Este domingo 1 de octubre, Graco Ramírez cumple cinco años de haber asumido el gobierno de Morelos.
Por Jaime Luis Brito/ Proceso
En condiciones normales, como ha hecho cada año, se habría organizado una enorme fiesta que incluiría miles de acarreados, jolgorio, besamanos, loas y un enorme derroche de recursos.
No obstante, el sismo del pasado 19 de septiembre le explotó en la cara al perredista, quien se ha convertido, junto con su esposa Elena Cepeda, en el blanco de la irritación de la sociedad de Morelos y del país.
La decisión de concentrar y embodegar la ayuda humanitaria que la sociedad civil envío desde las primeras horas a la entidad para apoyar a los damnificados, lo convirtieron en uno de los personajes más aborrecidos por su acción contraria a la lógica social: frente a la tragedia la solidaridad y no la mezquindad.
Y es que Morelos es uno de los estados con mayores afectaciones por el sismo. Su cercanía con el epicentro, en los límites con Puebla, provocó que los 33 municipios registraran afectaciones, pero con mayor énfasis en aquellos que se encuentran al sur de la entidad.
Jojutla es la localidad con más muertos y mayores daños, pero hay otras como Tepalcingo, a unos kilómetros del epicentro, donde prácticamente afuera de todas las casas hay letreros que indican que tienen afectaciones estructurales que las hacen inhabitables.
Hay más de 20 mil viviendas afectadas, la mitad de ellas deberán ser demolidas, y el número de personas damnificadas aún no queda claro.
Quienes padecieron un daño directo son incontables, pero las afectaciones llegan a otros de forma indirecta, como los comerciantes, que perdieron sus hogares o los campesinos que no sólo vieron afectados sus cultivos, si no también sus cadenas productivas.
Muestra de ello es la destrucción, a consecuencia del sismo, del molino arrocero en Jojutla, del que dependen cientos de productores y sus familias; así como los ingenios azucareros.
Pero el periodo de emergencia todavía no termina. A las miles de víctimas del sismo se suman aquellas que ha creado el sistema económico a lo largo de estos años y que, aunque no hallan sufrido afectaciones en lo poco que tienen, de todos modos han visto en la asistencia surgida de la solidaridad una oportunidad para paliar algunos de los efectos de la pobreza extrema.
En el camino entre Amayuca y Tepalcingo, en el oriente de Morelos, por ejemplo, un grupo de personas ha salido de su comunidad, Amacutlapilco, y se ha instalado en el camino, donde exhibe cartelones pidiendo ayuda. A los habitantes de esa comunidad no les afectó tanto el sismo como el neoliberalismo que los ha marginado de toda posibilidad de bienestar.
Y que el PRD sea gobierno en Morelos no ha cambiado el incremento de los niveles de pobreza en la entidad. Más bien, al contrario.
Entre 2012 y 2014, los primeros años del gobierno de Graco Ramírez, la pobreza aumentó en más de 150 mil personas, lo que representa casi el 10 por ciento de la población total.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el porcentaje de población en situación de pobreza pasó de 45.5 por ciento en 2012 a 52.3 por ciento en 2014, y aunque bajó a 49.5 por ciento en 2016, hasta el momento, el gobierno perredista en lugar de superar la pobreza, como prometió en campaña, en realidad impuso esa condición a más de 122 mil personas.
Frente a esta realidad y a las miles de personas que han quedado en situación de carencia absoluta con el sismo, la decisión de Graco y Elena de almacenar la ayuda en lugar de ponerla a disposición de la sociedad civil para su distribución, desató la ira popular y los convirtió en centro de las críticas, las rechiflas y hasta las mentadas de madre.
Las escenas de miles de jóvenes guardando sus móviles y movilizándose para solidarizarse con los afectados en cualquier trinchera, contrastaron con las de quienes tenían 90 toneladas de ayuda en una bodega, y peor aún, utilizaron a lo largo de varios días a la policía para perseguir camiones y prácticamente confiscar la solidaridad de miles de mexicanos con los morelenses.
Los frentes abiertos
Pero los reclamos vienen de lejos. Los agravios del gobierno de Graco Ramírez a todos los sectores sociales son muchos. En estos cinco años de gobierno, el tabasqueño se ha peleado con todo el mundo. Tiene frentes abiertos con sus antiguos compañeros de lucha, viejos militantes de la izquierda, pasando por los empresarios, abogados, organizaciones civiles, feministas, universitarios, la Iglesia, transportistas, pueblos en resistencia, en fin, prácticamente todos los sectores.
