación en fast track en la Cámara de Diputados, el 30 de noviembre de 2017, significó un vicio de procedimiento que invalida la norma.
Del grupo mayoritario, solo José Ramón Cossío reiteró su postura de que exclusivamente el Ejecutivo puede disponer de las Fuerzas Armadas cuando hay declaración formal de guerra o de suspensión de derechos humanos.
Los demás sí aceptaron la posibilidad de que Ejército y Marina coadyuven en el combate a la delincuencia, pero de manera excepcional, por solicitud y bajo mando civil, y con temporalidad limitada, lo que sería contrario al esquema permanente de intervención federal en las entidades previsto en la ley impugnada.
Eduardo Medina Mora, ex titular de la PGR, advirtió que la ley podría perpetuar el incentivo perverso para que las autoridades civiles sigan evadiendo su responsabilidad de construir un entramado institucional sólido de seguridad pública.
Medina Mora reconoció la disposición de las Fuerzas Armadas para asumir tareas que de origen no le corresponden, reconocimiento al que se sumaron otros Ministros que destacaron la valentía de los militares y la restauración de la paz pública que han logrado en varias regiones.
“Pero estas tareas”, dijo Medina Mora, “han servido de coartada para que los tres niveles de Gobierno eludan su obligación de construcción institucional para la seguridad publica”, asignación para la que no hay atajos y, agregó, podría ser necesaria toda una generación.
Arturo Zaldívar calificó a la ley de fraude a la Constitución, porque si bien dice regular la seguridad interior, en realidad norma la seguridad pública, que es una función prevista para autoridades civiles de los tres órdenes de Gobierno en el artículo 21 de la Constitución.
“En lo mas minino quiero desconocer el trabajo que las Fuerzas Armadas han realizado en bien del Estado Mexicano”, dijo Zaldívar, quien urgió a las autoridades civiles a hacer lo que les toca para tener policías bien preparadas.
Javier Láynez y Alberto Pérez Dayán también rechazaron que exista facultad del Congreso para regular este tema.
“Si la seguridad interior es materia exclusiva de la Federación, ¿por qué se faculta a Estados y Municipios a solicitar la intervención federal, en una materia en la que no son competentes?”, cuestionó Láynez.
La Ministra Piña optó por criticar la forma en que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dispensó todos los trámites y, de un día para otro, impuso la aprobación de la ley, cuyo dictamen fue conocido minutos antes de la sesión por la mayoría de los legisladores.
Luego de las intervenciones de hoy, parece poco probable que el proyecto de Pardo pueda sobrevivir, ya que necesitará el voto de tres de los cuatro Ministros que no han opinado.
Si logra esos votos, el proyecto seguiría vivo, y se discutiría la invalidez de 30 porciones de la ley, como propone Pardo, lo que la dejaría como una norma que difícilmente funcionaría en la práctica.
Si bien la ley fue publicada el 21 de diciembre de 2017, el Presidente Peña Nieto anunció desde entonces que no utilizaría su principal herramienta, las llamadas Declaratorias de Protección a la Seguridad Interior, hasta que la Corte resolviera.
