El interrogatorio del FBI “parece haber sido realizado solo para obtener declaraciones falsas y por lo tanto criminalizar al Sr. Flynn”
Por Juan Carlos Sánchez*
El descubrimiento de un supuesto espionaje a cargo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) contra el exgeneral Michael Flynn, ha causado un escándalo que -conforme pasan los días sin explicación- tiende a acrecentarse como crisis institucional y política en Estados Unidos.
Una serie de documentos hechos públicos hace tan sólo dos semanas por la jueza Sídney Powell, abogada de Flynn, apuntan a nuevos indicios sobre la posible implicación de la cúpula del FBI en un delito de inducción al falso testimonio.
Entre los datos aportados por Powell destaca una nota escrita a mano por el ex jefe de contrainteligencia del FBI, Bill Priestap, después de una reunión mantenida con el entonces director del FBI James Comey y el subdirector de la agencia federal, Andrew McCabe, en la que se recoge un supuesto plan de los agentes para hacer que Flynn «admitiera haber violado la ley Logan».
Esta ley -cuya vigencia constitucional es debatible- prohíbe que los ciudadanos estadounidenses no autorizados participen ilegítimamente en nombre de la política exterior de Estados Unidos en el extranjero.
La ley Logan, aprobada bajo la presidencia de John Adams, en 1799, nunca había sido utilizada antes, pero se recurrió a ella por los agentes del FBI -según se desprende de los numerosos documentos que ha presentado Powell- para inculpar a al exmilitar Flynn si éste se “negaba” a reconocer sus conversaciones con el entonces embajador ruso Sergey Kislyak durante el periodo de campaña presidencial de Donal Trump.
En esta maniobra de contrainteligencia se cruzan algunas sospechas sobre complicidades internas entre funcionarios del gobierno de Barack Obama y altos directivos del FBI para controlar durante la pasada campaña presidencial los movimientos de prominentes miembros del equipo de Donald Trump, como era el caso del exgeneral Flynn.
A juzgar por las informaciones que ahora salen a la luz, hay numerosas interrogantes sobre los motivos por los que los altos cargos del FBI procesaron a Michael Flynn, quien también fuera director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), cargo que se vio forzado a dejar tras sostener numerosos desacuerdos con el presidente Obama durante la guerra de Afganistán e Irak.
El 24 de enero de 2017, Flynn, quien en ese momento era asesor de seguridad nacional de Trump, fue contactado por agentes del FBI para conocer el contenido de las conversaciones que éste había sostenido en diciembre de 2016 con el entonces embajador ruso Sergey Kislyak.
El FBI habría realizado estas averiguaciones, con la connivencia de la jerarquía del Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades del gobierno en funciones de Obama, en el marco de una operación de espionaje para investigar el alcance de las conversaciones entre Flynn y el diplomático ruso.
Según los expertos, aquella entrevista se convirtió en el escenario perfecto para que los agentes del Buro de Investigaciones cometieran una presunta trampa de perjurio.
La forma de actuar de los funcionarios federales es precisamente uno de los puntos sobre los que se espera que arrojen luz las notas y correos electrónicos internos del FBI, revelados por Powell. Entre los materiales destaca otra nota manuscrita en la que un funcionario pregunta sobre el procedimiento a seguir con Flynn: «¿cuál es nuestro objetivo? ¿Verdad/admisión o hacer que mienta, para que podamos procesarlo o despedirlo?».
El 13 de febrero del mismo año, Flynn renunció a su cargo en la Casa Blanca, acusado de engañar al vicepresidente Mike Pence y a otros altos funcionarios de la Casa Blanca sobre el contenido de sus entrevistas con Kislyak.
Diez meses más tarde, el 1 de diciembre, Flynn se declaró culpable de hacer declaraciones falsas en su entrevista con el FBI sobre sus conversaciones con Kislyak, en el marco de la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre la supuesta intromisión de Rusia en los comicios de Estados Unidos en 2016.
Concretamente, el exgeneral norteamericano fue acusado de mentir a los investigadores federales sobre sus supuestas conversaciones con el diplomático de Moscú acerca de la posibilidad de levantar las sanciones impuestas por el gobierno de Obama a Rusia, antes de que Trump llegara a la Casa Blanca.
La confusa tramitación judicial del caso hizo aflorar una trama de dossiers políticamente manipulados y filtraciones coordinadas provenientes de la cúpula que dirigía entonces el FBI, y que ha llevado a algunos líderes políticos a cuestionar la existencia de una sectaria campaña de contrainteligencia practicada por la agencia durante el periodo que estuvo bajo las órdenes de Comey, al servicio de la administración de Obama.
Tras el interrogatorio con los agentes del FBI, y más tarde durante las 19 entrevistas que sostuvo Flynn con el equipo de Mueller, en el que sus derechos constitucionales podrían haber sido vulnerados, no han trascendido pruebas fehacientes del delito por el que se le acusa.
