El cerco jurídico contra el referéndum de Cataluña continúa con la decisión del Tribunal Constitucional español, que este martes suspendió la Ley de transitoriedad jurídica para la independencia de Cataluña, lo cual se suma a la paralización de la norma para el referéndum para la desconexión de España.
Esta decisión es producto de un recurso presentado por el gobierno de Mariano Rajoy el viernes pasado, luego que el Parlamento catalán aprobó por mayoría simple este marco jurídico con el que se pretende instituir el presunto nuevo Estado catalán.
A su vez, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instruyó a los Mossos d´Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil para que requisen las urnas y boletas electorales para evitar la celebración del referéndum y que inicien atestados judiciales.
Este también es un aspecto que generó mucha polémica, porque los Mossos son la policía autonómica dependiente del gobierno catalán de Carles Puigdemont, quien hoy aseguró que sus agentes “tienen como función principal garantizar la seguridad de la gente, el 1-O garantizarán la seguridad de la gente, la policía no ha de hacer política”.
En una entrevista con la radio catalana, Puigdemont aseguró que “habrá 6 mil urnas por el territorio, entre escoger retirar urnas o velar por la seguridad, creo que la policía, todas, tienen prioridades en la vida; retirar una urna no es perseguir un delito, organizar un referéndum no es un delito. Una urna no es material delictivo y un político que organiza el referéndum no es un delincuente”.
A su vez, el conceller de la Presidencia y portavoz de la Generalitat, Jordi Turull advirtió a la fiscalía que “la prioridad absoluta” de los Mossos y del Govern es “perseguir terroristas y evitar atentados” y no el retiro de urnas.
Por su parte, la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell anunció que recibieron del Tribunal de Justicia de Cataluña la notificación de que se inicia a trámite la querella contra ella y toda la mesa del Parlament, por haber tramitado las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica.
En su opinión se trata de un “uso indiscriminado de los mecanismos jurídicos en un conflicto que es eminentemente político”. “Lo que pretende el gobierno y la fiscalía es coartar la libertad de expresión de los diputados, de lo que respecto al primero de octubre se puede hablar y lo que se no puede hablar”.
Añadió: “Nos negamos a convertirnos en censores a las órdenes de un gobierno que es incapaz de resolver los problemas políticos”.
Fuente: Apro/ Alejandro Gutiérrez
