Editorial de La Jornada
La detención y el inmediato traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, cierra definitivamente el paso a las versiones mendaces sobre un presunto entendimiento entre el gobierno federal y la organización delictiva de la que han sido cabecillas dichos personajes, el cártel de Sinaloa o del Pacífico.
Ahora desacreditado por la vía de los hechos, ese bulo ha sido uno de los caballos de batalla de la derecha política y mediática desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden de liberar a Ovidio el 18 de octubre de 2019, cuando las células criminales al servicio del apodado Ratón reaccionaron a su captura desatando el caos en la capital sinaloense y poniendo bajo amenaza directa las vidas de los elementos que lo custodiaban, de las fuerzas de seguridad de la entidad y de una cifra imposible de determinar de ciudadanos sin relación alguna con la delincuencia. Como ha reiterado el mandatario, esa difícil decisión fue producto de su convencimiento en que las vidas de las personas se encuentran por encima de cualquier propósito, pero ni esa incontestable postura ni el análisis objetivo de las condiciones imperantes en ese momento han disuadido a un sector de la oposición de propagar la falacia como si se tratase de un hecho probado.
Los al menos 19 bloqueos carreteros, secuestro e incendio de vehículos y los ataques al aeropuerto internacional que tuvieron lugar ayer, a pesar de la masiva presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, deberían persuadir a cualquiera de que hace tres años era ética, humana y políticamente imposible llevar a término el operativo en que se detuvo por primera vez a Ovidio Guzmán. Los culiacanenses son perfectamente conscientes de ello, como lo muestran encuestas realizadas entonces, donde una abrumadora mayoría se manifestó de acuerdo con la liberación.
En su comparecencia ante los medios, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y su homólogo de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, señalaron que el arresto del cabecilla es una prueba del compromiso con la política de cero impunidad, así como de la coordinación inter-institucional para concretar objetivos prioritarios. Al analizar las declaraciones de ambos funcionarios, es ineludible resaltar que ninguno aludiera al impacto real o supuesto del encarcelamiento de Guzmán López en la producción y disponibilidad de estupefacientes. Esta “omisión” refleja una diferencia crucial entre la concepción del combate al narcotráfico de este gobierno y la de sus antecesores: mientras las administraciones neoliberales (y en particular el siniestro calderonato) redujeron la complejísima problemática del crimen organizado a un asunto policiaco-castrense, en la actualidad el fenómeno delictivo se aborda atendiendo a sus causas –la pobreza, la marginación, la desigualdad y la falta de oportunidades– mediante amplísimos programas sociales. En esta lógica, la acción del Estado contra los cárteles se inscribe entre los esfuerzos para ganar la paz y devolver la seguridad a los ciudadanos, perspectiva opuesta a la maniquea “guerra contra el narco”.
Por ello, cabe saludar este nuevo avance en materia de seguridad pública, hacer votos por que se traduzca en una disminución de la violencia generada por la actividad criminal, y llamar a redoblar esfuerzos para restablecer el orden en Culiacán, de tal modo que los ciudadanos puedan retomar a sus vidas cotidianas a la brevedad posible.
