ONU, CIDH y CNDH llaman a frenar la Ley de Seguridad de Peña

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La Ley generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos y no aportaría soluciones reales para los retos de seguridad, señaló en una carta el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron sobre la Ley de Seguridad Interior, señalando que, en los términos en que pretende aprobarse, contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país.

De cara a la discusión de la Ley en el Senado, después de que fuera aprobada en la Cámara de Diputados por la mayoría priista e incluso con votos de panistas, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, envió una carta a la Cámara Alta, donde pide no aprobar la minuta.

“La ONU-DH expresa su profunda preocupación por el contenido de la referida Minuta. En diversos espacios públicos, incluido el Senado de la República, la ONU-DH ha declarado la inconveniencia de emitir una ley como la que se propone”, indicó Jarab en la misiva.

“Entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”, agregó.

En otro punto de su misiva, enlistó 14 observaciones a la ley, con puntos como su “ambigüedad de conceptos”, las “afectaciones a la protesta social”, y la “indebida regulación” del uso de la fuerza.

“Los escenarios que permiten habilitar las acciones previstas en la ley son demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrían activar los mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos”, observó.

El gobierno mexicano y el PRI han rechazado que la ley pretenda militarizar al país o vulnerar los derechos humanos, sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales han señalado los peligros de su aprobación.

Se prevé que este martes el dictamen sea discutido en el Senado.

En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) insistió este lunes sobre “los potenciales riesgos del dictamen”,  múltiples y de diversa gravedad.

“La emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantean contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles”, apuntó la CNDH.

“La aprobación de la propuesta de ley en los términos en que se presenta, genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, al conceder al Poder Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”, agregó.

La CIDH también emitió un comunicado este lunes, donde “expresa su preocupación sobre el proyecto de ley sobre seguridad interior de México, que contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos. Según la información recibida, este proyecto de ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.

La experiencia de México y otros países, agregó, “demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos.

En su visita a México en 2015, la Comisión constató con preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad. La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la Comisión”.

De acuerdo con el diario Reforma, para este martes diferentes grupos han convocado a protestar este martes afuera del Senado, para impedir que se apruebe la citada ley.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, la priista Cristina Díaz Salazar, adelantó que su partido, el Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista, se allanarán al proyecto que la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada, apuntó Notimex.

En tanto, la bancada del PRD anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad contra esta legislación, por considerar que violenta las garantías individuales de los mexicanos.

De acuerdo con la senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, la minuta que aprobó la Cámara de Diputados y que ahora discutirá el Senado, primero en comisiones y luego en el pleno, transgrede diversos artículos de la Constitución Política.

Fuente: Animal Político/ Reforma

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