Por Epigmenio Ibarra
“El viaje al mal se hace en
pasos pequeños y no en saltos enormes”.
Michael Shermer
Con la impunidad ha de hacerse como con la corrupción: debe combatírsela de arriba para abajo. No solo deben pagar por sus crímenes los responsables materiales de la masacre de Iguala y de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La justicia debe alcanzar también sus cómplices —por acción u omisión— en la Policía Federal y el Ejército. Ante un juez deben comparecer, además, tanto los que —en las más altas esferas del poder— se cruzaron de brazos ante la desaparición de los 43 jóvenes como los que obstruyeron el curso de la justicia y urdieron la mal llamada “verdad histórica”.
No sé a qué hora se informó al entonces presidente Enrique Peña Nieto de lo sucedido en Iguala. Hay quien dice que fue hasta las 7 de la mañana del día 27 y hay fuentes que sostienen que después de ello, sin tomar cartas en el asunto ni convocar a su gabinete de seguridad, simplemente se fue a jugar golf. Lo cierto, sin embargo, es que el jefe del Ejecutivo en lugar de actuar, de decretar la emergencia, como correspondía a un delito de esa magnitud, se cruzó de brazos ante el crimen que habría de herir a la nación, marcar su sexenio y precipitar la caída del régimen. Es preciso y urgente abrir una línea de investigación sobre lo sucedido en Los Pinos en esas primeras horas que siempre son cruciales para encontrar con vida a las víctimas de desaparición forzada.
Muy distinta habría sido la historia si Peña Nieto, entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas, hubiera exigido cuentas claras al secretario de Defensa y éste se hubiera visto obligado a informar que efectivos del 27 Batallón estaban a cargo del C-4 en Iguala y recibieron información minuto a minuto de los hechos y que otros militares, que sí salieron del cuartel esa misma noche, estuvieron en la escena del crimen y fotografiaron y hostigaron a los sobrevivientes.
Muy distinto si, en atención a la enorme gravedad de los acontecimientos y en el ejercicio de su responsabilidad, hubiera exigido al alto mando de la Policía Federal rendir cuentas sobre la actuación de sus subordinados en la zona. Muy distinto si, para intentar salvar vidas, hubiera ordenado que helicópteros del Ejército y la Marina sobrevolaran de inmediato los municipios aledaños y hubiera enviado, desde otros estados, fuerzas federales para desplegar un operativo de búsqueda y rescate.
Preocupado solo por su imagen pública, en el colmo de la banalidad que lo caracterizaba, Peña Nieto, un hombre incapaz de reflexionar como dice Hannah Arendt, no dio la menor importancia a esta desaparición masiva que no tardó en conmover al país y al mundo. A él y a sus secretarios de Gobernación y Defensa, como a su procurador general, les tuvo siempre sin cuidado el destino de los 43 normalistas. Peña nieto, así como el general Salvador Cienfuegos, Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón se cruzaron de brazos, incumplieron con sus responsabilidades, violaron la ley, mintieron a la nación y son, por tanto, corresponsables directos del crimen. Para que haya justicia y verdad para Ayotzinapa y para México, es que Enrique Peña Nieto debe pagar. Ante un juez tendríamos que verlo muy pronto rindiendo cuentas por su negligencia criminal.
@epigmenioibarra
Fuente: Milenio