Por tanto, en su testimonio de culpabilidad emergen contradicciones que apuntan a una posible manipulación intimidatoria de sus respuestas. Con base a un relato de testimonios falsos, Flynn podría haber sido objeto de una pretendida presunción de culpabilidad, perniciosa para su presunción de inocencia.
La jueza Sídney Powell ha sido muy contundente al respecto: Flynn ha sido “deliberadamente engañado e incriminado por agentes corruptos de la cúpula del FBI”.
En esa misma línea, entre abril y mayo de 2018, los republicanos que formaban parte del Comité de Inteligencia de la Cámara redactaron un informe sobre los resultados de la investigación sobre Rusia, en el que señalaban que los agentes del FBI no creían que Flynn hubiese mentido intencionalmente sobre las conversaciones con el embajador de Rusia.
El ambiguo argumento esgrimido entonces por el exdirector del FBI, James Comey, ante la Cámara de que «los agentes … no detectaron indicios físicos de engaño «, pero sobre todo de que “no vieron nada que les indicara que sabía que les estaba mintiendo», lo único que consiguió fue hacer más evidente lo maquiavélico que pudo haber sido este proceso de espionaje, en la que los hilos que se manejaron durante la operación apuntan hacia muy arriba.
En agosto de 2019, la nueva abogada de Flynn, Sidney Powell, interpuso un recurso en el que solicitaba un aplazamiento de la sentencia, por considerar que existían archivos y documentos que eran vitales para la defensa de su cliente.
Dos meses más tarde, los abogados del Departamento de Justicia, Brandon Van Grack y Jocelyn Balantine, además de la Fiscal Federal del Distrito de Columbia, Jessie Liu, cuestionaron la demanda planteada por Powell al entender que sus solicitudes de información eran «irrelevantes”, en tanto ya se le había entregado toda la información requerida.
El 25 de octubre de 2019, Powell presentó una moción en la que afirmaba que agentes del FBI habían manipulado el borrador inicial del informe 302, prueba originaria utilizada para acusar a Flynn de mentir a la agencia.
Días después, Powell fue más allá y solicitó al juez de distrito de los EE. UU., Emmet Sullivan, que el gobierno entregase los documentos que podrían demostrar la inocencia de Flynn. La abogada pidió además que el caso fuese desestimado por conducta indebida del gobierno. Sullivan rechazó la petición.
A principios de 2020, Michael Flynn pidió a un juez federal que le permitiera retirar su declaración de culpabilidad por mentirle al FBI, afirmando que fue coaccionado a prestar falso testimonio como parte de una campaña para desacreditar a Trump.
A partir de este momento, el proceso se ha visto afectado por una inaceptable práctica de maniobras dilatorias, además de numerosos enfrentamientos en el ejercicio de las competencias en materia jurídica, en la que debiera ser predicable, de quienes ejercen un poder del Estado, un mínimo juicio de ética en el funcionamiento y competencias específicas de cada una de las entidades implicadas en la investigación.
Finalmente, el pasado 7 de mayo, el Departamento de Justicia decidió retirar los cargos penales contra Michael Flynn, al determinar “de conformidad con los Principios de la Fiscalía Federal y con base a una revisión exhaustiva y cuidadosa de las circunstancias, que el enjuiciamiento continuo de este caso no serviría a los intereses de la justicia».
Las manifestaciones de rechazo por un amplio sector de la opinión pública norteamericana a los cargos de culpabilidad imputados a Flynn han puesto de manifiesto la contradicción en la que vivió atrapado el Buró Federal de Investigaciones bajo la gestión de Comey: la de liderar una investigación que fue utilizada evidentemente con fines políticos, a la vez que prestarse a especular irresponsablemente con el prestigio de una institución con 112 años de servicio al estado de derecho.
Refiriéndose a lo que podría ser un claro ejemplo de maniobra procesal torticera, el Departamento de Justicia ha indicado en una nota reciente que el interrogatorio del FBI “parece haber sido realizado solo para obtener declaraciones falsas y por lo tanto criminalizar al Sr. Flynn”.
Mientras Comey y sus agentes se mostraban intransigentes con el general Flynn sin mostrar el más mínimo pudor para saltarse las normas, la exoneración de Hillary Clinton de cualquier cargo judicial por su temerario manejo de información confidencial del gobierno federal disparó las alarmas en círculos políticos y judiciales estadounidenses que han criticado una presunta dependencia del FBI a un sector del poder político a la hora de investigar y sancionar delitos en función de la ideología de quien los comete.
Sin vulnerar su presunción de inocencia, tan importante es dilucidar si Comey y su equipo cometieron un delito en el manejo del caso Flynn, como dejar claro que la mentira -si las pruebas así lo demuestran- es incompatible con una institución clave en la defensa de la democracia norteamericana, como es el FBI.
El deterioro de la imagen de esta institución no puede ser ajeno al protagonismo público de algunos funcionarios más dados al espectáculo que al ejercicio de sus responsabilidades profesionales.
