Por Gustavo De la Rosa Hickerson
En Juárez, durante la inmediata posguerra contra el narco, una serie de aprehensiones y enjuiciamientos indebidos dieron pie a decenas de casos terribles de injusticia.
El caso de Don Víctor, en particular, me viene a la mente. Fue un hombre muy trabajador y emprendedor desde antes de siquiera cumplir veinte (hace más de cincuenta años), se inclinó por el comercio y descubrió, al igual que muchos otros, que esta ciudad es muy generosa para los que trabajan de sol a sol, generosa en trabajo y Sol.
Arrancó una tienda de botas y sombreros y, conforme lo hacía la ciudad, fue extendiendo su negocio; pasó el tiempo, los hijos crecieron y los educó a su manera. Ya a los 60 años empezó a sentir el cansancio de la vida debido al diabetes que lo fue dejando incapacitado sistemáticamente, de tal suerte que cuando se vino la guerra en 2008, Don Víctor decidió dejar los negocios a sus hijos, heredándoles lo único que tenía: una vida basada en el esfuerzo.
En sus últimos años perdió la vista pero aun así, acostumbrado al barullo de su primera tienda ubicada en pleno Centro de la ciudad, exigía a sus vástagos que lo trasladaran al negocio, donde pasaba las jornadas sentado tras su escritorio (del que alguna vez dirigió la empresa) disfrutando de los olores, ruidos, sabores y pregones del entorno inmediato, platicando con los amigos que pasaban a saludarlo.
Desde ese trono jubilado escuchó cuando sus hijos fueron víctimas de numerosas extorsiones, que como nudo ciego los asfixiaban con miedo, angustia y coraje entremezclados, y todo lo que batallaron para salvarse de ellas. Él se sentía incapaz de defender el patrimonio y prefería guardar silencio, apenas comentando a sus amigos cercanos: “confío que los muchachos lo resuelvan sin arriesgar su vida, que al fin ya están maduros”.
Un día llegó una niña, de menos de 18 años, a pedir trabajo. Entregó a Don Víctor su solicitud para que “se la diera al encargado”, él la recibió y la puso sobre el viejo escritorio, la muchacha no volvió. Días después fue declarada desaparecida, como han desaparecido impunemente cientos de mujeres en Juárez.
Pasaron algunos meses y la autoridad encontró los restos óseos de la niña, junto con los de 20 mujeres más, en el arroyo “El Navajo”, en el Valle de Juárez, al que fueron arrojadas luego de ser asesinadas.
En sus investigaciones, la Policía descubrió una red de trata de mujeres ligada con el hallazgo, que las explotaba desde un hotel en la parte norte de la zona Centro, a más de dos kilómetros de donde tenía su tienda Don Víctor.
Los agentes supieron que ella pidió trabajo en el comercio, los hijos de Don Víctor les entregaron los videos de la visita que hizo la menor y los videos posteriores donde se mostró que nunca regresó.
Un tipo detenido, parte de la red de delincuentes, declaró bajo tortura en un segundo interrogatorio que un hombre apodado “El Chino”, de unos cincuenta años y bastante alto, les enviaba las víctimas desde la tienda (en una primera declaración que la Fiscalía mantuvo fuera de la carpeta de investigación, no menciona tal circunstancia).
En una actuación muy discutible, el juez de Garantía vinculó a proceso a Don Víctor. Las penas de la familia, que ya había pasado por el terror de la extorsión y el miedo a los asaltos, se convirtieron en calvario. Mientras enfrentaban las etapas del proceso, debían llevarle los medicamentos a su padre, cosa complicadísima porque los penales tienen muchos candados para que lleguen los requerimientos legales a los internos.
Supieron y a veces pudieron ver cómo el patriarca de la familia fue perdiendo la vida día con día, hasta que, el 2 de enero y acompañado por alguno de sus hijos, murió tras ser trasladado de la cárcel a la sala de urgencias del hospital, donde tardaron horas en atenderlo.
Cuando vemos cómo el Gobierno está enfrentando a la delincuencia en Michoacán y lo comparamos a cómo lo hizo en Juárez, con muchos negritos en el arroz, concluimos que sí puede hacerlo pero hay sitios donde no quiere, y después se le convierte en crisis como está sucediendo en el Estado de México y Morelos.
Sólo tiene que tomar una decisión: incumplir con todos los contratos de protección que tenían los políticos con los delincuentes y perseguirlos, ya después velaremos los políticos que fueron incapaces de medir sus facultades.
El gran problema es que, en esa decisión de enfrentar a los delincuentes, el modo preferido de las policías mexicanas es a la manera de John Wayne en el Viejo Oeste, detener y encarcelar a todo aquel que sea o parezca y darle valor judicial a todo tipo de informaciones, sin profundizar en la investigación que valide las declaraciones de los implicados. Esa justicia de emergencia da pie a muchas injusticias y aumenta el dolor de los habitantes de las zonas en conflicto.
Priorizar la eficacia policiaca sobre el estado de Derecho suele hacer más terrible la tragedia que soportamos los sobrevivientes.
La familia de Don Víctor ha sufrido tanto dolor que ya no tiene pecho para guardarlo, lo expulsan en forma de lágrimas y sollozos secos cuando viajan entre instituciones y dependencias, narrando lo qué les sucedió, tratando de reparar el prestigio de su padre.
