En la recta final de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo domingo, el presidente del gobierno en funciones y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, cometió un error garrafal que desató la furia no sólo de los partidos de oposición, sino también del conjunto del aparato judicial. En una entrevista radiofónica, Sánchez aseguró que la Fiscalía General del Estado “depende” y “recibe órdenes” del gobierno, además lo afirmó en alusión al proceso de extradición abierta contra el ex presidente de Cataluña. Carles Puigdemont, refugiado en Bélgica desde hace dos años.
Cuando todos los sondeos advierten de un estancamiento del PSOE y de que habría un empate técnico entre los bloques de la derecha y la izquierda, el aspirante a ser el candidato más votado, Sánchez, hizo esas declaraciones que además de provocar una catarata de críticas en su contra también puso en riesgo las peticiones de entrega de cuatro dirigentes catalanes cursadas por la justicia española a otros Estados europeos. De hecho unas horas después de las declaraciones de Sánchez, la justicia británica denegó la entrega de la ex consejera Clara Ponsatí por “desproporcionada”.
En una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), Sánchez afirmó que la Fiscalía “depende” del gobierno y que ha sido precisamente su gobierno el que ha estado al frente de la reactivación de las órdenes de entrega contra los líderes independentistas, haciéndolo a través de los fiscales. Una declaración que pone en entredicho el funcionamiento de la justicia y del propio aparato judicial.
El “error” de Sánchez provocó un profundo malestar en el seno de las asociaciones de fiscales, que emitieron sendos comunicados en los que le acusan de “verter sombras de sospecha de interferencia del poder Ejecutivo”.
Desde Cataluña, el movimiento independentista utilizó las palabras de Sánchez para insistir en que en el Estado español “no hay separación de poderes” y la “justicia está al servicio del poder”, además de reiterar que la justicia española carece de “garantías e imparcialidad”.
Sánchez, lejos de rectificar, publicó un mensaje en las redes sociales matizando sus palabras e insistiendo en que el gobierno hará todo lo posible para que Carles Puigdemont comparezca ante los tribunales españoles para responder por su actuación durante la declaración unilateral de independencia fallida de octubre del 2017.
De hecho, en el cierra de esta campaña electoral, el tema recurrente es precisamente la crisis catalana, con todas sus aristas; desde la situación de ebullición social con episodios de violencia en sus calles, como la eventual liberación de los políticos independentistas presos que fueron condenados a penas de hasta 13 años de cárcel y, por supuesto, la forma de encausar el conflicto para recuperar la normalidad en la región.
Precisamente el que en teoría sería el aliado preferente del PSOE en un escenario postelectoral, Unidas Podemos (UP), su líder, Pablo Iglesias, tildó de “locuras” el plan de Sánchez en Cataluña e incluso ridiculizó algunas de sus propuestas, como la de traer a España al ex presidente Puigdemont. “Alucino porque propuso dos locuras. Y que diga como va a traer a Puigdemont a España. En un helicóptero con los GEOS (cuerpo de élite del Ejército), con Pedro Sánchez descolgándose en Waterloo y montado al helicóptero a Puigdemont”. A juicio de Iglesias, la estrategia de Sánchez es “contentar a la derecha” para un futuro acuerdo de gobierno en el que se asiente una política dura y agresiva con el independentismo catalán. Lo que además alejaría un posible pacto entre fuerzas progresistas.
Fuente: La Jornada
