Al igual que la administración de Barack Obama en Estados Unidos, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha negado sistemáticamente asilo humanitario a miles de niños que huyen de la violencia en Centroamérica. Los datos son contundentes: en 2013 se aseguró en México a 9 mil 893 menores de edad, de los cuales 50 obtuvieron refugio, se deportó a 8 mil 350 (84% del total de niños) y el resto, mil 493, tendrían familiares con estatus diversos en el país, de acuerdo con Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, publica El Universal.
Por Laura Castellanos
Hace un mes Roque se quiso matar en el albergue para menores fronterizos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tapachula.
El salvadoreño de 17 años plegó la sábana de su cama a manera de cuerda. Un extremo lo sujetó al ventilador del techo, el otro lo amarró a su cuello.
El muchacho que huyó de la violencia de su padrastro y de las amenazas de muerte de pandilleros en su país, al que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) le rechazó su solicitud de asilo en marzo pasado y que sufría bullying en el albergue por su bisexualidad, se colgó del ventilador.
Roque comenzaba a asfixiarse cuando alguien entró a su habitación e impidió su muerte. “Analizando mi vida, ya no quería vivir”, dice en el albergue no gubernamental en el que ahora permanece y del que se omite el nombre.
Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova —en Tapachula—, quien acompaña legalmente al salvadoreño, asegura que su caso ejemplifica la política mexicana de detención y deportación sistemática de menores centroamericanos no acompañados.
Detalla que en 2013 se detuvo en México a 9 mil 893 menores, “de los cuales 50 obtuvieron refugio”, se deportaron 8 mil 350 (84% del total de niños) y el resto, mil 493, tendrían familiares con estatus diversos en el país.
Lorente indica que se desconoce a cuántos de los 7 mil 600 menores centroamericanos no acompañados deportados de México en lo que va de 2014 se les negó un debido proceso de asilo y se les deportó a pesar del riesgo que corrían sus vidas.
Carlos Flores, de la organización hondureña Casa Alianza, que ha participado en el registro de 6 mil 400 menores repatriados de México a Honduras en este 2014, estima que 40%, unos 2 mil 300, migraban solos, y en general se les ocultó información del estatus de refugio.
“Sólo a uno de cada 10 menores le dijeron en México que tenía derecho al asilo”, dice desde Honduras, el principal país expulsor de menores en la región y que, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), tiene la mayor tasa de homicidios del mundo: 90.4 por cada 100 mil habitantes.
El Universal buscó una entrevista sobre este tema con la Comar, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pero no hubo respuesta.
Derechos negados
En un soleado día de julio arriban a San Pedro Sula, Honduras, 12 camiones mexicanos con adultos y 139 menores deportados —de ellos, 12 viajaban solos— al albergue oficial Centro Edén.
El Pew Research Center señala que San Pedro Sula es la capital de homicidios del mundo, con 187 por cada 100 mil habitantes.
Filas de gente maltrecha y hambrienta descienden de los autobuses tras recorrer 12 horas de distancia desde Tapachula.
Un joven largo y callado narra que tomó La Bestia, en Palenque, pero se aventó del tren por un ataque de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) y se entregó a los oficiales migratorios.
Relata: “Llegando a Coatzacoalcos los mareros pararon el tren; yo y otros cuatro chavos saltamos y nos metimos en los matorrales”.
Lo tuvieron detenido dos días en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, la más grande de Latinoamérica, y lo repatriaron.
Flores precisa que mientras en Estados Unidos cada menor que migró solo pasa con un juez migratorio, en México “mientras más rápido se le deporte, mejor”, sin que haya “un estudio para saber si el niño en realidad puede volver a su país”.
Especifica que 80% de los 2 mil 300 menores deportados de México huyeron de la violencia intrafamiliar y/o pandilleril. Y que si bien tenían como destino principal Estados Unidos para resguardarse, su segunda opción era México.
Jaime Flores, director de Casa Alianza, puntualiza que “de enero a junio 440 niños y jóvenes han sido asesinados” en Honduras.
La dimensión del desplazamiento forzado por el crimen en ese país se expresa en el número de autobuses mexicanos con deportados.
Carlos Flores dice, por su lado, que en 2013 llegaron a su país un promedio semanal de ocho de estos camiones en jornadas de dos días. Pero desde mayo de 2014 el número oscila entre 15 y 26 unidades semanales en jornadas de tres días.
No quiere volver a casa
Roque cumplió cabal su plan de fuga de El Salvador que, de acuerdo con la ONU, tiene el cuarto lugar de homicidios en el mundo: viajar solo a México, ir con autoridades migratorias y solicitar asilo.
El adolescente llegó a Tapachula en diciembre de 2013 y al tercer día se presentó en las oficinas locales de la Comar y pidió refugio. “Yo llegué llorando, destruido”, dice.