Al aumento de la pobreza, se suman el colapso de la económica, la inseguridad que se incrementó, la persecución a la UAEM, las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, la corrupción –que lo ha convertido en millonario… Y también, desde 2015, el reclamo de que no gobierna.
Más bien anda en campaña, primero soñando en ser candidato presidencia, y ahora, apoyando a su hijastro, Rodrigo Gayosso Cepeda, que está presto a sucederlo de ganar en la gubernatura en 2018.
Por ello, el martes, cuando ocurrió el sismo, Graco Ramírez se encontraba en Nayarit, para llevar a cabo actividades del Frente Ciudadano por México, registrado hace unas semanas por el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano.
Desde allá tuvo que regresar para intentar coordinar las acciones del gobierno en respuesta a la tragedia. Sus ausencias son reiteradas. Así fue también cuando ocurrió lo del socavón del Paso Exprés, entonces estaba en Nuevo León. A partir del martes 19, ha realizado recorridos todos los días, por distintos lugares, y sólo ha encontrado reclamos de la ciudadanía. Sólo cosecha lo que sembró.
El miércoles, durante la primera visita de Enrique Peña Nieto por Morelos, Graco acudió a Jojutla, el lugar con mayores afectaciones.
El presidente salió ileso. El tabasqueño intentó capitalizar la visita, pero cuando se dirigían al primer cuadro, un grupo de universitarios lo increparon por la falta de recursos: “Regrésale el dinero a la UAEM, ¿dónde está el dinero?”, lo increpó una joven. “Pregúntale a tu rector”, respondió desafiante. Entonces los gritos se generalizaron y la población se sumó con los universitarios en el ya clásico grito de guerra: “¡Fuera Graco, fuera Graco!”. Era una pequeña muestra de lo que vendría.
Ese mismo día en la tarde y con mayor ahínco al día siguiente, a través de las redes sociales comenzaron a circular videos de choferes de tráiler con ayuda proveniente de Michoacán, quienes denunciaron que el Mando Único los había retenido, los había obligado a ir a las bodegas del DIF Morelos y ahí estaban almacenando los víveres.
De inmediato, integrantes de la Asociación Civil Gustavo Salgado Delgado, así como universitarios y miembros de la sociedad civil, acudieron a la Bajada Chapultepec, donde se encuentra la bodega.
Desde el lugar, una mujer transmitió en vivo un discurso que hizo que decenas de ciudadanos se movilizaran al lugar: “Es injusto lo que hace el gobierno, nuestros hermanos padecen la tragedia y éste se quiere quedar con todo”, clamaba.
Por la noche, el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, publicó en redes sociales que actuarían legalmente contra Gabriel Rivas Ríos, dirigente de la Asociación Gustavo Salgado, por “el saqueo” de la bodega del DIF.
Luego, Elena Cepeda apareció a cuadro para advertir que metería a la cárcel a todos los “saqueadores” de la ayuda.
Vino finalmente un video en el que el jefe de la policía, Alberto Capella Ibarra, prácticamente declaró el toque de queda y amenazó con detener esa misma noche a “todos estos sujetos”. Y fue más allá, sin el menor rubor, llamó a los brigadistas provenientes de todo el país, que entonces ya se movilizaban a Morelos, “turistas sísmicos” que “sólo estorban”.
Sin embargo, la capacidad de la población para organizarse doblegó a la policía e hizo posible que las 90 toneladas de ayuda que en ese momento se encontraban almacenadas, fueran llevadas a distintas partes del estado.
Al mismo tiempo, en otros puntos de Cuernavaca, grupos de jóvenes lograron detener varios camiones que eran escoltados por la policía, provocando conatos de enfrentamiento.
Los videos se multiplicaron en las redes sociales, así como las estrategias para eludir a la policía. Desde Monterrey, ciudadanos informaron que tenían listos operativos para proteger la ayuda enviada. El colmo fue que dos tráiler de Chihuahua fueron enviados custodiados por agentes armados hasta llegar al interior de Morelos.
En tanto, las redes se llenaron de mensajes contra Graco y Elena. Y eso era apenas el inicio. El jueves a lo largo de todo el día la tendencia #RoboComoGraco se repitió hasta convertirse en la más importante en el país y en la tercera a nivel global en la medición del sitio Trendinalia el 21 de septiembre.
