Perdonan diputados juicio político a un montón de exgobernadores

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Los exgobernadores más cuestionados de los últimos años lograron el “perdón” en la Cámara de Diputados.

La Subcomisión de Examen Previo desechó 109 expedientes de juicio político que estaban congelados desde 2003, debido, principalmente, a que la mayoría de los acusados ya no están en el servicio público o porque ya transcurrió más de un año desde que dejaron el cargo.

Los legisladores abordaron los casos que se quedaron sin resolver desde la 59 Legislatura y subsiguientes legislaturas.

Sólo se abordaron dos casos de la actual 63 Legislatura, el del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y otro contra exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Siguen vigentes los casos contra los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge; o el ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.

Con 12 votos a favor y uno en contra, se votó el acuerdo de resolutivo para cada uno de los casos presentados.

Se trata, entre otras, de las denuncias contra los exgobernadores del PRI Mario Marín, de Puebla; Ulises Ruiz, de Oaxaca; Fernando Moreno Peña, de Colima; Andrés Granier, de Tabasco; José Natividad González Parás, de Nuevo León; Eduardo Bours, de Sonora; Fidel Herrera, de Veracruz; Ivonne Ortega, de Yucatán; Fernando Toranzo, de San Luis Potosí; Fernando Ortega, de Campeche; y Rodrigo Medina, de Nuevo León.

Por el PAN, se desecharon también los expedientes de los exgobernadores Patricio Patrón Laviada, de Yucatán; Marco Antonio Adame, de Morelos; Héctor Ortiz, de Tlaxcala; Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco; Gerardo Octavio Solís, de Jalisco; Emilio González Márquez, de Jalisco; Marcelo de los Santos, de San Luis Potosí, y Guillermo Padrés, de Sonora.

En tanto, de exmandatarios por el PRD se desecharon los expedientes de demandas de juicio político contra Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, ambos exjefes de Gobierno del Distrito Federal; de los exgobernadores Zeferino Torreblanca y Ángel Heladio Aguirre, de Guerrero; y Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas.

También se incluyen demandas contra Miguel Ángel Mancera cuando era procurador de Justicia en el Distrito Federal, entre otros casos.

Otros casos desechados son los juicios contra funcionarios de la Administración de Vicente Fox, como el exprocurador Daniel Francisco Cabeza de Vaca; y los exsecretarios de Hacienda, Francisco Gil Díaz; de Salud, Julio Frenk; de Educación, Reyes Tamez; de Medio Ambiente, José Luis Luege; y de la Función Pública, Eduardo Romero.

Del Gobierno de Felipe Calderón, se desecharon las denuncias de juicio político contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y el exprocurador Eduardo Medina Mora, ahora Ministro de la Suprema Corte.

También los ex Secretarios Javier Lozano, del Trabajo; Patricia Espinoza, de Relaciones Exteriores; Agustín Carstens, de Hacienda; y Salvador Vega, de la Función Pública.

Durante la sesión de trabajo hubo discusión sobre si legalmente tenían la facultad para decidir sobre la prescripción o no de los casos expuestos, pero finalmente se votó el resolutivo.

“El denunciado no puede ser sujeto a un juicio político en razón de que el Procedimiento de Juicio Político sólo puede iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo, y dentro de un año después, en términos de lo establecido en los artículos 114 Constitucional y 9, penúltimo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

“Por lo que al encontrarnos fuera del periodo antes señalado, esta subcomisión se encuentra imposibilitada para iniciar procedimiento respectivo y para entrar al análisis de los presuntos actos u omisiones del entonces servidor público, así como de los elementos que a la denuncia se acompañan”, cita el resolutivo.

Por ello se acordó desechar cada uno de los expedientes presentados, archivarlos y darlos como total y definitivamente concluidos.

La Subcomisión debió sesionar obligada por un apercibimiento del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, debido a que no se había acatado un fallo de 2014 para abordar el juicio político promovido contra el exgobernador de Chiapas, Juan Sabines.

Este caso contra Sabines, surgido de una demanda presentada por el ciudadano Horacio Culebro, será respondido en forma más puntual, a fin de dar respuesta jurídica al Juzgado.

Fuente: Reforma

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