Narró a la Comar las agresiones del padrastro que provocaron que un hermano suyo se fuera de casa y se sumara a la MS, quizá la pandilla más grande y sanguinaria de América. Por esa razón, contó, el grupo rival, Barrio 18, similar en alcances a la MS, a él, que era estudiante, lo amenazó de muerte.
La Comar lo remitió al albergue de puertas cerradas del DIF en Tapachula. Su proceso duró tres meses y la dependencia le negó asilo tras comunicarse con la madre de Roque en San Salvador y saber que si volvía era bienvenido en casa.
“No me quiero regresar, si regreso, tarde o temprano van a llegar [los ‘mareros’]a la casa o cuando vaya a la escuela, ese es mi miedo”, dice.
Lorente cuestiona la llamada telefónica a la madre: “Eso está totalmente prohibido, lo pusieron en riesgo porque nadie debe saber dónde está”. Interpusieron un amparo contra la resolución porque la Comar, afirma, desestimó la violencia intrafamiliar y la homofobia sufrida.
El activista destaca que aumentó el flujo LGTTB (Lésbico, Gay, Transexual, Trasvesti, Bisexual) que huye de la violencia centroamericana hacia México, pues su organización lleva tres casos más de menores de ese colectivo “a los que también se les negó el refugio”.
En manos del DIF
Roque permaneció los seis primeros meses de 2014 encerrado en el albergue del DIF de Tapachula, lapso en el que, dice, se escaparon tres menores por los malos tratos y las condiciones deplorables del lugar, que tiene un presupuesto anual de 3 millones de pesos.
Según el artículo 112 de la Ley de Migración, a todos los menores migrantes no acompañados el Instituto Nacional de Migración (INM) los debe canalizar al Sistema DIF “con el objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada”.
El salvadoreño señala que el albergue está deteriorado y sucio, no cuenta con agua potable, “salen gorgojos del arroz y los frijoles”. Tampoco tienen actividades y el trato del personal es de indiferencia total. “Sufrí bullying”, asegura. “Muchas veces me golpeó un sujeto. Se lo dije a la coordinadora, a la sicóloga, al doctor, y no hicieron nada”.
Comenta que además se les encierra y deja a su suerte de las 20:00 a las 8:00 horas en habitaciones individuales o dobles. Una noche tuvo una infección estomacal y pidió ayuda a gritos, pero lo socorrieron hasta el otro día.
Tras su intento fallido de suicidio, el DIF lo trasladó de inmediato, sin permitirle de entrada sacar sus pertenencias, al Centro Fray Matías.
Beatriz Álvarez, titular de la Procuraduría de la Familia y Adopciones del Sistema DIF-Chiapas, rechaza las acusaciones.
“No es la primera vez que cuando salen del albergue se quejan pensando que a lo mejor al victimizarse se puede contrarrestar con la autoridad migratoria (sic)”, replica.
De los escapes de los tres menores señala: “No tengo el dato administrativo, pero lo dudo mucho”.
EL UNIVERSAL, sin embargo, contactó a uno de los tres fugados, un hondureño de 16 años, de actitud reservada, que sólo duró un día en el albergue porque “no me gustó”.
La procuradora precisa que Roque no tuvo uno, sino dos intentos de suicidio. “Tiene una depresión marca diablo porque tenía la ilusión de quedarse como refugiado y Comar le negó esa condición”, dice.
Correr de México
En el albergue del DIF en Tapachula, tres hermanos salvadoreños —dos niños de 14 y nueve años, y una niña de cinco— lucen desaliñados, deprimidos, recelosos.
Las instalaciones del centro están descuidadas: no hay agua potable, hay ventanas rotas, muebles desvencijados, paredes derruidas y ropa sucia arrinconada.
El Universal es el único medio que ha ingresado al refugio gubernamental en el que hay 48 albergados: 15 madres de familia y 33 menores, cuatro de los cuales son migrantes no acompañados, los tres hermanitos y un adolescente.
El niño de 14 años dice que sus familiares le pagaron a un coyote para que los llevara con su mamá a Estados Unidos porque la MS extorsionó a su abuelo con 10 mil dólares “o si no iban a matar a uno de nosotros”. Oficiales migratorios los detuvieron en Veracruz y hace tres semanas los remitieron al albergue donde, externan, no se les ha facilitado hablar por teléfono con sus familiares.
Por ningún motivo quieren solicitar refugio en México, dice el mayor: “No quiero quedarme, la verdad aquí no me gusta. En veces me da tristeza y pienso que me quiero matar yo mismo, y me pongo a orar y le pido a Dios que me calme porque yo me quiero ir a mi país”.
Esta tragedia infantil se ahonda en México.
Fuente: El Universal
