Hay que atender causas y efectos de la violencia
Por Francisco Javier Pizarro Chávez
La concepción de seguridad pública no puede limitarse a la penalización y/o castigo del delito.
La delincuencia y la violencia que se vive en México es multifactorial, lo que demanda que el Estado —gobierno federal, estatal y municipal.— atienda las causas sociales que las generan y cuenten con una coordinación interinstitucional integral en lo que se refiere no solo al combate y penalización del delito, sino también a la prevención del mismo y la reinserción social de quienes lo cometen.
Para los expertos en la materia, estos son los ejes fundamentales que los gobernantes deben impulsar para poner freno a la inseguridad y violencia que enfrenta México.
Para lograrlo es imprescindible, en primera instancia, atender los factores sociales que son caldo de cultivo como es la marginación y la pobreza, la falta de acceso a la educación y los servicios de salud, el sano esparcimiento y recreación y desde luego el desempleo.
Estas causas son los que propician y alimentan las conductas antisociales como el robo, el consumo de drogas legales e ilegales, la desintegración familiar y la violencia, en sus diversas expresiones, lo cual inexorablemente devienen tarde o temprano, en delitos de alto impacto, como el secuestro, la extorsión, asaltos, feminicidio y homicidios.
La más compleja y ardua expresión de la inseguridad y la violencia, es la de los grupos de la delincuencia organizada, los cuales incurren en el narcomenudeo, el tráfico de drogas a Estados Unidos y el de armas del vecino país a México, el tráfico de percusores para la elaboración de drogas sintéticas, la trata de personas, el lavado de dinero, el huachicoleo, masacres brutales de sus rivales, para preservar el control del territorio en que operan.
La estrategia de contención al crimen organizado puesto en marcha por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fracasó.
Al paso de los años los grupos de narcotraficantes se expandieron a lo largo y ancho de la República y se convirtieron en un auténtico desafío a la seguridad interior del país.
Los grupos de narcotraficantes han afectado severamente la actividad productiva de la economía regional, obligado a miles de familias a emigrar de su territorio y asesinado a un cuarto de millón de ciudadanos y desaparecido alrededor de 45 mil hombres y mujeres.
También los cárteles de la droga y se coludieron con las corporaciones policiales, corrompieron a fiscales, ministerios públicos y jueces, y socavaron la legitimidad del Estado y sus instituciones de los tres niveles de gobierno, los cuales perdieron el control territorial, social y político del la mayoría de las entidades federativas y municipios del país.
En este contexto, es absurdo y ridículo que ahora, los partidos políticos, legisladores, organizaciones de derechos humanos y gobernadores y Alcaldes endosen la responsabilidad de esta crisis humanitaria al Presidente de la República y lo reten a resolverla a escasos 4 meses de asumir el poder.
No se hagan bolas. Hay que atender tanto las causas sociales que dan origen a la inseguridad y la violencia, como diseñar una estrategia coordinada interinstitucional no solo de contención sino también de desmantelamiento del crimen organizado.
Corresponde al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también a los gobernadores y presidentes municipales sanear el entorno social mediante la puesta en marcha de políticas públicas que contribuyan a resolver en el corto plazo, la pobreza extrema en que vive mas del 50 por ciento de los mexicanos.
Los legisladores y el poder judicial son corresponsables de adecuar el ordenamiento jurídico y sancionar a fiscales, ministerios públicos y jueces que incumplan con las normas penales que la comisión de un delito conlleva, con apego a la concurrencia de la conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos civiles y oficiales, deben velar que las penas y medidas de seguridad no violenten la dignidad e integridad de víctimas y victimarios, denunciar y sancionar los actos de tortura y los abusos.
Finalmente pero no por ello en última instancia, es fundamental diseñar los ámbitos de competencia y de alcances tanto de las Policías estatales y municipales, como de la Guardia Nacional.
En mi modesta opinión, los policías deben hacerse cargo de la seguridad pública y los de la guardia nacional de la Seguridad Interior.
De no ser así, seguirá prevaleciendo la desorganización e ineficiencia de quienes deben velar por la paz social, la justicia, la seguridad pública y la seguridad interior.
Veremos y diremos que ocurre.
