Ominoso silencio en Chihuahua

ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.

El lunes, en el curso de la presentación del informe de Ema Saldaña al frente del Instituto Chihuahuense de la Mujer ocurrió un gravísimo incidente.

No se trata, como muchos pudieran catalogar, (al fin y al cabo, ya ven cómo son escandalosas las mujeres) como un asunto intrascendente.

Todo lo contrario, pudiera ser el principal mentís a la actuación de la presente administración estatal en materia del combate a la violencia ejercida contra las mujeres y se convertirá, al paso de los días, si no actúan de manera distinta a la ahora adoptada, en un pesado baldón para el Gobierno de Chihuahua.

En el informe, “la activista Luz Estela Castro Rodríguez denunció a nombre de todas (las organizaciones de mujeres y derechohumanistas presentes en el acto), la violencia que ha ejercido el secretario de Desarrollo Social estatal, José Luis García Rodríguez, contra (Ema) Saldaña Lobera”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario, 1/III/16).

La denuncia pública fue ratificada por la funcionaria. Ema Saldaña afirmó “que desde que asumió el cargo,  –García Rodríguez– no ha cesado de gritarle en público y llegó hasta jalonearla porque no estaba de acuerdo con las políticas implementadas y porque ella cuestionaba apoyos del DIF estatal, que no cumplía para apoyar a niños y mujeres víctimas de violencia”.

Interrogado el secretario, se mostró sorprendido por los señalamientos y afirmó que “no hay por parte mía ni de ningún otro funcionario ninguna presión hacia la directora del instituto, y tendré que conocer cuáles son los motivos por la expresión que se acaba de dar…”. (Idem).

Estremecen las descripciones de la violencia ejercida por el funcionario encargado de instrumentar todas las políticas sociales, y de reconstrucción social, del Gobierno del Estado, en contra de la funcionaria –de la misma administración–  encargada de aplicar todas las políticas gubernamentales para combatir la violencia y la discriminación en contra de las mujeres. Es la peor de las contradicciones y las paradojas del Gobierno estatal en su recta final.

Ema afirmó que “José Luis García le gritó en varias reuniones con funcionarios federales y estatales del sector social, como el delegado de la Sedesol, cuando ella cuestionó la inoperancia del plan de intervención tras el asesinato del niño Christopher Márquez Mora, en mayo del año pasado, debido a que no estaba planeado con perspectiva de género y humanización”. (Nota de Patricia Mayorga, Proceso, 28/II/16).

“… Yo no soy responsable de que las cosas no se cumplan (…) es una larga historia. Incluso con anterioridad solicité al propio secretario general (de Gobierno), Mario Trevizo, no tener contacto con este funcionario (García) y le pedí expresamente que no quería que acudiera hoy al informe, pero sí vino”. (Idem).

Ese asunto podría ser el que desencadenó lo que ahora denuncia la funcionaria llegó hasta el Congreso del Estado, en el que se hizo un exhorto al DIF (cuya presidenta es la esposa del gobernador Duarte, Berta Gómez) para “que cumpliera con ese acuerdo (el de planear las acciones con perspectiva de género y humanización) y la situación molestó al secretario”. (Ibídem).

Probablemente el roce se presentó por la cercanía de José Luis García con la Sra. Gómez y la insistencia de Saldaña.

No es el único ingrediente, el esposo de ésta, Sergio Granados, fue secretario de Gobierno con Reyes Baeza y actualmente es el coordinador de la campaña de Lucía Chavira, precandidata única a la alcaldía de Chihuahua, esposa, a su vez, de Marco Adán Quezada, quien, según cuentan, en la audiencia en la que la fiscalía se desistió de las acusaciones penales en su contra por el caso del Aero Show, estuvo recibiendo mensajes de texto del dirigente nacional priista, Manlio Fabio Beltrones, para corroborar que efectivamente se estaban desistiendo de la acusación.

Así que a los ribetes propios del asunto, se le añaden éstos de carácter político, del enfrentamiento entre el actual gobernador, César Duarte, y el exgobernador Baeza, que durante largas semanas del actual sexenio ocupó la atención pública, y que ahora se ha dejado de lado por la necesidad de enfrentar sin diferendos la campaña electoral.

Por ello, seguramente, Saldaña no ha resuelto si presentará una denuncia formal “Es algo que tengo que pensar, es algo que me he cuestionado, que yo he entrado en mis procesos silenciosos, dentro de mí, Emma Saldaña, y digo: Yo me he dedicado a la defensa de las mujeres, he trabajado en contra de la violencia, y si yo hubiera visto, de verdad, a una mujer que le hacen lo que a mí me hicieron, yo me hubiera visto obligada a defenderla”.