Fabricar trampas de perjurio bajo la excusa de salvar al país de la intromisión de una nación extranjera es romper el principio de separación de poderes, menospreciar a los tribunales e imponer una mentira inaceptable a la opinión pública.
De confirmarse la autenticidad de los documentos, la nueva dirección del FBI tiene que explicar si Comey y los otros funcionarios implicados prepararon una argucia inculpatoria contra Flynn con la intención evidente de urdir pruebas para perjudicar al gobierno de Trump, colocándolo en situación comprometida frente a la opinión publica.
Utilizar a los agentes federales, que solo pueden investigar hechos delictivos bajo orden judicial, para dañar a rivales políticos y entorpecer investigaciones es tan grave que no solo existen responsables directos -los que dictaminaron que se realizasen-, sino también todos aquellos que, teniendo competencias políticas, consintieron que esta guerra sucia ocurriese bajo su mandato. La ilegalidad, la obstrucción a la justicia y el abuso del poder quebrantan la legitimidad, la confianza y la seguridad en las instituciones.
¿Qué pasaría si el FBI se negase a investigar a fondo este caso, después de los documentos revelados? Las respuestas son obvias. El FBI podría querer encubrir la trampa de perjurio que habría partido de altos cargos de la agencia federal con la finalidad de ganar tiempo, bien para borrar las huellas del delito o bien para dificultar la investigación de Sidney Powell.
En un comunicado reciente, el director de Buro Federal de Investigaciones, Christopher Wray, ha ordenado una revisión interna de la investigación sobre Miachael Flynn.
Solo investigando hasta el último detalle a todos los implicados, sin importar hasta dónde se llegue en cada uno de los departamentos del FBI y del gobierno, se podrá resarcir, y solo en parte, el perjuicio que podrían haberle causado a una institución esencial para preservar el Estado democrático.
El 24 de marzo de 2019, el Fiscal General de EE. UU., Bill Barr, afirmó en la presentación del informe de conclusiones sobre la investigación de la trama rusa que el asesor especial Robert Mueller «no descubrió que en la campaña de Trump, y de cualquier otra persona asociada con ella, se hubiese conspirado o coordinado con los rusos en acciones de piratería durante las elecciones presidenciales de 2016”, a pesar de que existieron “múltiples ofertas de individuos afiliados a Rusia para ayudar a la campaña de Trump” .
El caso Flynn no sólo ha arrojado dudas sobre el relato inculpatorio. También ha puesto la lupa en la responsabilidad política del caso.
Ignoramos qué peso pueda haber tenido en esta operación el expresidente Barack Obama a la hora de ordenar -o encubrir- una investigación dirigida al acoso, derribo y linchamiento del ex general Michael Flynn para socavar los cimientos de las instituciones democráticas.
Pero no cabe duda de que los nuevos documentos revelados han trastocado las expectativas del gobierno demócrata y de algunos medios de prensa afines, convirtiéndose en una losa para la cúpula del anterior ejecutivo, sobre el que se cierra un círculo de supuestas responsabilidades penales y políticas.
No es cuestión de prejuzgar, porque no hay pruebas concluyentes al respecto, pero al hilo de las nuevas revelaciones se demuestra que esta investigación judicial en la que se utilizó la inteligencia del Estado para fines políticos, encierra claves fracturas y enfrentamientos que van saliendo a la luz a pesar de una narrativa sectaria de ocultación de la información.
Afortunadamente, pese a la ausencia de responsables políticos, la finalidad de los procedimientos utilizados ha quedado acreditada durante el procesamiento de Flynn. Por ello, nadie puede dudar que el presidente Obama y el vicepresidente Biden estaban -como menos- informados de lo que estaba ocurriendo, y que el Departamento de Justicia que estaba bajo las órdenes de Obama presuntamente engañó al tribunal de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), al coordinar estrategias de espionaje contra la campaña de Trump y su equipo de transición.
Asumir responsabilidades sin esperar a que los jueces hagan su trabajo no solo dignifica a los funcionarios implicados, sino que atenúa la gravedad de los hechos y mantiene la confianza de los ciudadanos y la credibilidad de los representantes constitucionalmente elegidos.
¿Quedará el caso Flynn en una simple operación de desgaste electoral contra el partido demócrata o se llevará hasta sus últimas consecuencias para demostrar la posible implicación de los oficiales de la administración de Obama en una operación de espionaje y de infamias al servicio de una agenda política?
Hasta el momento no han trascendido los nombres de los agentes y políticos responsables, pero el proceso que se ha seguido contra el ex asesor de Seguridad Nacional ha ido revelando con claridad la forma alargada que podrían tener las sombras del poder en este inverosímil caso.
* Juan Carlos Sánchez es escritor, periodista, analista y consultor en comunicación corporativa. Sus columnas de opinión se publican en diferentes medios de prensa de España y Estados Unidos.
Fuente: PanamPost
