El nuevo fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, es primo del consejero jurídico de Enrique Peña Nieto e hijo del titular de la Sedena con Ernesto Zedillo.
José Luis Cervantes Martínez, hijo del secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Ernesto Zedillo, Enrique Cervantes Aguirre, y primo de Humberto Castillejos Cervantes, exconsejero jurídico de Enrique Peña, y de Alfredo Castillo Cervantes, exprocurador mexiquense, comisionado especial en Michoacán y extitular de la Conade, fue designado fiscal general de justicia del Estado de México para los próximos nueve años.
El ungido se desempeñaba, desde el primero de febrero de 2019, como magistrado del Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal con sede en Texcoco; en 2015 fue nombrado magistrado del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal con sede en Tlalnepantla a propuesta, “por cuota” y sin carrera judicial, del entonces gobernador Eruviel Ávila.
A nivel federal, fue jefe para Asuntos Especiales en la Secretaría de Relaciones Exteriores y encargado de Proyectos Especiales. También integrante de la agregaduría Regional en San Antonio, Texas, y agregado regional adjunto y encargado del despacho en la Agregaduría Legal en Washington D.C.
Dentro de la administración estatal, fungió como subprocurador Regional de Justicia en Tlalnepantla, fiscal Regional en Tlalnepantla y subprocurador General de Justicia del Estado de México.
El nuevo fiscal fue avalado por unanimidad por la Legislatura mexiquense, de entre la terna del gobernador Alfredo del Mazo integrada además por Edmundo Garrido, exprocurador de Justicia del Distrito Federal con Miguel Ángel Mancera, y por Rodrigo Archundia Barrientos, coordinador Antisecuestros de la Fiscalía de Edomex.
De la terna quedaron excluidas las cuatro mujeres que pasaron a la etapa final del proceso de selección, de una lista de diez candidatos integrada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Impugnarán su nombramiento
La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) A.C. anticipó que impugnará el proceso de designación por faltar al principio de paridad de género y por no presentar como requisito obligatorio la certificación de confianza de los candidatos, como lo obliga el marco jurídico que rige el sistema de justicia oral, adversarial y acusatorio.
También promoverá una lluvia de amparos contra la determinación, pues además lo consideran corresponsable de los altos índices delictivos en la entidad, corrupción e impunidad en el sistema de justicia estatal y en la fabricación de falsos culpables.
Fuente: Apro