De hecho, hasta intentó parar la andanada que se le vino encima, contratando influencers, quienes en conversaciones con sus homólogos, revelaron que efectivamente habían sido contratados para defender al gobierno de Morelos, a su gobernador y a su esposa.
En los días subsecuentes, Graco tuvo varios encuentros con la realidad. Con cara de desconcierto fue cuestionado por un grupo de jóvenes de Chalco, quienes trabajaban como voluntarios en el rescate de Tetela del Volcán, en el norte del estado.
“Órale, qué bueno que ya llegaste, son las 4 de la tarde, todavía puedes ponerte a trabajar. ¿Cómo llegas aquí dos días después? Nosotros estamos desde las 6 de la mañana, ponte tus botitas y a trabajar”, le dijo ante el azoro del tabasqueño que no supo qué responder.
Luego, el domingo, durante un recorrido por Zacatepec, en compañía del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, un grupo de jóvenes que participan en las labores de empaquetamiento de víveres en el estadio Agustín Coruco Díaz, encararon a Graco y le exigieron que entregara la ayuda. “¡Qué reparta, qué reparta!”, fue el primer grito. El tabasqueño sólo siguió caminando con el funcionario federal. Luego, el grito se transformó en un “¡ratas, ratas, ratas!”, mientras se expresaban otras descalificaciones y reclamos.
Dos días después, Peña Nieto volvió a la entidad. En una visita relámpago, acompañado de Graco Ramírez y del alcalde de Tlayacapan, Dionisio Santamaría, y los secretarios de Educación Aurelio Nuño, de Turismo Enrique de la Madrid, entre otros, recorrieron ese municipio. Antes de la llegada del presidente, Graco caminó por una parte del tianguis en medio de mucha gente que simplemente lo ignoró. Nadie hizo el intento de saludarlo.
Luego vino el recorrido oficial. Visitaron el exconvento, el mercado, varias calles y luego se instalaron en la jardinera circular de uno de los árboles de la plaza cívica. Ahí, Peña Nieto explicó su plan para reconstruir el país: censo, reconstrucción, verificación de escuelas y créditos a comerciantes. Pasó entonces el micrófono al tabasqueño y antes de que pudiera decir algo se escuchó un “fuera Graco”, y luego le cayó una andanada de mentadas de madre y abucheos. Su alocución sólo duró 35 segundos y fue para agradecer al presidente su presencia, y ya.
Cinco años de acusaciones y conflictos
A cinco años de haber tomado posesión, el de Graco Ramírez es un gobierno con signo de incumplimientos y conflictos. El estilo personal del tabasqueño implica siempre el diálogo para someter, el incumplimiento de acuerdos y la confrontación directa, valiéndose de todos los recursos que tiene a disposición el Estado, desde la utilización de la violencia directa, el hostigamiento político, las campañas mediáticas de desprestigio, así como el uso del aparato de procuración y administración de justicia.
Dos promesas que fueron muy rentables durante su campaña electoral en 2012, fueron la de que en 18 meses Morelos se convertiría en un paraíso de paz y seguridad; la otra, que cada dos años pondría a consideración de los morelenses su permanencia en el cargo. No cumplió ninguna de las dos. Morelos se convirtió en uno de los estados más violentos, según organizaciones civiles como Alto al Secuestro y otras más. El semáforo delictivo lo ha mantenido en color rojo en prácticamente todos los delitos de alto impacto. En cuanto a secuestros y homicidios dolosos, Morelos no ha podido salir de los primeros cinco lugares a nivel nacional.
El Mando Único, su única estrategia de combate a la inseguridad, no es considerado por la población como algo nocivo por su incapacidad para contener el crimen, si no por el incremento en las denuncias de violaciones a derechos humanos en contra de la policía de Graco.
De hecho, regresaron los señalamientos contra policías por tortura, que habían desaparecido desde las épocas de Sergio Estrada Cajigal.
Además, las mujeres siguen siendo asesinadas con total impunidad, a pesar de que desde agosto de 2015, se declaró la alerta de violencia de género en 11 municipios, entre ellos Yautepec, señalado en estudios académicos y oficiales, como una de las localidades donde se registran más violaciones y abusos sexuales, en el país.
Sobre el refrendo popular al que prometía Graco Ramírez someterse cada dos años, el Congreso local, simplemente, en 2016 decidió derogar la revocación de mandato de la Constitución del estado, con el argumento de que “la constitución federal no lo contempla”.
