Luis Alfonso Lugo/ AP
Las demoras en la tramitación de una ley que resuelva la situación de unos 11 millones de extranjeros que viven en Estados Unidos sin un status migratorio legal y la política de deportaciones masivas del gobierno son una combinación nefasta que genera enorme frustración entre los impulsores de una reforma integral a las leyes de inmigración.
El Congreso estadounidense comenzará el viernes su receso veraniego sin haber definido el futuro de los inmigrantes sin papeles, que enfrentan a diario el riesgo de ser deportados. Para peor, el presidente Barack Obama no está dispuesto a apelar a una orden ejecutiva para suspender las deportaciones de personas que podrían acogerse a una reforma una vez aprobada.
Activistas protestaron la semana pasada frente a la Casa Blanca para exigir una suspensión de las deportaciones, que han alcanzado un promedio de 1.100 personas diarias, el nivel más alto de la historia. Una de las pancartas mostraba el rostro de Obama con la inscripción “Comandante de las Deportaciones”.
“Es mentira que el presidente no puede hacer nada para parar las deportaciones. Lo puede hacer ya mismo si quiere”, declaró a la Associated Press Marisa Franco, integrante de la Red Nacional de Jornaleros, una de las agrupaciones que organizó la manifestación frente a la Casa Blanca.
Obama emitió el año pasado una orden ejecutiva por la cual se suspendieron las deportaciones de los “dreamers”, o soñadores, como se denomina a los jóvenes que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños. Pero no quiere emplear el mismo recurso con el resto de los inmigrantes sin papeles a la espera de que se apruebe una reforma.
Al preguntarle si apelaría a una orden ejecutiva para suspender deportaciones en caso que el Congreso no apruebe una reforma migratoria, Obama respondió este mes a Univision que “probablemente no. Creo que es muy importante para nosotros reconocer que la manera de resolver este problema tiene que ser por la vía legislativa”.
Y el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, uno de los ocho autores del proyecto de ley aprobado por el Senado, dijo a su vez a AP que sería un “error enorme” buscar una orden ejecutiva porque “suspendería un porcentaje muy pequeñito de deportaciones” y porque “el tiempo no es ilimitado para pasar la ley (de reforma migratoria). Si no la pasamos en este congreso, no creo que la vayamos a ver en mucho tiempo”.
Desde 2008 y hasta 2012, las deportaciones ascendieron hasta ubicarse levemente por debajo de las 400.000 anuales, comparado con las 200.000 registradas en 2007, la cifra más alta durante los dos periodos del presidente republicano George W. Bush.
La Alianza por la Naturalización, una coalición de al menos 60 organizaciones a favor de una reforma migratoria que incluya la opción de la naturalización para los inmigrantes sin papeles, anunció el miércoles que hasta la fecha ha realizado 86 eventos que buscan convencer a legisladores escépticos de que aprueben la reforma.
Clarissa Martínez, directora de Inmigración en el Consejo Nacional de la Raza, dijo en conferencia de prensa que la Alianza por la Naturalización planea realizar durante el receso primaveral 360 eventos en 51 distritos electorales que podrían generar 500.000 solicitudes a congresistas para que voten a favor de la reforma.
La reforma, mientras tanto, tropieza con varios obstáculos. Algunos grupos han expresado su malestar por lo que consideran una excesiva inversión de 49.000 millones de dólares en seguridad fronteriza estipulado en el proyecto de ley del Senado a cambio de que los inmigrantes sin papeles se puedan naturalizar.
De hecho, una treintena de organizaciones pidieron la semana pasada a miembros de la cámara baja descartar el proyecto del Senado porque consideran que sus restricciones terminarían impidiendo la legalización de una cantidad importante de los 11 millones de inmigrantes sin papeles.
La treintena de organizaciones incluye a Presente.org, Casa Aztlán de Chicago y Hermandad Mexicana.
Christian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, dijo a AP que considera un “grave error” el haber incluido a última hora en el proyecto del Senado una enmienda presentada por los republicanos John Hoeven (Dakota de Norte) y Bob Corker (Tenesí).
La medida, que incluye duplicar la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza, extender la cerca 1.100 kilómetros (700 millas) e invertir 49.000 millones de dólares en equipos como aviones no tripulados, radares y monitores antisísmicos a lo largo de la frontera con México “permitió que el debate en la cámara baja se volcara sustancialmente hacia más restricciones para la inmigración ilegal sin alcanzar la meta expresada por sus autores de lograr una aprobación con 70 votos”, dijo Ramírez, cuya organización no se pronunció en contra del proyecto de ley.
Pero al conversar con AP, el senador Menéndez defendió la inclusión de la medida Corker-Hoeven, explicando que “en ese momento no teníamos siquiera 60 votos y había dos demócratas que aún no habían votado a favor. Sin esa enmienda no habríamos pasado de 59 votos aun incluyendo a todos los 54 demócratas”.
El proyecto de ley fue aprobado con 68 votos a favor, de 100 posibles.
Pese a que el Senado aprobó en junio un proyecto de ley que otorga a los inmigrantes sin papeles la opción de la naturalización, la Cámara de Representantes mantendrá en el limbo a la reforma migratoria al menos hasta cuando sus miembros reinicien actividades tras el feriado del Día del Trabajo que los estadounidenses celebran el primer lunes de cada septiembre.
La mayoría republicana en la cámara baja no someterá a votación la versión aprobada por el Senado y se ha mostrado públicamente a favor de legalizar solamente a los dreamers.
Mientras se espera el proyecto que elabora a puertas cerradas un grupo bipartidista de siete legisladores desde 2009, la comisión judicial de la cámara baja ha aprobado varias iniciativas de corte puramente restrictivo a la inmigración ilegal y con votos casi exclusivamente de la bancada republicana. Los demócratas han calificado de “peligrosos” algunos de ellos.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano por Ohio John Boehner, aún no ha dicho públicamente si prefiere llevar un proyecto de ley integral o abordar proyecto de ley separados cuando se trate de conciliar los proyectos del Senado y de la cámara baja.
Frank Sharry, director de la organización pro reforma migratoria America’s Voice, se mostró confiado de que elementos restrictivos a la inmigración ilegal aprobados por la comisión judicial “no sean aprobados en el pleno de la cámara baja, porque no tienen apoyo. No creo que estén incluidos en un paquete final”.
“Es demasiado prematuro decir que de alguna manera la reforma migratoria está perdiendo fuerza. Creo que estamos ganando impulso”, agregó Sharry. “Creemos que en el otoño (hacia fin de año) podremos ver cuántos republicanos están a favor, en cuáles temas que ojalá definan una negociación constructiva con el Senado donde obtengamos si no todo, casi todo lo que buscamos”.
Audrey Singer, experta en política migratoria de la Brookings Institution, respondió al ser consultada por AP sobre la posibilidad de que ocurra una fisura importante entre los activistas que buscan la reforma migratoria que “dependerá de cómo se dan las negociaciones en la cámara baja”.
“Si vemos primero y solamente restricciones a la inmigración ilegal, eso puede causar un problema”, agregó. “Pero hay que esperar. Las negociaciones aún no han terminado”.
Fuente: AP
