Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y a Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), cesar a Tomás Zerón en sus funciones al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el fin de que sea investigado por la presunta comisión de delitos relacionados con la “obstrucción de la justicia”.
Los padres de los jóvenes desaparecidos sostuvieron en un comunicado que, “pretendiendo defenderse, el titular de la AIC ha evidenciado la ilegalidad en la que ha incurrido, pues es falso que la ley le brinde facultades para excarcelar detenidos y trasladarlos a su libre arbitrio”.
Lo anterior, luego de que Zerón de Lucio difundiera ayer un video en el que encabeza diligencias al lado de un presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, Agustín García Reyes, El Chereje, a las márgenes del río San Juan, en Cocula, Guerrero, acciones que no fueron integradas a la investigación del caso Iguala, según denunció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los padres de los estudiantes destacaron que “las ilegalidades confesadas por el director en jefe de la AIC confirman que el expediente de averiguación previa iniciado tras la desaparición de nuestros hijos no refleja la investigación real, misma que como lo documenta el GIEI presentó múltiples irregularidades y tuvo siempre un sesgo confirmatorio tendente a sostener a costa de la legalidad y los derechos humanos la llamada ‘verdad histórica’”.
Es por ello que demandaron que Tomás Zerón sea separado de su cargo a efectos de permitir una investigación sobre una probable obstrucción a la justicia en esta investigación, tal “como lo recomendó el GIEI desde su primer informe”.
También exigieron que la AIC incorpore a la averiguación previa todos los videos y material probatorio que “de forma ilegal” recabó Zerón de Lucio, y que además “entregue a los familiares y a la opinión pública esos elementos que desconocemos”.
Asimismo, solicitaron a Peña Nieto que acepte el mecanismo especial de supervisión que ha planteado la CIDH y “sobre el cual el gobierno ha sido omiso en responder. Denunciamos que más de una semana de que dicho mecanismo se notificara y estando por concluir el mandato del GIEI, no hemos sido contactados por el gobierno federal para acordar este mecanismo”.
También denunciaron que la salida de los expertos independientes, “por disposición del Estado mexicano, fortalece la desconfianza en las instituciones del gobierno federal, pues los últimos hallazgos dados a conocer por el GIEI dan cuenta que incluso frente a una investigación supervisada internacionalmente han existido omisiones y actuaciones tendenciosas hacia la impunidad y contrarias a la verdad”.
Por todo ello, insistieron, “es indispensable continuar con el estrecho monitoreo internacional sobre nuestro caso hasta que accedamos a la justicia y a la verdad”.
Fuente: Proceso
