Los alcaldes de las dos ciudades más grandes de EU lideran una coalición de una treintena de ayuntamientos progresistas contra el intento republicano de frenar a la acción ejecutiva de Obama
La acción ejecutiva para aliviar la situación de más de cuatro millones de inmigrantes, que el presidente Barack Obama anunció el pasado 20 de noviembre ha recibido el apoyo entusiasta de los alcaldes progresistas de algunas de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Al mismo tiempo, está amenazada por una denuncia elaborada por el Partido Republicano y que respaldan 25 estados, liderados por Texas. Este miércoles, una treintena de alcaldes acordaron presentar un informe al tribunal en defensa de la reforma migratoria.
La acción ejecutiva del presidente, que debería entrar en funcionamiento en abril, es la reforma más importante del sistema migratorio en más de dos décadas aunque está lejos de solucionar el problema de la irregularidad. Evitará la deportación de padres de ciudadanos estadounidenses que cumplan ciertas condiciones y les dará un permiso de trabajo, y prolongará el programa DACA para menores inmigrantes. Se calcula que más de cuatro millones de personas, de los 12 millones de sin papeles que viven en Estados Unidos, se beneficiarán de estas medidas.
En el caso de la demanda de los republicanos estas ciudades se presentarán bajo la forma de amigo de la corte, una figura judicial que permite a personas ajenas a un caso participar como asesor de una de las partes, con un informe en el que argumentan que la acción ejecutiva de Obama es de una enorme utilidad para el país. El informe “demostrará al tribunal que la acción ejecutiva beneficia a las ciudades al dar permiso de trabajo a millones de personas, elevar los ingresos fiscales y estimular las economías locales, facilitando la implicación cívica de los inmigrantes, manteniendo unidas a las familias y mejorando la seguridad pública al reforzar nuestros barrios y comunidades”.
Esta es la primera iniciativa ante el tribunal desde el punto de vista local, tras una iniciativa similar por parte de 12 estados que ya se han personado en la causa con otro informe para demostrar los beneficios de la reforma para EE UU.
La iniciativa está liderada por los alcaldes de Nueva York, Bill De Blasio, y Los Ángeles, Eric Garcetti, las dos ciudades más grandes de Estados Unidos y con más inmigrantes irregulares en sus economías. “Nuestra misión es urgente”, dijo DeBlasio este miércoles durante la reunión de la Conferencia de Alcaldes de EE UU en Washington. “Retrasar la implantación de la acción ejecutiva del presidente (a través de posibles medidas cautelares consecuencia de la denuncia republicana) dañará más a nuestras familias, impactará negativamente en nuestra economía y creará una inseguridad innecesaria en nuestras comunidades”.
El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, añadió que las grandes ciudades “no se pueden permitir retrasos en reformas de inmigración que fortalecen nuestra economía y ayudan a las familias”. “Esto no es una cuestión roja o azul, es humana y económica”.
Las ciudades que se han adherido a la iniciativa (28 más 5 que están pendientes de aprobación) suman 28,2 millones de habitantes, de los cuales 7,5 millones son inmigrantes, según la nota difundida el viernes por la oficina de DeBlasio.
Tanto Nueva York como Los Ángeles son dos administraciones volcadas en la protección, en la medida de lo posible, de una enorme comunidad migrante irregular que en buena medida sostiene la economía de la calle. De Blasio ha liderado la acción de los alcaldes progresistas desde que en diciembre convocó una cumbre de alcaldes que llamó Ciudades Unidas por la Acción Migratoria. Garcetti inauguró su mandato como alcalde en 2013 creando la primera Oficina de Asuntos Migratorios. La directora de este servicio, Linda López, recorre la ciudad desde el día que se anunció la reforma migratoria, dando detalles, consejos, asesoría y alertando contra posibles fraudes en el papeleo.
Precisamente la lucha contra los fraudes es una batalla de toda la ciudad. El fiscal de Los Ángeles, Mike Feuer, anunció en diciembre un plan para coordinarse con el colegio de abogados de la ciudad, asociaciones de inmigrantes y autoridades de consumo del Condado para detectar y denunciar cualquier intento de estafa a los aspirantes a beneficiarse de la reforma. Feuer puso su oficina a disposición de los inmigrantes irregulares, un colectivo que en general no desea ningún contacto con la ley.
Fuente: El País
