Por Francisco Javier Pizarro Chávez
La conmemoración del 51 aniversario de la masacre del 2 de Octubre de 1968, puso en serios aprietos al gobierno de la 4ta Transformación, pero no solo en lo que se refiere a los actos vandálicos realizados por “anarquistas”, los cuales también acosaron, insultaron y lesionaron a varios hombres y mujeres de los “Cinturones e la Paz” y, también a reporteros y fotógrafos de diversos medios de comunicación.
Félix Hernández Gamundi, dirigente sobreviviente de la Comisión Nacional de Huelga, en su intervención dijo a los asistentes, que ellos persisten en que se castigue el Crimen de Estado cometido a los estudiantes del Politécnico y la UNAM, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, por lo que modificaron el tradicional lema de “2 de Octubre no se Olvida”, por el de “Ni Perdón Ni Olvido”
Y agregó que para lograrlo, no se “necesita a provocadores” e invitó a quienes han incurrido en actos vandálicos y de violencia, a acercarse a ellos para conocer sus demandas.
“Hay condiciones para cambiar el país, pero no ha cambiado en realidad” y exhortó a “trabajar por una mejor educación y rescatar al campo, los servicios de salud y organizarse como sociedad “para construir un país nuevo” y “luchar el resto de nuestras vidas hasta lograr un país democrático”
Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, recordaron a la Fiscalía General y a Alejandro Encina subdirector de Gobernación, se esclarezca el caso y se castigue también a los responsables de esa tragedia que llevan a cuestas desde hace ya 5 años.
Y ambos tienen razón. Nada se gana con no olvidar esos deplorables y cobardes sucesos históricos. Corresponde al Estado, no a las victimas, hacer justicia.
La masacre de Tlatelolco es por donde quiera que se le escarbe un crimen de Estado, que fue fraguado desde 2 años antes del estallido del movimiento Estudiantil de 1968, como bien lo documenta el ahora vilipendiado historiador Francisco Colmenares que en su artículo de la Jornada del jueves 3 de Octubre, señala que el agente de inteligencia Miguel Nazar Haro, entregó un informe al C. Director de la Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, en el cual se afirma que el Partido Obrero Revolucionario de la IV Internacional Trotskista, en una reunión que sostuvieron en abril de 1966, “Se acordó sabotear la próximas Olimpiadas”, lo que es un absurdo, dado que solo Gustavo Díaz Ordaz y sus policías, eran los únicos se sabían que México iba a ser sede de los Juegos Olímpicos.
Ese falso y perverso informe de “inteligencia”, se endosó ya no solo a los trotskistas, sino también al movimiento de los estudiantes, a los que acusaron de querer ya no solo impedir las Olimpiadas, sino también “derrocar el gobierno del presidente Díaz Ordaz”.
Eso explica la absurda y brutal represión del que fueron víctimas los alumnos de la vocacional 2 y 5 que tuvieron un zafarrancho que fue sofocado brutalmente por el ejército lo que generó indignación de todos los estudiantes, maestros, director de las escuelas y ciudadanos y devino en un masivo movimiento estudiantil.
Tan no hubo provocación para derrocar a Díaz Ordaz y sabotear las los Juegos Olímpicos, que el Consejo Nacional de Huelga, integrado por alumnos de la Unam como del Politécnico Nacional, elaboró un pliego petitorio para resolver el conflicto por la vía de un acuerdo civilizatorio, que el entonces regente del Distrito Federal y el Presidente de la República, desdeñaron por considerar que se violentaba el “principio de autoridad” ¿Que es lo que pedían los estudiantes? Van los más relevantes:
- La derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que regulaba los delitos de disolución social, entre los cuales se incluía la “difusión de ideas que perturbaran el orden público” y/o “afectaran la soberanía nacional”.
Dicho en lenguaje llano, estaba prohibida la libertad de expresión y de manifestación, y toda protesta pública se consideraba un acto de sedición y rebeldía contra el Estado y la Nación.
- La liberación de los presos políticos tanto estudiantiles como sindicales.
- La destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, y el teniente coronel, Armando Frías, jefes policiacos que reprimieron a los estudiantes.
- La desaparición del cuerpo de granderos.
- Deslindar las responsabilidades de las autoridades.
- Indemnizar a los familiares de los estudiantes muertos y heridos antes del 2 de octubre, por supuesto.
No hubo diálogo alguno. Con el pretexto de que el interés del movimiento estudiantil tenía como propósito boicotear las Olimpiadas en ciernes, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y sus corifeos, optaron ya no sólo a reprimir a los estudiantes, sino también asesinarlos y detener a sus líderes que habían convocado a un mitin ese 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, usado como tribuna una terraza del edificio Chihuahua, donde fueron sorprendidos por el batallón Olimpia que en cuanto le dieron la señal desde un helicóptero que lanzo dos luces de bengala, abrió fuego a diestra y siniestra en contra de los estudiantes, maestros, mujeres y niños conglomerados en la explanada de la Plaza de las Tres culturas e también contra los mismos soldados que estaban custodiando a los asistentes.
El gobierno de la 4ta transformación debe cerrar esa herida que lastimó a todo el país: Lo logrará si presta oídos a los reclamos de las víctimas y procede en contra de quienes fraguaron esos crímenes de Estado, como los del 2 de octubre y el de Ayotzinapa.
A la par, es necesario poner freno a los actos de vandalismo el cual, en lo que va de su gestión, se han incrementado con absoluta impunidad. Y con ello no quiero decir que se reprima a los embozados que agreden a manifestaciones de organizaciones civiles y dañan el patrimonio cultural de edificios, monumentos y hasta iglesias. Lo que considero es urgente es que se investigue quienes son esos presuntos “anarquistas” o “conservadores” como AMLO les llama, donde radican y sobre todo, quien los patrocina e incita.
La provocación no aflora como las malas hierbas: de manera espontanea. Se induce de manera soterrada con fines determinados: el de generar miedo, desestabilización social y política por la vía de desaforar con una acción ofensiva la paciencia de los agraviados (en este caso gobierno y ciudadanos, con la finalidad de que se les reprimida, y con ello, dar el salto de verdugo a víctima.
Sorprende a muchos que ni el gobierno de la Ciudad de México, la procuraduría, los cuerpos de seguridad ciudadana y policial; los medios de comunicación, la Comisión de Derechos Humanos y el mismo presidente de la República, no se hayan dado a la tarea de investigar quienes son esos sujetos, donde radican y quien lo patrocina, porque eso de querer ponerles freno con “cinturones de paz” con empleados del gobierno y ciudadanos y amenazarlos con denunciar sus actos a sus familiares, es una quimera.
Se requiere un trabajo de inteligencia profesional y de fondo, por el bien del mismo gobierno pero sobre todo, de la sociedad. De no hacerse así ambos, Estado y Sociedad, no saldrán del pantano en que estamos inmersos.
Veremos y diremos si se atiende el reclamo social de poner alto a la provocación y la violencia en voga.
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