Las organizaciones civiles reaccionaron, pues aseguraron que era una estratagema para incumplir con la posibilidad de revocarle el mandato. De plano, en un acto de regresión sin precedentes, el Congreso local, controlado por el tabasqueño, echó para atrás la Ley de Participación Ciudadana, que paradójicamente había nacido del movimiento en el que participó y que al final, echó a Jorge Carrillo Olea del poder, en 1997.
En materia de corrupción, Graco tiene al menos dos denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR), así como una solicitud de juicio político, por la contratación de un crédito en 2013, por un monto de mil 804 millones de pesos, mismo que fue aprobado por el Congreso local, y que se destinaría a obra pública.
A pesar de que se incluyó la construcción de la sede del Legislativo, varios cuarteles policiacos e infraestructura en general, la única obra visible es el estadio de futbol Agustín Coruco Díaz, donde se habrían invertido mas de 800 millones de pesos.
La sede del Congreso se está construyendo actualmente, con recursos bajados de la federación y los cuarteles policiacos tienen problemas en materia de servicios públicos. En tanto, lo que reveló un pliego petitorio preliminar de una auditoría practicada al crédito, fue que más de 400 millones de pesos se destinaron a pago de obras del gobierno anterior y a pago de nóminas de los trabajadores de la educación.
“El pago de obras del gobierno de Marco Adame, más bien nos parece que puede ser una refacturación, que implicaría el robo de esos casi 400 millones”, dice Gerardo Becerra, líder de la Coordinadora Morelense de Movimientos Sociales, autor de las denuncias ante PGR.
Las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, representan el talón de Aquiles de Graco Ramírez. El hallazgo de un conjunto de fosas en las que se inhumó, en estos dos lugares, un número indeterminado de cuerpos, de los cuáles algunos se ha confirmado eran buscados por sus familias, representa “la confirmación de que el propio Estado, en este caso el de Morelos, el que se supone que gobierna Graco Ramírez, tiene sus propias fosas donde intenta ocultar sus crímenes”, afirma Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
“Es más, en Morelos podemos afirmar que es el propio Estado el que enseñó al crimen a hacer sus fosas, lo cual es gravísimo y si se confirma que es una práctica generalizada, podemos hablar de crímenes de lesa humanidad”, afirma.
La denuncia de las fosas clandestinas, hecha con mucha fuerza por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y su rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, hizo que esta institución y ese académico, se convirtieran en blanco de una campaña de persecución por parte del gobernador. La campaña incluye a los medios de comunicación, intentos de destitución, carpetas de investigación ante la justicia, auditorías, reformas legales, entre otros.
De hecho, este domingo, el rector enfrentará una audiencia de vinculación a proceso, lo que puede concluir en el apresamiento de Vera Jiménez por el supuesto delito de peculado, que se derivó de una auditoría ordenada por el Congreso local, en el marco de la apertura de las fosas de Tetelcingo en mayo-junio de 2016.
La misma medicina aplicó a Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, quien tiene rentabilidad electoral y estorba a la posibilidad de que Graco trascienda a su sexenio, que concluye en un año, con la elección de su hijastro en junio próximo. Blanco Bravo ha sido objeto de varios intentos de destitución. También lo acusan de asesinar a un empresario local.
Finalmente, también el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, ha sido objeto de persecución. Como informó Proceso hace dos semanas, Graco está molesto por las denuncias del obispo, que esta semana se sumó a los señalamientos de “confiscación” de ayuda para los damnificados.
En fin, el perredista parece seguir un mismo método para obligar a quienes identifica como sus adversarios, a someterse a sus designios: hostigamiento, amedrentamiento y persecución usando a todo el aparato estatal.
Con ese saldo, Graco Ramírez llega hoy a su quinto año de gobierno. De jolgorio al bajo perfil. Hoy Graco no sólo no quiere exponerse a multitudes, así sean “controladas” o de acarreados. Sabe que hacerlo implica el riesgo de que brote la inconformidad, como ha ocurrido en Zacatepec o en Tlayacapan, donde incluso hubo grupos de acarreados con pancartas de apoyo al tabasqueño, que fueron rebasadas.
Por ello, este domingo en lugar de festejar sus cinco años de gobierno, buscará más bien una comunidad alejada para tomarse la foto y el video. Porque el hartazgo es tanto, que en todos lados brota la protesta, no sólo por lo que han hecho estos días con la ayuda para los damnificados, pero sobre todo porque eso demuestra su grado de mezquindad.
