Por Ernesto Villanueva
La salud física y mental es un requisito para el ejercicio del poder público en una sociedad democrática. En Proceso ya me he referido a casos de afectación a la salud física de distintos personajes, pero no había tenido la oportunidad de aludir a la mental. Ésta es más compleja, sus problemas no son tan fáciles de diagnosticar y en México persisten tabúes para hablar del tema. Peor todavía, de manera irresponsable se ha estigmatizado al paciente con transtornos mentales por una falta de comprensión del asunto.
No hay duda de que la salud mental debe desintoxicarse del lenguaje y del imaginario colectivo. El problema surge cuando un gobernante tiene un transtorno de esta naturaleza, habida cuenta que su voluntad influye en la sociedad para bien o para mal.
Hoy para nadie es un secreto que el presidente Enrique Peña Nieto tiene un presumible déficit cognitivo y su administración ha sido gravemente desafortunada, ¿Por qué pasa esto? ¿Qué puede haber detrás de un yerro crónico del ejercicio del poder público en un personaje que había transitado por la vida pública sin mayores señalamientos sobre su estado de salud mental?
Existen indicios razonables de que el mandatario tiene transtornos mentales que podrían explicar lo que sucede con su gobierno. Existen, en efecto, algunos elementos que podrían arrojar que el presidente de la República puede padecer de esquizofrenia paranoide. Ésta es un subtipo de la esquizofrenia que han identificado el ICD-10 (la clasificación internacional de las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud) y, de manera más genérica, el DSM-5 (el manual de enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría), que coinciden en definir a esta enfermedad como una alteración del sistema nervioso central. Se caracteriza por distorsiones fundamentales de la percepción, el pensamiento y las emociones.
Es, por supuesto, necesario hacer un análisis clínico multifactorial de EPN para confirmar o descartar un diagnóstico correcto cuyos datos no son accesibles sin la colaboración de EPN. A pesar de ello, tradicionalmente el ICD-10 ha establecido que, al menos, es necesario que concurran algunos de los síntomas de dos grupos, los llamados psicóticos y negativos, entre los que se encuentran delirios como la paranoia, la grandiosidad (en la que el paciente está convencido que es responsable de grandes logros que están sólo en su mente) y la alogia (que implica una disminución de la producción del pensamiento), entre otros síntomas.
Hay varios datos que muestran con creces estos síntomas en el presidente: a) la percepción de que los señalamientos –con datos duros– contra su actuación y su gobierno son resultado de intereses asimétricos que se han puesto de acuerdo para afectarlo. Es lo que en el lenguaje ciudadano se conoce como teoría del complot o de la conspiración; b) parece estar convencido de que no hay interés público alguno en lo que se dice de él en los medios independientes, sino ánimo de venganza; c) todo indica que él está convencido de que las reformas estructurales no funcionan porque existen grandes resistencias e intereses creados en todas partes que impiden su desarrollo, no porque sean incorrectas o desafortunadas; d) el tejido argumentativo de respuestas en un ambiente controlado a señalamientos es errático, incoherente, pero no parece darse cuenta de que es así, como en la más reciente entrevista con Joaquín López Dóriga (y por supuesto nadie de su entorno cercano le va a decir algo por pragmatismo político y porque probablemente Peña Nieto considera que es correcto lo que dice y hace); e) la recurrente confusión de datos (como estados con municipios) muestra un problema de concentración aunado a la ignorancia bajo la cual podría haberse enmascarado la probable enfermedad subyacente; f) la sinergia de su equipo de gobierno puede ser lo que se denomina psicosis inducida (folie à deux) porque internaliza el delirio del enfermo por su disposición a creer y porque ve que puede haber una lógica en la expresión del pensamiento de Peña Nieto.
El gobernante sano tiene un mayor umbral de tolerancia a la crítica, al estrés y a ser exhibido, con razón o sin ella. Eso no sucede con quien tiene antecedentes –eventualmente asintomáticos– de la enfermedad a la que me he referido. Es normal que los juicios negativos afecten a cualquiera, pero hay quienes generan una respuesta anormal de autodefensa que el cerebro canaliza, paradójicamente, a través de una patología como la esquizofrenia paranoide. Esto hace las veces de mecanismo involuntario de evasión.
El punto de quiebre del presidente fue la revelación de la Casa Blanca por Carmen Aristegui y su equipo. Desde ahí no pudo levantarse más y empezó el largo infortunio. Fue lo que se denomina el factor precipitante. Para desgracia de todos es el presidente de la República y, al parecer, se encuentra incapacitado para gobernar, lo que será necesario confirmarlo por un estudio in situ para confirmar el diagnóstico y/o encontrar otro tipo de problemas de salud que generan lo que se denomina comorbilidad (síntomas de una enfermedad que en realidad corresponden no sólo a esa, sino a otra al hacerse un estudio más profundo).
Lo cierto es que una persona con esa presumible fragilidad mental no debe –por él y por la sociedad– seguir gobernando el país.
Insisto de nueva cuenta: debe legislarse que la salud física y mental sea un paso imprescindible para acceder a cargos de representación pública. Sería conveniente incluso que el Poder Legislativo se allegara de los más importantes expertos en la materia, entre los que destaca el ameritado psiquiatra Rogelio Apiquián Guitart, quien es el especialista más reconocido del país y sus áreas de conocimiento incluyen el estudio y la clínica de la esquizofrenia, tema que fue objeto de sus tesis (no plagiadas) de maestría y doctorado en ciencias médicas.
El caso de Peña Nieto ilustra con creces lo que pasa cuando quienes deciden en este país simplemente ven para otro lado. l
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Fuente: Proceso