Y ese es el meollo del problema ¿Cómo quedan, ante la sociedad, los funcionarios públicos involucrados en este conflicto, si en lugar de actuar como se le aconseja a las mujeres violentadas, agredidas (en cualquiera de sus acepciones), en este asunto se deja de lado?

Lo que sorprende aún más es el ominoso silencio de los principales funcionarios del gobierno estatal que, tanto por la gravedad de las acusaciones, como por la calidad de la receptora de las agresiones (funcionaria del mismo gobierno y encargada del Ichimu) ni siquiera se haya emitido el menor pronunciamiento ni el anuncio del inicio de una investigación, que le esclarezca a la sociedad chihuahuense algo que de suyo es altamente preocupante y que ya mereció la atención de algunos medios de comunicación de difusión nacional, como el programa de Brozo, de Televisa, en el que la feminista Martha Lamas, consejera del Ichimu, ratificó lo que había declarado acerca del informe de Saldaña:

“Yo nunca había estado en un informe tan atípico en el que a los funcionarios se les dice en su propia casa sus verdades. El secretario de Desarrollo Social ha estado bastante grosero con ella. Fue muy valiente que (Emma Saldaña) denunciara eso y lo del juez golpeador. Es un informe democrático e inédito. Es un mensaje fuerte de una persona que ha estado trabajando y que reconoce que puede hacer su trabajo gracias al Movimiento de Mujeres”.

En el informe, Saldaña relató que César Duarte, conociendo su actividad previa en la agrupación “Fátima”, dedicada a la atención de víctimas del virus del VIH, decidió aprovechar “que el exgobernador José Reyes Baeza Terrazas dejó preparados los Centros de Justicia para las Mujeres (que son parte de la sentencia del Campo Algodonero) que se implementaron en esta administración” e invitarla a dirigir el instituto, “se arriesgó a ponerme”, dijo, con lo que se logró que Chihuahua sea la única entidad en el país que cuenta con esa infraestructura, como consecuencia del asesinato de Marisela Escobedo, cuya muerte, sostuvo, “generó políticas de género” en Chihuahua.

Presente en el acto, Lorena Cruz, directora del Instituto Nacional de Mujeres, elogió abiertamente el desempeño de la titular de la dependencia local, así como al “Movimiento de Mujeres de Chihuahua”, al que catalogó como “el más influyente en el país”, con lo que el asunto debiera convertirse en tema de esa dependencia, si existe la congruencia, y como método para prevenir la perpetuación de la violencia contra las mujeres, en cualquier ámbito de la vida social de Chihuahua.

Al día siguiente de la publicación de las notas informativas de la periodista Patricia Mayorga, el portal digital Laopción. com.mx, sin que viniera al cuento, publicó una nota en la que señaló que Mayorga pudiera estar envuelta en “líos judiciales” a raíz de que es una de las firmantes de la solicitud de un amparo, en el litigio que sostienen distintos periodistas, miembros del Colegio de Periodistas, acerca de la legítima representación de esa agrupación, en lo que pareció más un intento de desacreditar el trabajo realizado por la reportera, que de señalar un delito específico cometido por ésta, pues el portal adujo, para sustentar su dicho, que Mayorga habría mentido ante una autoridad judicial, por las cosas que se argumentan en el amparo señalado, lo que desató una andanada de críticas en las redes sociales y una manifestación de las organizaciones de mujeres, en la que pidieron la renuncia del secretario García, además de deplorar la publicación del mencionado digital.

Siendo, por tanto, un asunto que pone en entredicho lo hasta ahora realizado por la administración estatal, sorprende el silencio, porque, a pesar de todo, de los diferendos de Saldaña con García, con el magistrado Filiberto Terrazas, acusado de violencia doméstica –y de pasada, por este asunto, con el Poder Judicial– así como con Héctor Murguía, entonces alcalde de Juárez, (a quien acusó de ejercer violencia de género en su contra, a lo que Murguía respondería que “solamente una persona sumamente desequilibrada puede pensar que se trata de un conflicto de género”), el gobernador Duarte la ha sostenido en el cargo.

Y, además, porque es muy grave lo sucedido; porque el mensaje enviado a las mujeres de Chihuahua es que si a la titular de la dependencia encargada de combatir la violencia contra ellas le sucede lo aquí relatado ¿Qué pueden esperar las más humildes chihuahuenses?