Diputados de la oposición afirmaron que la “imposición” y “mayoriteo” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para otorgar una pensión vitalicia a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como parte de los cambios de la Reforma Política, “es un soborno anticipado” del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y el tricolor a los impartidores de justicia, de cara a las elecciones de 2015 y de 2018. Y se entiende como un pago por adelanto relacionado con el Caso Monex que sigue vigente debe ser resuelto por el TEPJF, dicen.
“Parece un soborno, parece que se está comprando la voluntad de las decisiones en el futuro de impartición de justicia electoral. Mientras a los pobres les daban tarjetitas Soriana con 200 pesos, a éstos se les va a dar una pensión vitalicia que ya me imagino de qué tamaño va a ser”, afirmó en entrevista el Diputado federal Gerardo Villanueva Albarrán, del partido Movimiento Ciudadano (MC).
“Por supuesto que es un premio a su abyección, a su obediencia, a su falta de probidad, a su falta de imparcialidad, hacia su miopía de los rebases de los topes de campaña de Enrique Peña Nieto”, agregó.
En efecto, anoche, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular, y luego de un debate de casi ocho horas, la legislación secundaria en materia política-electoral que, entre otras cosas, expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En lo general el dictamen fue avalado con 381 votos en favor, 62 en contra y 11 abstenciones, y en lo particular con 232 votos en favor, una abstención y 196 en contra, luego de que partidos de la izquierda se reservaron más de un centenar de artículos que fueron rechazados en su totalidad.
Asimismo, durante la madrugada aprobaron el decreto que expide la Ley General de Partidos Políticos, a fin de promover la participación de la sociedad en la vida democrática y contribuir a la integración de los órganos de representación política.
Con 391 votos a favor 39 en contra y 1 abstención el pleno avaló en lo general está ley reglamentaria que forma parte de la reforma político electoral y con 311 votos a favor y 91 en lo particular, luego de que fueron rechazadas alrededor de 20 reservas a varios artículos que hicieron varios diputados.
La iniciativa busca dar cauce institucional a la pluralidad y avanzar en la construcción de un sistema político que no solamente sea respetuoso de las libertades humanas, sino que mejore la condición de vida de la población.
El Partido Revolucionario Institucional y sus partidos satélites, el Verde Ecologista de México (PVEM) y el Nueva Alianza (Panal), ignoraron el rechazo de las bancadas perredista y panista a la modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aprobaron que los magistrados puedan obtener una pensión vitalicia, a pesar de que la oposición denunció que esa decisión fue parte de un “madruguete legislativo”, pues el tema nunca se puso en la mesa de discusiones ni en el Senado de la República ni en la Cámara de Diputados.
Al respecto, el legislador Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó como “un premio anticipado” que el Senado haya dejado abierta la posibilidad de otorgar una pensión vitalicia a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la misma manera que sucede con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
López Suárez es Presidente de de la Comisión investigadora del Caso Monex en la Cámara de Diputados, órgano legislativo que da seguimiento a las denuncias de presunta compra del voto durante el proceso electoral del 2012, mismo que fue calificado por los actuales magistrados electorales quienes validaron el triunfo electoral del actual Presidente Peña Nieto.
“Es un premio y no solamente por lo que pasó en 2012, sino por lo que pueda pasar en las próximas elecciones. Si ya fue polémica esta elección, imagínate con un nuevo INE que no ha sido puesto a prueba su funcionamiento, con la modificación de las instancias electorales a nivel local, con casos que no se han terminado de resolver en el Tribunal, como el caso Monex”, afirmó en entrevista el legislador perredista.
Incluso mencionó que pareciera que se trata de “un pre-pago por evento” del partido en el poder, para asegurar fallos favorables en elecciones futuras, ante lo incierto de la legislación en materia política electoral, aprobada por el Congreso en este periodo extraordinario de sesiones.
