La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, ofreció, a nombre de la institución, una disculpa pública a los sobrevivientes y familiares de víctimas de la guerra sucia, entre 1965 y 1990, “por sus omisiones (en administraciones anteriores) en la investigación de esos hechos, contribuyendo con ello al aplazamiento de la justicia por más de 22 años”, refiriéndose a las deficiencias de la primera recomendación en la materia en 2001.
Al hacer una revisión de seguimiento de la actual Recomendación 98VG/2023, que emitió en abril pasado sobre casos de violaciones graves a los derechos humanos durante el periodo de violencia política de Estado, destacó que es “una deuda histórica reivindicar a quienes fueron víctimas de esta situación”.
Llamó a las diversas autoridades recomendadas, entre ellas las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Inteligencia, el Gobierno de Guerrero, el Senado y el Archivo General de la Nación, a unirse para trabajar a fin de “resarcir el enorme daño social ocasionado a personas y colectividades enteras, y a todo el país”.
En el edificio sede de la CNDH, que desde hoy lleva el nombre del defensor de presos políticos, Marco Antonio Lanz Galera -quien fue asesinado en 1953-, Piedra Ibarra indicó que desde la primera administración de esta institución, presidida por Jorge Carpizo, se llevó a cabo “un montaje inmoral para entregar la investigación y resolución de los casos de desaparición forzada a los mismos que engendraron la violencia política, es decir, a torturadores, secuestradores y asesinos” pertenecientes a la antigua Dirección Federal de Seguridad, al desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entre otras.
Desde la misma CNDH, dijo, “se ocultó información valiosísima que hubiera sido útil para explicar las razones de la desaparición de algunas víctimas”, a cuyos familiares inclusive “se les amenazó, hostigó y obligó” para que desistieran de continuar su lucha.
En el acto al que asistieron víctimas, que la prensa sólo pudo seguir por internet, Piedra Ibarra ofreció la disculpa pública “al honor y dignidad de las 814 víctimas enunciadas en la Recomendación 98VG/2023” y de todas las demás, así como a sus familiares.
Anunció la presentación de una reforma interna para evitar que se emitan recomendaciones insuficientes o mal integradas.
También expresó que un plan de reparación del daño necesita dinero y, en este sentido, señaló: “indigna que persista el dispendio de recursos públicos que podrían ser usados para cosas mejores. Por ejemplo, los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que alcanzaron un monto de más de 20 mil y medio millones de pesos en 2022, de los cuales, más de 6 mil millones correspondieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Fuente: La Jornada
