Por Francisco Javier Pizarro Chávez
El 12 de mayo del año en curso se me invitó a abordar el “Mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico” de Chihuahua, de 1965 a 1990 de los derechos humanos, creada por decreto presidencial el 6 de octubre de 2021 en torno al reconocimiento social de las distintas comunidades de víctimas de nuestro estado.
La “Comisión para la Verdad” está compuesta por diversos mecanismos: “La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV; la “Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y el Comité Impulso a la Justicia y el Comité de Impulso a la Memoria”. Mi participación se reflejó a través de una entrevista del daño creado no solo en torno a los grupos guerrilleros rurales y urbanos sino también de los grupos, comunidades y organizaciones sociales, que fueron víctimas de los terratenientes.
Se las describo: En 1963 existían aproximadamente mas de 400 solicitudes de para la creación de nuevos centros de población ejidal, con un promedio de 10 años de antigüedad. El estado a través del DAAC hizo caso omiso de esas solicitudes. El problema de la explotación forestal ha sido desde siempre uno de los más agudos en el estado, por la monopolización creciente de empresas que explotaban 450 predios forestales con 2 millones 500 mil hectáreas, esto es, el 50% de los predios referidos que estaban en manos de una solo empresa: “Bosques de Chihuahua” cuya propiedad ascendía a 1 millón 200 mil hectáreas del bosque.
Esa monopolización de los terratenientes, deterioró y desapreció las comunidades indígenas de los Tarahumaras que eran los auténticos dueños de los bosques de Chihuahua y 50 mil campesinos que se quedaron sin tierra. La situación que prevalecía en la distribución de la tierra no podía ser más alarmante.
Trescientos latifundistas, entre los que se apropiaban los gobernadores Giner Durán y Teófilo Borunda 300 mil y 200 mil hectáreas y a la par, los magnates Tomás Valles (200 mil has), Hilario Gabilondo (500 mil has). En concreto. Eran dueños de la tercera parte del bosque de Chihuahua (8 millones de has), en tanto que 100 mil campesinos apenas poseían 4 millones 400 mil has, en tierras de temporal y eriales.
Toda gestión de los campesinos que afectará al latifundio, se estrellaba contra una serie de trámites burocráticos y triquiñuelas legaloides. En 1963 existían mas de 300 mil has amparadas sobre cualquier tipo de afectación con certificados fraudulentos.
Los pequeños propietarios que tenían posibilidades de adquirir refacción y crédito, eran absorbidos y explotados por compañías extranjeras, como en el caso de la producción de algodón en el Valle de Juárez, que constituía el 60 % de la producción agrícola en el Estado, que era controlada 100% por la compañía gringa “Anderson & Clayton Co.
A pesar de todas las medidas demagógicas y represiones del gobierno estatal, la carencia de tierra seguía siendo motivo de descontento y punto de partida del campesinado a la lucha revolucionaria. Dentro de ese contexto, a principios de los años sesenta el campesinado empiezo ejercer presión ante las autoridades, todavía dentro de los marcos legales, el papeleo y la burocracia.
A principios de 1963 los campesinos desconocen a sus dirigentes reformistas y dan el salto a una lucha independiente, propias fuerzas “no por curules ni confiado en el gobierno, sino por la tierra y con nuestras”. A partir de entonces, la situación de miseria y explotación constante, empezó a generar una disponibilidad en el campo para la lucha revolucionaria que fue detectada y comprendida por un grupo de revolucionarios consecuentes como Arturo Gamiz, el cual creó el “primer Encuentro en la Sierra” al que asistió la “Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), organización que aglutinaba a los estudiantes de las Normales Rurales del país.
La honestidad y consecuencia revolucionaria de Gamiz, promueve a los campesinos dispuestos a levantarse en armas en el Estado de Durango y Chihuahua. A partir de entonces se agudizó la represión del gobernador Giner Duran. Las manifestaciones de los estudiantes normalistas en apoyo a los campesinos fueron brutalmente reprimidas. Los rurales (policía serrana) entraron en acción, deteniendo y desapareciendo a militantes democráticos y progresistas.
Arturo Gámiz le advirtió a Giner Duran que se iban a levantar en armas en contra de la “Guerra Sucia” que estaba impulsando en contra de los campesinos y estudiantes. Esa era, en términos generales, la situación denunciada y la bandera de la agitación política de la concentración campesina cuando, en la sierra, en el pueblo de Dolores, campesinos y militantes del grupo de Gámiz, ajusticiaron a un cacique latifundistas que asesinaba a los campesinos con el apoyo de los soldados promovidos por el general y gobernador Giner Durán.
Es a partir de entonces, que Ramón Mendoza y Lupito Escowell forman el Grupo Popular Guerrillero, el cual planea y ejecuta el ataque militar de Ciudad Madera, cuya guarnición ascendía a mas de 125 soldados, mediante el cual fueron asesinados 15 heroicos guerrilleros, entre ellos Arturo Gamiz y sus principales militantes.
El trágico acontecimiento generó repercusiones de la acción a niveles nacionales que marcan el inicio de la lucha guerrillera en el país, de algunos sobrevivientes de la lucha guerrillera de 1965, que se incorporaron a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), la cual se levanta en armas de la Sierra de Guerrero con su fundador y dirigente Genaro Vázquez Rojas, revolucionario muerto el 2 de febrero de 1972.
Veremos y diremos la segunda fase de la “Guerra Sucia” que abordó el gobierno federal en torno a la Guerrilla del Partido de los Pobres encabezada por Lucio Cabañas en Guerrero y Diego Lucero, líder de “Los guajiros” y demás grupos de 1959 a 1990 a lo largo y ancho de nuestro país.
