Por Ana María Aragonés
¿Qué se puede esperar en el sexenio de Enrique Peña Nieto en relación con la política migratoria? Las primeras declaraciones del coordinador de asuntos migratorios de su equipo de transición, Arnulfo Valdivia Machuca, no son muy alentadoras en lo que al respeto de los derechos humanos de los migrantes se refiere. Señala que en el tema fronterizo tenemos que velar por tener una membrana inteligente que detenga lo malo y deje pasar lo bueno, incluidas las personas. Tenemos que tener un cuidado puntual de los derechos, un gobierno humano para tener un tratamiento de las fronteras, vamos a reforzar las políticas de la integración e internación de los extranjeros.
La primera cuestión será saber qué personas son consideradas como buenas o malas, concepto ciertamente siempre arbitrario. ¿En qué rango se encontrarán los migrantes indocumentados?, ¿serán considerados malos porque no tienen papeles y, por tanto, esa membrana inteligente actuará como repelente?
Otro comentario del mismo funcionario nos da otra señal cuando afirma que se pretende hacer una frontera que funja como membrana inteligente, que logre discernir las posibilidades de tránsito que tienen quienes arriban a México. Para ello se plantea una policía fronteriza y un consulado que funcione las 24 horas del día. Y finalmente insiste en que se instalarían hasta 10 nuevas garitas en la frontera sur de México y crear una patrulla fronteriza similar a la que existe en Estados Unidos.
Aquí ya queda más claro que si el modelo será Estados Unidos, con todo y su Patrulla Fronteriza, es evidente que la política migratoria de Peña Nieto será reforzar, detener, deportar utilizandouna membrana inteligente , es decir, un muro, esa es la palabra real. Ese muro sólo dejará pasar lo que la membrana inteligente quiera, concepto contradictorio, pues un muro es aplicar refuerzo policiaco, lo que no puede hacer gala de semejante virtud.
Y finalmente en la página oficial de Peña Nieto, en el punto seis se lee: En política migratoria daremos un trato a los migrantes en México, como el que exigimos para nuestros paisanos en el extranjero. La realidad es que el gobierno mexicano poco ha exigido en favor de los mexicanos en el extranjero, y si su propuesta es la misma que plantea Estados Unidos, muros, patrullas fronterizas, refuerzos policiacos, etcétera. entonces veremos la profundización de medidas violatorias de los derechos humanos.
Y lo que más preocupa es que no se habla para nada de lo que pasará con el Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular, Alejandro Poiré, acaba de informar que casi 500 agentes migratorios fueron cesados por reprobar las evaluaciones de control de confianza, lo que representa 10 por ciento de la plantilla del instituto. Se detectó que entre los despedidos había agentes con vínculos con organizaciones criminales, tanto locales como de los cárteles más grandes del país, lo mismo del Golfo que Los Zetas. (La Jornada, 23/11). También hay bajas por abuso de autoridad, por no haber acreditado la prueba del polígrafo, por enriquecimiento ilícito, aunque Gustavo Mohar afirma que los procesos penales por delitos graves son relativamente pocos. La pregunta es: ¿a qué llamarán graves? La realidad es que a pesar de la enorme cantidad de reclamos hechos tanto por académicos, ONG, por personas como el padre Solalinde, el padre Raúl Vera y otros, el equipo de transición, que debería ya manifestar una postura, se ha quedado completamente callado.
Inquieta que las madres que conformaron la caravana de desaparecidos recomendaron a Peña Nieto no implementar la misma política migratoria de cuando fue gobernador del estado de México, y en ese tenor se encuentran las declaraciones de Martha Sánchez, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, cuestionando la gestión de Peña Nieto como gobernador de aquel estado, quien cerró albergues y fue la entidad cuya policía era la más extorsionadora, con alta incidencia de secuestros de migrantes y donde proliferaron las casas de seguridad.
Si bien son unas cuantas declaraciones del equipo de transición, nos parece que son suficientes para comprender que la próxima administración será más de lo mismo en política migratoria, es decir, seguirá la impunidad y la violación de los derechos humanos.
Fuente: La Jornada