Poco antes de finalizar su sesión extraordinaria el miércoles pasado, los priistas en el Senado de la República introdujeron un artículo tercero transitorio para adicionar en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la facultad de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura para determinar, “en su caso, el haber de retiro de los Magistrados de la Sala Superior”, lo que se interpretó como una pensión vitalicia.
Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanis Figueroa, Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, Salvador Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López, ganan 4 millones 206 mil pesos al año, de los cuales 2 millones 601 mil 900 pesos son de sueldos y salarios; 866 mil 353 en prestaciones y 737 mil 718 por concepto de “pago por riesgo”.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estipula la pensión vitalicia de los ministros de la Suprema Corte, misma que anoche fue replicada para los magistrados del Tribunal Electoral, según la reforma aprobada por el Congreso de la Unión.
Artículo 183. Al retirarse del cargo, los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al cien por ciento durante los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo.
Cuando los ministros se retiren sin haber cumplido quince años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior de manera proporcional al tiempo de su desempeño.
En caso de fallecimiento de los ministros durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su cónyuge y sus hijos menores o incapaces tendrán derecho a una pensión equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración mensual que en términos de los dos párrafos anteriores debía corresponder al propio ministro. El cónyuge dejará de tener derecho a este beneficio, al contraer matrimonio o al entrar en concubinato, y los menores al cumplir la mayoría de edad.
“Nosotros consideramos que es un soborno anticipado, que lo que el PRI intenta con esta reforma es comprar magistrados con miras a las próximas elecciones. Nos parece que es una perversidad, porque nunca estuvo en la discusión de la reforma electoral y tampoco este tema forma parte de la reforma electoral”, afirmó Carol Antonio Altamirano, Diputado del PRD.
Un pago por anticipado
Diputados de izquierda intentaron sin éxito deshacer por varios medios lo construido “en lo oscurito” en el Senado y luego aprobado en la Cámara de Diputados, y que los senadores priistas, según dijeron legisladores de la oposición, “metieron por la puerta de atrás”.
Los legisladores dijeron sentirse traicionados por los acuerdos turbios entre el gobierno federal y los senadores de las comisiones unidas del Senado que elaboraron el texto. Por lo que propusieron eliminar este transitorio del conjunto de reformas electorales, pues, además, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no estaba incluida dentro de la convocatoria para instalar el Periodo Extraordinario de Sesiones.
“Quienes aprobaron esto, quienes avalaron esto, están comprando la voluntad de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que actúen a modo de acuerdo de los intereses de quienes les promueven este favor”, explicó en tribuna el vicecoordinador de la bancada del PRD, Diputado Miguel Alonso Raya.
Coincidió con el legislador la petista Lilia Aguilar Gil, quien además criticó que a libre interpretación de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura la posibilidad de otorgar este premio anticipado, de cara a los comicios del 2015 y del 2018.
“Ahora el PRI, PAN y PRD le van a hacer el menudo favor de darles pensiones vitalicias que costarán millones y millones de pesos al erario y que además ni siquiera sabemos en qué se aplican”, afirmó en entrevista la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo.
Los legisladores señalaron que la legislación secundaria en materia política-electoral contiene “insuficiencias”, “algunas inexactitudes” y “contradicciones legales”, como lo asegurara el Senador Javier Corral, desde el lunes pasado.
Si bien las leyes secundarias contienen avances en materia electoral, como la creación del Instituto Federal del Sistema Nacional Electoral, compuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Órganos Públicos Locales Electorales de las 31 entidades federativas, las normas dejan todavía incertidumbres, principalmente en los temas de la fiscalización de campañas y partidos políticos, el prorrateo, o la delimitación de funciones en las elecciones estatales.
Por lo que será necesaria la participación de los magistrados electorales para dirimir futuras diferencias.
“Pareciera que [se trata de]asegurar el control político a través de una prebenda económica hacia los magistrados, avalado por el Estado mexicano, por la mayoría priista. Es muy lamentable”, apuntó el Presidente de la comisión especial Monex, Diputado Roberto López Suárez. La modificación se incluyó sin el conocimiento de los senadores.
Fuente: Sin Embargo
