Por Javier Valero Flores
Durante décadas, los juarenses solicitaron en todos los tonos (hasta el extremo de un alcalde, Francisco Villarreal, en huelga de hambre) por hacer que los recursos ingresados a través del peaje en los puentes fronterizos fueran patrimonio de los habitantes de la frontera.
Se sabía que no eran pocos, al contrario, por las cuentas presentadas, ascendieron a alrededor de 250 millones de pesos el año anterior, lo que hace prever que no sólo se mantendrán, sino que aumentarán en el curso de los años, merced al crecimiento poblacional y económico.
Pues bien, el gobernador César Duarte obtuvo del presidente Peña Nieto que, ¡Por fin! le fueran entregados a Chihuahua, pero no a Juárez.
El fideicomiso creado para administrar esos recursos será controlado por el Gobierno del Estado, gracias a la composición de su órgano de gobierno, de tal manera que los recursos serán canalizados a donde decida, en la práctica, la administración estatal, los que, incluso cuando ésta y la municipal sean de la misma extracción partidista, no dejará de haber diferendos, ahora imaginémonos cuando procedan de partidos políticos distintos.
Bueno, pues esa es una discusión, más polémico resulta si, apenas aprobada por el gobierno federal la cesión de los derechos, el gobierno de Duarte ya obtuvo del Congreso del Estado (cuya mayoría, solícita, lo aprobó de inmediato) autorización para tramitar un préstamo de hasta 2 mil millones de pesos, que servirán para pagar el adeudo de uno de los puentes, por alrededor de 250 millones de pesos y el resto será destinado a “obras de infraestructura”, así dicho, de manera tan genérica, por medio de bonos que se pondrán a la venta en el mercado de valores, del mismo modo que los del fideicomiso carretero, y que terminarán de pagarse en su totalidad en 30 años, es decir, en el ¡2046!
¡Bonito negocio, el gobierno actual obtiene recursos para efectuar obra o “completar” su presupuesto anual, el último, a cambio de negarle el acceso a esos recursos a 10 administraciones municipales, sin que se sepa, bien a bien, cuáles serán las obras a construir, de las que la administración municipal sólo será testigo!
¿De qué sirve reiniciar el debate acerca de si es deuda o no este nuevo financiamiento?
Los hechos son más que contundentes: el Estado de Chihuahua recibió la concesión de los puentes, lo que implicaría un ingreso anual extra por más de 250 millones de pesos –¡Poco menos del 10 por ciento del presupuesto anual del municipio de Juárez!–, pero se negoció un financiamiento por 2 mil mdp y durante 30 años no se podrá acceder a ese ingreso anual y solamente a los excedentes de esos ingresos. ¿Es deuda? ¿O no es deuda sólo porque no se afectan las participaciones federales?
La respuesta es más que obvia.
La discusión es de fondo. ¿Debe un gobierno adquirir un endeudamiento de tales dimensiones, de pago a tan largo plazo, cuando sólo le restan 10 meses? ¿Empieza a repetirse el esquema de otras entidades, como el de Colima que, a sólo unas semanas del término de la gestión, solicitó un nuevo crédito por más de mil 500 mdp, lo que elevó la deuda en un 35-40 por ciento?
La respuesta no puede ser, no puede aceptarse, que, frente al monto total del presupuesto del gobierno de Chihuahua, cantidades como las aquí mencionadas no son importantes.
No, no pueden ser significativas –aunque sea discutible– para las finanzas estatales, pero para el ayuntamiento serían, ciertamente, muy importantes.
¿Cómo puede ser negocio recibir 2 mil mdp, a cambio de dejar de recibir alrededor de 7 mil 500 mdp?
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