Por Gerardo Galarza
Es preferible el caos que el derramamiento de sangre, ha planteado públicamente el Gobierno del Distrito Federal (GDF) ante los desmanes de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en su toma de la Ciudad de México, y la molestia, el reclamo y enojo de muchos de sus habitantes, principalmente los afectados en sus derechos y en los bienes de propiedad pública.
La disyuntiva gubernamental entre anarquía o represión es absolutamente falsa. De aceptarla, habrá entonces que preguntar: ¿Para qué sirve el gobierno?, entre cuyas funciones está aplicar la fuerza de las instituciones del Estado para garantizar la seguridad, las libertades y los derechos de todos los ciudadanos. Si el gobierno no sirve para eso, podríamos ahorrárnoslo, así, literalmente. Es demasiado caro para mantenerlo y más todavía cuando se vuelve un simple observador de cualquier acontecimiento y abdica al cumplimiento de sus obligaciones fundamentales.
La opción entre anarquía o represión (violenta, entiende el escribidor que se quiso decir en este caso, porque en buen español reprimir no es sinónimo de violencia) es, en el mejor de los casos, una buena ocurrencia para salir al paso a una pregunta en una entrevista de las llamadas “de banqueta”.
Dentro de cuatro meses se cumplirán 35 años de que Octavio Paz dijo con mucha osadía y virulencia que Carlos Monsiváis no era “un hombre de ideas, sino de ocurrencias”. Hoy la mayoría de los mexicanos somos simples hombres de ocurrencias sin el talento, la cultura y la sabiduría —claro está— del buen Monsi, si se acepta la descalificación paciana. A todos, comenzando por nuestros políticos, se nos ocurren lo que creemos son ideas brillantes, apotegmas históricos o frases para el mármol, soluciones mágicas, trucos magníficos e invisibles. Lo peor es que hoy, a través de los lavaderos de la vecindad electrónica, a los que se les llama “redes sociales”, así como de los medios de información tradicionales y “modernos”, tenemos la oportunidad de hacer pública cuanta ocurrencia… se nos ocurre. Nadie creemos que haya quien se ría a carcajadas de nuestras tonterías.
La ocurrencia de plantear la represión frente a la anarquía es una alternativa falsa, es decir, no es opción. En medio hay, como decía un antiguo comercial de un banco ya inexistente, un océano de posibilidades: la prevención, la contención, el diálogo previo, la negociación, la aplicación de la ley a quienes cometen delitos comunes con el pretexto del ejercicio de sus derechos, el respeto a los derechos de las mayorías, el trabajo de inteligencia que tanto se reclama… Imaginarlas, buscarlas, aplicarlas, ejercerlas, es responsabilidad de quienes ocupan cargos gubernamentales, sean federales, estatales o municipales; para eso fueron electos, para eso se les paga a ellos y también a sus asesores. Sus decisiones, por supuesto, afectarán para bien o para mal a sus gobernados, tendrán un costo político a favor o en contra. Faltaba más.
Si los ciudadanos debemos optar por el caos o la represión, olvidémonos de la democracia: dejemos que impere la ley del más fuerte o confiemos en que algún dictador nos ponga en orden. Por lo menos nos ahorraremos el gasto de las elecciones, los partidos, los políticos, algunas o muchas instituciones públicas; también perderemos nuestras libertades y nuestros derechos: podremos hacer lo que queramos mientras no enfrentemos a alguien que se nos imponga… con mayor violencia que la nuestra. Así de sencillo.
La lógica que practica la mayoría de los ciudadanos es simple. Si hay quienes pueden bloquear el libre tránsito en una ciudad como la de México, ¿por qué no puedo estacionarme donde yo quiera o en la doble o triple fila para dejar a mis hijos en la escuela? Ya hubo un hecho público así: al inicio del Maratón de la Ciudad de México, un ciudadano increpó al jefe de Gobierno del DF con ese argumento luego de que una grúa se había llevado su automóvil por obstruir el tránsito.
¿Con qué autoridad moral los gobernantes pueden aplicar cualquier ley cuando no se la aplica a otro individuo o a un grupo que la viola? ¿Cuántos delitos del orden común y federal (daños a terceros o a la propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, robos, ataques a las libertades de libre tránsito y al trabajo, quizá secuestros, fraude al erario por el cobro de un trabajo desempeñado, daños a la economía nacional y lo que podrían tipificar abogados y no simples ocurrencias del escribidor) se han cometido en las semanas recientes en la Ciudad de México? Ninguno de ellos ha sido denunciado ante un juez, por simple inacción del Ministerio Público (que depende del Poder Ejecutivo local o federal, según el caso). A esto, en español común y corriente, se le llama impunidad.
No, no se trata de madrear, golpear, herir, matar, desaparecer. Cierto: ya no estamos en 1968 ni en 1971. Aplicar la fuerza del Estado no significa “mancharse las manos de sangre”. Sí, de acuerdo, ni una gota más de sangre. Se trata del imperio de la ley, de establecer y mantener lo queJosé Woldenberg llama atinadamente el “orden democrático”. Digo, nada más se me ocurre.
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Fuente: Excélsior