El gobierno federal estadounidense se niega a revelar si los fiscales en Yuma, Arizona, han reducido un programa vigente desde hace años que garantiza enviar a la cárcel a la mayoría de los inmigrantes que cruzan la frontera de forma ilegal y que, de acuerdo con la policía, es crucial para la seguridad pública.
Los reportes de que los fiscales han desistido de algunos procesos de la llamada Operación Streamline salieron a la luz hace casi dos semanas, cuando los senadores por Arizona John McCain y Jeff Flake enviaron una carta al secretario de Justicia Eric Holder para solicitar información sobre el estado del programa que soslaya el sistema civil de inmigración y resume meses de procedimientos penales en un solo día para inmigrantes atrapados en el cruce irregular.
El comisario del condado de Yuma, Leon Wilmot, dijo en una carta que le habían informado que los fiscales federales de la localidad han dejado de procesar a los que no tienen antecedentes penales.
El gobierno guarda silencio total sobre el tema. Funcionarios de los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, así como de Aduanas y Protección Fronteriza, se han negado a responder preguntas sobre el programa.
Brett Worsencroft, presidente del sindicato de agentes del sector Yuma de la Patrulla Fronteriza, dijo que la oficina del fiscal federal ha dejado de procesar a los infractores que no tienen antecedentes.
“Operación Streamline es uno de los últimos baluartes que tenemos para la disuasión. Nuestro personal se reduce diariamente”, dijo Worsencroft. “La valla tiene sus límites”.
Worsencroft dijo que el programa era un factor importante en la fuerte disminución de cruces de la frontera en Yuma porque enviaba el mensaje de que incluso los infractores sin antecedentes irían a la cárcel y porque permitía a los agentes centrar su atención en los contrabandistas de drogas y otros delincuentes peligrosos.
Dejar de procesar a los infractores sin antecedentes es darles un “boleto de entrada gratuito a Estados Unidos” a los que cruzan la frontera sin autorización, aseguró.
Operación Streamline es usado como fuerza disuasiva. Jueces federales sentencian a grandes grupos de inmigrantes a los pocos días de su arribo ilegal a Estados Unidos en procedimientos judiciales rápidos que incluyen instrucción de cargos, alegato y sentencia en un mismo día. La mayoría de los inmigrantes en el programa se declarar culpables de entrar ilegalmente al país y reciben sentencias de entre 30 y 120 días. Muchos reciben crédito por tiempo cumplido.
En Yuma, todos los inmigrantes capturados cruzando ilegalmente la frontera pasan por el programa. Eso es diferente del sector de la Patrulla fronteriza en Tucson, donde el volumen mucho mayor de cruces significa que mayormente inmigrantes con deportaciones previas son procesados bajo Operación Streamline. Fiscales en partes de Texas también usan el programa, pero en California no lo hacen.
El sector de Yuma hizo 6.106 aprehensiones en el año fiscal 2013. El sector de Tucson, que incluye casi todo el sur de Arizona, hizo más de 120.000.
Pero la cifra no siempre ha sido tan baja para Yuma, que en el 2004 y el 2005 registró más de 140.000 aprehensiones. Muchos atribuyen la baja a la Operación Streamline.
“Esta nueva guía causa gran preocupación porque mina la misión de las agencias locales de la ley y el orden en el condado de Yuma de un 100% de enjuiciamiento de aquellos que ingresan ilegalmente a Estados Unidos, para poder reducir los reingresos”, escribió Wilmot.
McCain y Flake dijeron también en una carta que el programa contribuyó a una declinación de la inmigración ilegal en el área.
“Conseguir esas ganancias en seguridad fronteriza es sin dudas resultado de una combinación de factores, incluyendo un incremento de personal, implementación de tecnología y consecuencias apropiadas”, escribieron los senadores.
Fuente: AP
