El presidente Obama ha encargado al Departamento de Seguridad Nacional que revise la aplicación actual de las leyes de inmigración para estudiar si se pueden implementar “de una manera más humana”. La decisión ha sido anunciada por la Casa Blanca después de una reunión del mandatario con tres líderes del Caucus Hispano del Congreso y representa la esperada respuesta de Obama a las duras críticas que ha recibido en las últimas semanas por su récord de deportaciones.
“El presidente ha insistido en su profunda preocupación por el dolor que sienten demasiadas familias ante las separaciones que provoca un sistema de inmigración fallido”, asegura el comunicado emitido por la Casa Blanca tras el encuentro este jueves. Obama también ha trasladado a los legisladores demócratas Xavier Becerra, Luis Gutiérrez y Rubén Hinojosa -todos defensores de los intereses de los inmigrantes- que quiere trabajar con ellos para mantener la presión sobre los republicanos a favor de la reforma.
Si Obama emplea su poder ejecutivo para modificar el reglamento de las deportaciones habrá cumplido uno de los grandes deseos de la comunidad hispana. En las próximas semanas, Estados Unidos alcanzará los dos millones de indocumentados que han sido deportados del país desde la llegada del demócrata a la presidencia. La cifra es superior a la de sus predecesores, George W. Bush y Bill Clinton, y ya ha puesto en riesgo el apoyo de la comunidad hispana al presidente, que incluyó la reforma migratoria entre sus promesas de campaña en 2008 y 2012.
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la mayor organización hispana del país, puso este alejamiento en palabras cuando describió recientemente a Obama como “deportador en jefe” -en alusión a su cargo de Comandante en Jefe. Entre los casi dos millones de deportados hay numerosos indocumentados que son padres de niños estadounidenses, separados ahora de sus progenitores.
La crisis de las deportaciones, reconocida por el presidente mismo en numerosas ocasiones, ha sido uno de los argumentos a favor de la reforma migratoria estos últimos años. Organizaciones como NCLR han alertado en numerosas ocasiones de las consecuencias de esta separación y han pedido a Obama que utilice su poder ejecutivo para poner fin a las deportaciones.
El presidente siempre se ha negado, argumentando que las leyes son competencia del Congreso. Sin embargo, el pasado 28 de enero, Obama utilizó su discurso sobre el Estado de la Unión para advertir al Partido Republicano que estaba listo para firmar órdenes ejecutivas si no accedían a negociar las propuestas demócratas. La comunidad hispana estaba escuchando y ahora presiona a Obama. Si puede firmar esas órdenes en otros ámbitos, ¿por qué no puede parar las deportaciones?
Uno de los aliados del presidente en materia de inmigración, Charles Schumer, declaró la pasada semana que Obama debería firmar esa orden en septiembre si la reforma no llegara antes. El senador demócrata, miembro del ‘Grupo de los Ocho’ que negoció la normativa aprobada en junio de 2013 con apoyo de los dos partidos, defiende que Obama debería ‘perdonar’ a aquellos indocumentados que cumplirían los requisitos establecidos la nueva ley, excepto a quienes hayan cometido crímenes o entraron en el país después del 1 de enero de 2012.
Schumer respondió así a una campaña lanzada por la organización United We Dream en la que los dreamers -‘soñadores’, como se conoce a los jóvenes indocumentados- presionan a políticos cuya voz puede cambiar el destino de la reforma. Antes que el demócrata, los senadores Bob Menéndez y Dick Durbin, también del Grupo de los Ocho, cedieron para pedir que Obama actúe para impedir nuevas expulsiones.
El representante Luis Gutiérrez, aspirante a lograr una coalición similar en la Cámara de Representantes, lamentó esta semana que el movimiento a favor de la reforma no haya logrado una coalición tan agresiva, ni tan diversa, como la que ha logrado numerosos avances para los derechos de los homosexuales. El próximo mes de abril, varias agrupaciones convocarán una gran marcha en diferentes ciudades de todo el país para pedir al presidente que ponga fin a las deportaciones.
El senador Menéndez se ha unido a los más críticos con la tasa de deportaciones, que califica de “innecesarias” y una “tragedia”. Obama alega que tiene las manos atadas y que debe esperar la iniciativa del Congreso, pero su estrategia amenaza con envenenarse. El presidente Obama apostó en 2009 por dos vías paralelas hacia la reforma: en el ámbito legislativo, pidió a la Cámara de Representantes y al Senado que trabajaran en una nueva legislación para reformar completamente el sistema; en el ejecutivo, impulsó la aplicación de las leyes de inmigración existentes.
Seis años después, las consecuencias de la falta de iniciativa legislativa y el cumplimiento de unas normativas obsoletas han hecho que la Administración bata récords históricos de deportaciones y sin que haya una promesa de reforma a la vista. El presidente no ha logrado convencer a los republicanos de que, por un lado, el sistema actual no funciona y, por otro, sí pueden confiar en él para aplicar las leyes que aprueba el Congreso.
El ala más conservadora del Partido Republicano ha defendido en las últimas semanas que no pueden fiarse de que Obama vaya a aplicar las leyes que aprueba el Congreso, justificando sus sospechas por los recientes cambios a la reforma sanitaria. La lealtad al sistema de inmigración actual debería haber servido de antídoto contra esa desconfianza, tal y como pareció apostar la Administración demócrata desde el principio. No ha sido así. Y la llegada del deportado número dos millones, una cifra simbólica con grandes consecuencias políticas, puede acarrear un precio mucho más alto para el presidente que para los republicanos.
Fuente: El País
