Tras el anuncio de una inversión privada por 450 millones de dólares para la construcción de una estación intermodal que detone el desarrollo de la zona de Jerónimo-Santa Teresa, El Diario publicó que diversas sectores juarenses exigieron que se frene el dinero público destinado a favorecer al empresario Eloy Vallina, dueño de alrededor de 20 mil hectáreas en la zona. El rotativo recordó varias operaciones inmobiliarias con autoridades estatales y municipales, así como la negativa de Vallina a pagar el predial al Municipio.
El lunes 12 de agosto de 2013, Eloy Vallina publicó en El Diario un desplegado en el que se dirige al presidente y director general del periódico, Osvaldo Rodríguez Borunda.
Este martes 13 de agosto de 2013, El Diario publica un desplegado a doble plana en el que responde a los señalamientos de Eloy Vallina. El contenido es el siguiente:
Eloy Vallina Lagüera
Estimado señor Vallina:
En respuesta al desplegado que ayer publicó con su firma, quiero expresarle que se equivoca. Nunca ha habido nada personal, ni “maligno”, ni “demencial” cuando El Diario ha publicado -como es la obligación de cualquier medio de comunicación serio y profesional- el sentir de los sectores juarenses sobre las dudas y sospechas que les ha despertado el uso de recursos públicos en la zona de San Jerónimo para beneficiarlo principalmente a usted.
Afirma usted que el periódico a mi cargo de manera reiterada “generaliza hechos”, “califica dolosamente”, “juzga maligno”, “arremete furiosamente” contra cualquier inversión, pública o privada que aliente el desarrollo de cualquier zona en Ciudad Juárez o en el
Estado.
No es así. Siempre que en esta región se aplica una inversión en la que se ven involucrados recursos públicos, El Diario ha estado muy pendiente de que todo el proceso se desarrolle con la transparencia que el caso amerite para que no sean sólo unos cuantos los que se beneficien en detrimento de la ciudad y de sus habitantes, que con sus impuestos son los que pagan esos costos.
En el caso concreto de su participación como empresario en el área de San Jerónimo, aun cuando a usted le parezca fruto de mi “animadversión” hacia su persona todo lo publicado desde 1998, cuando adquirió un terreno adjunto a la ciudad, de un tamaño similar al de todo Juárez -poco más de 20 mil hectáreas ubicadas en la frontera con el país más poderoso del mundo-, en realidad lo único que ha hecho el periódico es documentar los oscuros manejos que allí se han registrado con recursos públicos para favorecerlo a usted.
Dice usted que El Diario, “fiel a su costumbre” intenta “sembrar la duda, la sospecha y la alarma” en relación con el desarrollo de San Jerónimo. Sin embargo, no es por la costumbre.
Es nuestro deber como medio, no sembrar dudas sino exponer realidades que llevan a la sospecha pública.
Porque lo cierto es que desde 2001, cuando se construyó el camino que une a San Jerónimo con la carretera Panamericana para darle mayor plusvalía a su extensa propiedad, fueron la opacidad y los tratos discrecionales los que obligaron a los juarenses y a nosotros como medio, a sospechar y denunciar las presuntas complicidades que se dieron con los altos niveles de la Administración de Patricio
Martínez.
0, díganos, señor Vallina, de qué otra manera se puede entender lo siguiente: en febrero de 2003 esa Administración estatal emitió un decreto mediante el cual expropió 2 mil hectáreas a su propiedad en San Jerónimo.
El 22 de septiembre de 2004, a pesar de que el Gobierno estatal era el dueño de esas 2 mil hectáreas, le pagó a usted, a través de la descentralizada Promotora de la Industria Chihuahuense, 4 millones 676 mil 357 dólares por un terrenito de apenas 212 hectáreas. ¿Por qué entregarle a usted ese dinero si el Estado era dueño después de la expropiación?
Hasta tres días después, el 25 de septiembre de 2004, a unos días de concluir su gestión, la Administración estatal publicó en el Periódico Oficial la revocación del decreto expropiatorio de las 2 mil hectáreas.
Es decir, el Estado primero le quitó a usted, señor Vallina, 2 mil hectáreas. Luego, de ese predio expropiado, le compró 212 (siendo que en ese momento todavía eran del Gobierno estatal), y después le regresó su terreno.
No es todo. Usted pagó 5 millones de dólares por las 20 mil hectáreas que adquirió en 1998. Sin embargo, en 2004 el Estado le pagó a usted casi 5 millones de dólares por comprarle sólo el 1 por ciento de ese predio total, es decir, por tan sólo 212 hectáreas.
¿Hay algún dato falto de verdad en los párrafos anteriores, obtenidos de la investigación presentada por El Diario en marzo de 2005?
Si es así, por favor refútenos.
Como resultado de esa documentada publicación, la mayoría de los sectores juarenses exigieron en su momento una explicación, y el mismo Congreso del Estado en pleno acordó, en sesión del 15 de marzo de 2005, que realizaría una investigación “a fondo” de esas transacciones sospechosas, “con trasfondo político” y de
“evidente beneficio para el empresario Vallina”.
