Por Jorge Carrasco Araizaga
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció que los casos Odebrecht y la Estafa Maestra serán judicializados como asuntos de delincuencia organizada por tratarse de maquinaciones delictivas.
La misma lógica fue la que emprendió el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), antecedente de la FGR, Jesús Murillo Karam, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, en los inicios de 2013, cuando detuvo y procesó a la maestra Elba Esther Gordillo.
Ya sabemos en lo que acabó: un gran fracaso del ministerio público porque no pudo acreditar la acusación por delincuencia organizada. Al final de ese sexenio, la justicia federal ordenó la liberación de la dirigente sindical, que ahora viene por sus fueros, y recién ha ordenado la recuperación de sus bienes incautados.
En el informe que presentó el lunes a la prensa sobre sus primeros cien días en la FGR, el fiscal dijo que para el caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en México tuvo reponer la investigación con información reciente porque la PGR prácticamente no hizo nada durante el gobierno de Peña Nieto.
La inacción del gobierno anterior se explica fácilmente porque uno de los principales señalados es el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya. Los exejecutivos de la constructora que están bajo proceso penal en Brasil, han declarado que le entregaron 10 millones de dólares cuando era el encargado de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Peña Nieto.
La pregunta inevitable es si ese dinero o una parte fue a parar a la campaña presidencial del expresidente mexicano, como ocurrió en otros países latinoamericanos. Otra pregunta es si Odebrecht pagó sobornos desde que desembarcó en México, durante el gobierno de Felipe Calderón.
A diferencia de América Latina, donde los expresidentes y altos funcionarios implicados en la corrupción de Odebrecht han sido procesados, detenidos, encarcelados y algunos hasta han perdido a vida, en México el caso ha sido un homenaje a la impunidad.
Gertz Manero dijo que con la nueva información recabada, en dos meses el caso se presentará ante la justicia bajo la premisa de una maquinación delictiva.
Lo mismo hará con la Estafa Maestra porque el posible daño de cinco mil 875 millones de pesos, “no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y asilados unos de otros”, como lo delineó la desaparecida PGR.
Para el fiscal, “debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público”, en un delito que calificó “de Estado”.
Una investigación de ese tipo implica que se explique toda la estructura y forma de operar de quienes desviaron los recursos públicos desde las secretarias de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, además de universidades públicas.
Pero en ambos casos, la figura de delincuencia organizada parece forzada. De acuerdo con el catálogo de delitos previstos en la Ley de Delincuencia Organizada, Odebrecht y la Estafa Maestra no encuadran, tal y como pasó con Elba Esther Gordillo, por más que hayan sido acciones concertadas para delinquir.
Se trata de corrupción y colusión de funcionarios público con particulares. La acusación por delincuencia organizada no pasa de ser espectacular. Con el patrocinio de abogados curtidos en estas acusaciones, los responsables pueden terminar ganando, dejando con un palmo de narices a sus acusadores y a la sociedad.
Fuente: Apro
