Peña, ahora como líder del PRI

Por Héctor Tajonar

Ante el fracaso de su gobierno, Enrique Peña Nieto ha retornado con ímpetu triunfalista a lo que mejor sabe hacer: la oratoria de campaña. Como si ello sirviera para hacerle olvidar el rechazo del 90 por ciento de la población a su mandato. Como si el autoelogio exaltado pudiese paliar el hartazgo ciudadano a la cleptocracia exhibida como virtud pública. Como si la política del engaño fuera capaz de borrar la ira y el sufrimiento causados por la violencia criminal o por las fuerzas del Estado encargadas de combatirla.

Malogrado como jefe de Estado y de gobierno, el mandatario se ufana en el papel de líder de su partido y promete victorias en los comicios para gobernador en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, tras haber perdido siete de las 12 gubernaturas en las elecciones del año pasado, cuatro de ellas en estados donde el PRI había gobernado durante 86 años: Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

Es dudoso que un presidente débil e impopular pueda frenar el declive electoral de su partido sin recurrir a las trampas en las que son especialistas. La pericia del PRI para cometer delitos electorales y mantenerlos impunes forma parte de la estructura genética de ese partido. Dicha destreza se ha sofisticado para facilitar la compra del voto, el rebase de gastos de campaña, así como la utilización ilegal de medios de comunicación y de las nuevas tecnologías de la información, entre otras triquiñuelas.

La comisión de delitos electorales mediante el uso indebido de recursos públicos puede operarse a través de la Secretaría de Desarrollo Social, cuya función es atender a los sectores menos favorecidos de la población, donde se encuentra buena parte del voto duro del expartido de Estado. Por ello resulta preocupante que la Sedesol –encabezada ese año por Rosario Robles y por José Antonio Meade– haya desviado mil 787 millones de pesos en 2015 de acuerdo con las verificaciones financieras realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (Proceso 2103).

El informe de la ASF también revela el fracaso del gobierno federal en el combate a la pobreza: 55.3 millones de personas pobres no fueron atendidas adecuadamente por la Sedesol. Además, la Cruzada Nacional Contra el Hambre sólo sirvió al 60% de la población que padece pobreza alimentaria y descuidó a 2 millones 467 mexicanos en situación de miseria.

El actual titular de la Sedesol, Luis Miranda –uno de los amigos más cercanos del presidente Peña Nieto– reveló su ignorancia y desinterés en la responsabilidad que le confirió su jefe, con la siguiente declaración: “Nos dicen a nosotros en el 2013 (que) tenemos 7 millones de pobres en pobreza alimentaria, entonces (sic) no nos dicen dónde están, tenemos que buscar dónde están esos pobres en carencia alimentaria” (Proceso, 7/III/17).

Resulta obvio que el mandatario no nombró a su cuate como titular de la Sedesol por su conocimiento y sensibilidad para combatir la pobreza que padece la mitad de la población del país. ¿Por qué lo hizo entonces? Puede colegirse que para operar electoralmente con los recursos de la secretaría a favor del PRI en los comicios de este año y, sobre todo, en los de 2018. Eso sí lo debe hacer muy bien el señor Miranda. (No lo sé de cierto, lo supongo, diría Sabines).

Interrogado acerca de los frecuentes viajes de algunos subsecretarios del ramo al Estado de México, a tres meses de los reñidos comicios en el terruño presidencial, el titular de la Sedesol respondió: “(En esas fechas) la piel es mucho más sensible… lo que pasa es que la gente piensa que estamos todo el tiempo en el Estado de México y no es así.” ¿De veras?

Por primera vez en más de ocho décadas es probable que el PRI pierda la gubernatura del Estado de México. Además, el resultado de esa elección podría prefigurar el de 2018. Otro dato: El pasado 24 de enero, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que el exgobernador de Veracruz Javier Duarte –hoy prófugo de la justicia, con la venia de alguien interesado en su silencio– utilizó recursos de programas sociales para favorecer al PRI en las elecciones de 2013. Son los usos y costumbres del clientelismo electoral creado y practicado con denuedo por el partido del presidente. Saque usted sus propias conclusiones.

El voto duro del tricolor se ha reblandecido y su caballada para la grande está raquítica. Muy difícilmente alcanzaría por sí solo el 30% de la votación en 2018 con cualquiera de sus presidenciables, y lo más probable es que se mantenga en el tercer puesto, donde lo ubican hoy la mayoría de las encuestas.

De acuerdo con la más reciente de El Economista y Mitofsky (9/III/17), sin alianzas Miguel Ángel Osorio Chong obtendría 16.6% del voto, Eruviel Ávila 15.4 y Manlio Fabio Beltrones 14.5%. El nivel de conocimiento del resto de los suspirantes es menor que el de los tres mencionados. De acuerdo con un sondeo de Parametría, a Luis Videgaray sólo lo conoce el 31% del electorado, a José Antonio Meade el 12 y a Aurelio Nuño el 10% de los votantes.

En casi todas las encuestas los punteros son Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala de Calderón. De acuerdo con el sondeo más reciente de El Financiero, en marzo de 2016 AMLO tenía 28% y MZC 24%, empatada con Osorio Chong. En febrero de este año, la misma encuestadora ubica a AMLO con 33%, a MZC con 27 y a MAOCH con 20%, lo cual confirma al PRI en el tercer lugar de las preferencias electorales, por debajo de Morena y el PAN.

En el proceso electoral de 2018 competirán nueve partidos políticos: PRI, PAN, PRD, Verde, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza y Encuentro Social. Además, participará un número aún no determinado de candidatos independientes. Ahora se mencionan por lo menos ocho, a los que habría que agregar a quienes decidan participar como independientes si no resultan ser los candidatos de sus respectivos partidos.

También falta conocer las alianzas. Lo que ahora se vislumbra es una multiplicación de las opciones electorales y una fragmentación de las izquierdas. Ganar con menos de una tercera parte del voto ciudadano representaría un grave reto de gobernabilidad que podría mitigarse mediante la segunda vuelta o el gobierno de coalición.

Fuente: Proceso