Una magistrada federal de Estados Unidos ordenó este lunes difundir los documentos con nombres y direcciones de los propietarios de tierras afectados por la construcción de un muro en la frontera entre Texas y México. La jueza Beryl Howell dijo que la difusión de estos datos “puede arrojar luz sobre el impacto en las comunidades indígenas, la inequidad de trato a comunidades de minorías y bajos ingresos”.
De igual forma, en su dictamen emitido este lunes, la magistrada dijo que la medida pondría en claro “las prácticas de contratistas privados” en este tipo de casos.
La información fue solicitada por Denise Gilman, profesora de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas en Austin, para conocer el impacto de la construcción del muro en los derechos humanos.
Una ley federal aprobada en 2006 ordenó la construcción de unos mil 150 kilómetros de muros en la frontera con México, y responsabilizó al Departamento de Seguridad Interna (DHS) de determinar la ubicación de los sitios para esta obra.
En 2009, Gilman presentó una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información para conocer los registros que detallan dónde se construyeron partes del muro y qué información se usó para decidirlo.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos dio a conocer miles de documentos, pero omitió información como los nombres y direcciones de los propietarios afectados.
Gilman interpuso otra demanda para obtener dichos datos, con el argumento de que el interés público sobre el impacto del muro superaba cualquier preocupación por la privacidad de los propietarios.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) respondió que la divulgación de dicha información pondría en riesgo los derechos a la privacidad de los propietarios, y los exponía a contacto no deseado con “los medios de comunicación y otros miembros del público”.
Sin embargo, la jueza Howell determinó que “el interés público en el conocimiento de cómo la CBP negoció con los particulares en relación con la planificación y la construcción del muro fronterizo es importante” y prevalece sobre el interés privado.
Sin embargo, la jueza dictaminó que la CBP no tiene que revelar correos electrónicos de los propietarios, ni estará obligada a revelar datos ni números sobre las áreas patrulladas por agentes de la Patrulla Fronteriza.
“Esa información da a conocer las operaciones y las vulnerabilidades de la CBP, que no es información pública fácilmente accesible y su difusión podría facilitar el burlar la ley”, escribió Howell.
Fuente: Notimex
