El presidente de la República podrá ser acusado por los delitos de corrupción y cualquier otra violación a la Constitución y a las leyes que de ella emanen durante su encargo y hasta tres años después de abandonar el poder, según una iniciativa presentada por un grupo de senadores del PAN, encabezados por Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo, Ernesto Ruffo, Marcela Torres Peimbert y Fernando Búrquez.
La iniciativa de reforma a los artículos 108 y 110 constitucional propone que el titular del Poder Ejecutivo federal pueda ser sujeto a juicio político como los demás funcionarios públicos, ya que el “trato especial” que se le otorga en la Carta Magna ha propiciado inmunidad e impunidad en torno a la figura presidencial.
En México, añade la iniciativa, el presidente de la República sólo puede ser responsable penalmente, no tiene responsabilidad política debido a que el proceso por el cual se le puede sancionar es la declaración de procedencia por un juicio penal, pero con un trato especial, como lo establece el artículo 111 de la Constitución.
“Se debe poner sobre la mesa que el presidente responda por violaciones a la Constitución, así como a leyes federales y ser sujeto de juicio político, como cualquier otro funcionario público”, sostuvieron los senadores en rueda de prensa.
Romero Hicks afirmó que el mayor escándalo de este gobierno es la corrupción y “su madrastra” la impunidad. Enumeró los casos del Tren México-Querétaro, la Casa Blanca, Grupo Higa, Odebrecht, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el socavón Exprés de Cuernavaca.
“Por casos de menor gravedad cayeron el presidente y la vicepresidenta de Guatemala y la presidenta Dilma Roussef, en Brasil”, sostuvo el legislador panista.
En tanto, el senador Fernando Búrquez lamentó que el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, haya desestimado la iniciativa al considerar que el presidente de la República no es como cualquier ciudadano.
“El presidente tiene que predicar con el ejemplo porque la gente está harta y este es un paso importante para desmitificar la figura presidencial, que sola se ha venido deteriorando”, abundó Búrquez.
La iniciativa comparó a México con Venezuela y Cuba como las únicas naciones que no tienen el delito de juicio político en sus legislaciones, a diferencia de Brasil y Argentina, donde se han llevado ajuicio a los exmandatarios por hechos relacionados con la corrupción.
Fuente: Apro
