Enrique Peña Nieto dejará su cargo presidencial con un vergonzante estigma de corrupción. Mancha que también lleva a cuestas una parte de su familia, colaboradores cercanos y hasta sus antiguos compañeros del PRI.
Por Arturo Rodríguez García/ Proceso
Si bien fracasó en el combate a la pobreza y en la batalla contra la violencia y la inseguridad, en el fortalecimiento de la presencia de México en los foros internacionales, en desarrollo económico y en la implementación de sus reformas estructurales, tuvo en cambio un éxito incontrovertible en materia de corrupción. Y ni se diga en materia de impunidad.
Y aparentemente se va sin preocupaciones, ante el ofrecimiento de perdón, el “punto final” que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció en 2016 y ratificó el lunes 19. Una postura que ha indignado a diversos sectores de la sociedad.
No obstante, Irma Eréndira Sandoval ataja el cuestionamiento.
En entrevista con Proceso, la futura secretaria de la Función Pública sostiene que se va a combatir absolutamente toda la corrupción e impunidad mediante dos subsecretarías. La primera trabajará en fiscalización, auditoría y controles preventivos tradicionales. La segunda buscará erradicar la impunidad y se centrará en fincar responsabilidades administrativas y las sanciones necesarias.
“Serán como nuestros mástiles. Y eso significa un finiquito a la impunidad. El mensaje es claro y prístino: habrá justicia y se va a procurar un cierre claro de todos los expedientes abiertos”, afirma.
Cimientos de corrupción
Prácticamente no hubo un año en el que el entorno de la Presidencia de la República no detonara un escándalo de corrupción. En 2014 Peña Nieto vio el fin de su credibilidad con el reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, realizado por el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui y publicado de manera conjunta con este semanario.
La revelación periodística expuso el conflicto de interés entre la administración de Peña Nieto y el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú al construir una residencia en Lomas de Chapultepec, uno de los sectores más exclusivos de la Ciudad de México, al gusto de la pareja presidencial. Se trata del inmueble que Angélica Rivera, esposa del mandatario, presumió en una revista de sociales.
La investigación fue el inicio de otras revelaciones: el entonces secretario de Hacienda, el actual canciller Luis Videgaray, obtuvo del mismo empresario una casa en Malinalco, Estado de México, y Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico, de igual manera se hizo de un inmueble en Lomas de Chapultepec que Peña utilizaba como oficina.
Los escándalos causaron daños colaterales, como la cancelación de uno de los megaproyectos que Peña Nieto anunció desde su campaña presidencial: el tren México-Querétaro. Entre los contratistas de la obra se encontraban precisamente Hinojosa y empresas chinas que después demandaron al gobierno de México; un asunto del que, por cierto, poco se ha informado, pues no se ha dado a conocer si hubo daño patrimonial ni el motivo real de la suspensión del proyecto ya licitado.
En un video, Angélica Rivera intentó explicar –molesta, contrariada, insegura– que sus ingresos le permitieron adquirir la Casa Blanca. Sin embargo, la presión de la opinión pública y el eco internacional del caso obligaron al mandatario a que el 3 de febrero de 2015 designara a su excolaborador Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública.
En su toma de protesta al cargo, a Andrade se le ordenó la investigación de este asunto, pero acabó exculpando a su jefe y cerró el caso en agosto de 2015.
Este es un fragmento del reportaje especial que está disponible en el número 2195 del semanario Proceso
