Por Jorge Carrasco Araizaga
Joaquín El Chapo Guzmán se ha convertido en una pesadilla para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Una vez más, la agenda y los tiempos los está decidiendo el jefe del Cártel de Sinaloa.
Porque se le fugó y lo exhibió ante el mundo o porque le está ganando la partida, o por ambas razones, el gobierno de Peña ha decidido tratarlo como enemigo público y, literalmente, ha soltado los perros carceleros para devolverle la humillación.
Embarcado ahora en una campaña de prensa de la mano de sus abogados defensores, Guzmán Loera descolocó al gobierno mexicano cuando decidió entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, luego de que Peña anunciara en enero, en Davos, Suiza que lo extraditaría en cuanto pudiera.
En respuesta, el coordinador de la defensa legal de Guzmán le dijo al semanario Proceso (edición 2047, del 24 de enero) que Guzmán había considerado la entrega voluntaria desde su primera recaptura en febrero del año pasado y que ya estaba en contacto con un abogado estadunidense para trabajar sobre ese escenario.
El trato que le ha dado el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) ha acelerado la pretensión de Guzmán Loera para negociar con los estadunidenses su extradición voluntaria, sobre todo porque en México no hay ni una sentencia contra él como narcotraficante.
En su historia judicial, publicada también por el semanario, sólo tiene tres condenas a principios de los años noventa. Fue sentenciado por asociación delictuosa, no por narcotráfico. Tiene además 20 sentencias absolutorias en acusaciones de delincuencia organizada, tráfico de mariguana y cocaína, homicidios, entre otros.
Actualmente, además de dos procesos de extradición, tiene 10 procesos penales abiertos. Pero hasta ahora en ninguno se le puede considerar, en definitiva, como narcotraficante. Desde hace más de 20 años la PGR no lo ha podido demostrar.
Con la entrega voluntaria, está latente la amenaza de que a cambio de mejores condiciones carcelarias, menores penas y un pago millonario se convierta en un testigo protegido del gobierno estadunidense y cuente todo lo que sabe sobre la protección que por años le dieron las autoridades civiles y militares no sólo a su organización delictiva.
El Chapo se le está yendo de las manos a Peña porque su gobierno fue incapaz de iniciar lo que en otros países se ha conocido como maxiprocesos. La titular de la PGR, Arely Gómez, estuvo a la altura de una telenovela, como la que armó en torno a la actriz y productora mexicano-estadunidense Kate del Catillo.
Por lo que se ha visto hasta ahora, Arely Gómez ha sido incapaz de armar una investigación comprehensiva, que abarque a todo el entorno del Cártel de Sinaloa. Por el contrario, se ha limitado en engrosar las acusaciones contra El Chapo, dejando de lado a los otros liderazgos de la organización, su estructura económica y su red de protección, tanto en el gobierno como en la sociedad.
La procuradora está absolutamente rebasada porque la PGR tampoco está preparada para emprender un maxiproceso. Tampoco lo hizo en el caso de Iguala y los 43 normalistas desaparecidos.
México, sencillamente, no puede contra el narcotráfico. Y sus gobernantes tampoco lo quieren. De otra manera, ya habrían pedido asistencia internacional.
Comentarios: @jorgecarrascoa
Fuente: Proceso