Los líderes empresariales de la ciudad se pronunciaron en el mismo sentido. Por ejemplo, el presidente de la Canaco en ese momento, Antonio Andreu (hoy diputado local electo), dijo que “la compra de predios que el Estado hizo en San Jerónimo al empresario Eloy Vallina, debe revertirse porque no hubo equidad en esa operación de compraventa”.
A pesar de que la “investigación a fondo” del Congreso estatal se quedó en mera promesa, como usted podrá ver, lo único que hizo El Diario, señor Vallina, fue documentar y publicar una realidad. Las dudas y las sospechas no las generó un servidor ni el periódico, sino los sectores oficiales con sus oscuras transacciones -en las que usted estuvo involucrado- y sus incumplimientos.
Unos meses después, a finales de 2005, y pese a la férrea oposición de los sectores fronterizos integrados en el Frente Ciudadano por Juárez, el Cabildo local aprobó el Plan Parcial de Desarrollo para San Jerónimo, no obstante que el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) había diagnosticado desde 2001 que “la lectura del proyecto pone en evidencia que el objetivo del plan no persigue la creación de un polo de desarrollo, y sólo persigue sentar las bases legalizadas para realizar un negocio inmobiliario”.
El Gobierno municipal esperaba que con el cobro del Predial en esa zona se permitiría el crecimiento urbano y Juárez recuperaría ingresos a través de la recaudación de ese impuesto.
Sin embargo, señor Vallina, en vez de devolverle a esta ciudad un poco de tanto que han hecho los gobiernos por usted, se amparó contra el pago del Predial por las 3 mil hectáreas que abarca el Plan Parcial aprobado, por los años 2006,2007 y 2008, y ese último año consiguió que un Tribunal Unitario de Circuito ordenara al Municipio le devolviera los 3 millones que usted había erogado.
Aun así, y a pesar de que los regidores afirmaron en su dictamen de 2005 que no se iba a requerir inversión pública y los trabajos para desarrollar esa zona de San Jerónimo correrían a cargo del propietario de los terrenos, la administración estatal de José Reyes Baeza gastó 80 millones de pesos para construirle el bulevar Fronterizo, que conecta aquel punto con Ciudad Juárez.
Como puede ver con la sintética descripción de estos antecedentes, no es gratuito que los sectores juarenses -no Osvaldo Rodríguez ni El Diario- se hayan puesto a la defensiva cuando el viernes se dio a conocer el proyecto de inversión para la zona de San Jerónimo, esto es, en sus terrenos, anunciado por los gobernadores de Chihuahua y Nuevo México.
No nos oponemos por sistema ni por “costumbre” a las inversiones en la ciudad. Al contrario, son bienvenidas si van a favorecer el desarrollo de la comunidad. Empero, como medio de comunicación, y considerando el historial expuesto, es nuestra responsabilidad solicitar que sea impecable todo el proceso de lo que se pretende hacer en San Jerónimo, sobre todo si estarán involucrados recursos públicos.
Con los abundantes y viscerales juicios que usted endilga a mi persona y a El Diario, además de pretender levantar una cortina de humo que distraiga la atención de las irregularidades que se han cometido en San Jerónimo, descalifica de un plumazo y con dolo la trayectoria de 37 años de un servidor al frente de El Diario, y desacredita la seriedad y la credibilidad conseguidas por este medio durante casi cuatro décadas.
Pero también afecta el profesionalismo de la premiada reportera Gabriela Minjáres, quien cuenta con una maestría en periodismo de investigación, al poner en duda la autenticidad de la nota que firma, a la que usted denosta como “editorial embozado”.
Y, por supuesto, invalida la seriedad de las fuentes autorizadas que declaran en esa publicación, como son el doctor Víctor Quintana, el urbanista Pedro Cital y el activista Hernán Ortiz, especialistas que han seguido muy de cerca lo sucedido con San Jerónimo, y cuyas voces son balanceadas con la opinión del director de Desarrollo Urbano del Gobierno municipal, Vicente López Urueta.
No, señor Vallina. No ha sido El Diario ni Osvaldo Rodríguez Borunda quienes han sembrado dudas y sospechas sobre el desarrollo de San Jerónimo. A los juarenses les queda muy claro de dónde ha provenido ese “sospechosismo” que autoridades de varias administraciones, tanto municipales como estatales, no han podido -o querido- explicar.
A un servidor y al equipo de periodistas que me respalda, todos integrantes de un medio de comunicación responsable, también nos queda claro que seguiremos por la misma senda editorial que hemos recorrido por más de 37 años, de abrir nuestras páginas a las voces que cuestionen cualquier irregularidad, cualquier “arreglo” que se dé en lo oscuro, cualquier transacción que perjudique el uso de recursos públicos, independientemente de quién esté involucrado.
Por lo demás, los denuestos hacia mi persona son signo de que hemos puesto el dedo en la llaga.
Osvaldo Rodr[iguez Borunda
Presidente y Director General de El Diario
