La Policía Federal (PF) debe dar a conocer la versión pública del acuerdo de inicio de la investigación del 19 de abril de 2015, sobre la muerte de civiles en Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de ese año.
Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por lo que la PF tendrá que abrir el contenido en el expediente radicado en su Unidad de Asuntos Internos, bajo el rubro temático “Investigación sobre el cumplimiento de las obligaciones de los integrantes”.
Al presentar el asunto ante el Pleno, explica en Instituto en un comunicado, la comisionada ponente, María Patricia Kurczyn Villalobos, dejó en claro que la solicitud de información se refiere a la investigación de probables faltas administrativas por parte de servidores públicos de la PF y no a posibles violaciones graves de derechos humanos.
“No pasa desapercibido, que si bien la investigación que se lleva a cabo en la Unidad de Asuntos Internos tiene origen en los hechos que fueron catalogados como violaciones graves a derechos humanos, realizados por personal de la Policía Federal, lo cierto es que la investigación que se realiza dentro de este expediente, es concerniente a determinar la posible comisión de faltas administrativas, por parte de integrantes del sujeto obligado, por incumplimiento a los deberes establecidos en la Ley Federal de la Policía Federal”, puntualizó la comisionada.
En respuesta a un particular que solicitó dicha información, la PF señaló que ésta se encontraba clasificada como reservada por un periodo de 10 años, bajo el rubro temático de “Investigación sobre el cumplimiento de las obligaciones de los integrantes”, por la existencia de un proceso deliberativo pendiente de resolver, entre otras causales.
Asimismo, destacó que el nombre de los servidores públicos que suscribieron el acuerdo de inicio es reservado.
Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información solicitada tiene que ver con violaciones graves de derechos humanos.
El INAI puntualizó que, de acuerdo con la Ley General de Transparencia, no se podrá clasificar como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a dichos derechos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Fuente: Apro
