Por John M. Ackerman
El Viacrucis del Migrante encabezado por el padre Alejandro Solalinde ha tenido la enorme importancia de visibilizar las constantes agresiones que sufren nuestros hermanos y hermanas centroamericanos en su paso por México. Como Martin Luther King Jr., con sus marchas de Selma a Montgomery, Alabama, para exigir el respeto al voto de los afroamericanos en los Estados Unidos en 1965, Solalinde hoy también actúa en defensa de los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables.
Todos los mexicanos deberíamos solidarizarnos con nuestros vecinos latinoamericanos. Debe detenerse inmediatamente la inaceptable persecución, extorsión y expulsión de migrantes tanto por agentes gubernamentales como por integrantes del crimen organizado. En lugar de hacer el trabajo sucio a Washington, el Estado mexicano tendría que permitir el paso libre por el territorio nacional.
La Constitución nos otorga a todos el derecho al libre tránsito. “Toda persona tiene derecho para… viajar por su territorio… sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”, señala el artículo 11. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, anuncia el artículo 15.
Asimismo, la Ley de Migración establece como principio fundamental la “hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional”. Y el artículo 76 de la misma norma indica que las autoridades en ningún momento “podrán realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes”.
En México los extranjeros cuentan con los mismos derechos civiles que los nacionales. Tanto el cerco policiaco al albergue Hermanos en el Camino como el constante acoso por las autoridades gubernamentales al Viacrucis violan flagrantemente el marco jurídico nacional.
Cada año el gobierno invierte cantidades millonarias de recursos para promover el turismo y la inversión extranjera en México. Y cuando los extranjeros económicamente privilegiados de Europa y los Estados Unidos nos visitan gozan de la enorme hospitalidad y apertura al exterior que caracterizan al generoso pueblo mexicano.
Nuestros hermanos y hermanas centroamericanos que buscan trabajo para ganarse la vida al otro lado del Río Bravo merecen el mismo trato y atención. “Por mi raza hablará el espíritu”, señala el sabio lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos los pueblos de América Latina compartimos una historia similar y deberíamos apoyarnos en la lucha común por la justicia social.
Lo ideal sería poder ofrecerles en México a todos los centroamericanos que lo necesitaran trabajo, alimentación, vivienda, salud y educación. Su gran fuerza de trabajo podría generar grandes ganancias para todos. Lamentablemente, décadas de políticas neoliberales impulsadas por el PRI y el PAN al servicio de Washington han dejado nuestra economía en ruinas. Pero lo que sí podemos hacer es por lo menos echarles una mano a nuestros vecinos en su búsqueda de una mejor vida para sus hijos.
Un gobierno mexicano democrático y comprometido con el bienestar social convertiría todos los centros de revisión y de detención para migrantes en cómodos albergues para recibir, alimentar y permitir descansar a los dignos viajeros en su camino hacia el norte. Aquella transformación no solamente sería una gran acción humanitaria, sino que también implicaría un importante ahorro en el gasto público, ya que es más económico gastar en camas y cocineros que en celdas y policías.
Tristemente, la realidad es precisamente lo contrario. La semana pasada, un ciudadano grabó la llegada al territorio nacional de cientos de nuevos vehículos militares provenientes de los Estados Unidos (véase http://ow.ly/LHJHg), como si se estuviera preparando una invasión. El gobierno mexicano también recientemente compró de Washington 18 nuevos helicópteros militares Blackhawk fuertemente armados. Y Miguel Ángel Osorio Chong ya estudia la posibilidad de utilizar la Gendarmería Nacional para resguardar las instalaciones de las empresas mineras extranjeras.
En este contexto llama poderosamente la atención la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permiten a los agentes de los Estados Unidos portar sus armas en el territorio nacional. Ahora los policías estadunidenses podrán matar a mexicanos a sangre fría no solamente al norte de la frontera, como Antonio Zambrano, Rubén García y un indigente en Los Ángeles, sino también directamente en el territorio nacional.
Con su tradicional malinchismo, quien fue secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, ha señalado que “tiene más miedo a un policía municipal de Iguala que a un oficial extranjero”. Lo que no menciona el senador es que los policías municipales ya se encuentran armados por y bajo el mando de los extranjeros. A la postre, el verdadero responsable por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa sería precisamente la estrategia de represión y “guerra contra las drogas” impuesta al gobierno mexicano por Washington. Solamente con la solidaridad y el trabajo en conjunto entre los pueblos y las naciones latinoamericanos podremos caminar hacia la paz con justicia social.
Twitter: @JohnMAckerman
Publicado en Revista Proceso, No. 2007
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