el Estado mexicano tiene responsabilidad por desvío de poder (tal como fue definido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gallardo, Informe 43/96).
La comisión considera que ha existido una actitud anómala por parte del Estado mexicano que configura una desviación de poder.En efecto, ante el TPP se mostraron evidencias sobre el patrón de continuidad de la utilización de las instituciones fundamentales del Estado para fines distintos de aquellos para los que fueron creadas.
La propia Nestora publicó en el sitio web de Tlachinollan, cuatro días antes de su liberación, el artículoNací para ser libre
, en el que describe la desviación de poder ejercida en su contra sin referir ese concepto:
“Lo paradójico de la militarización que se dio en Guerrero como estrategia de contrainsurgencia es que el uso de la fuerza se impone por encima de la ley y pisoteando los derechos humanos. Además, esta acción bélica se vuelve permisiva contra los grupos que delinquen porque les resultan funcionales en su estrategia, son parte de los grupos irregulares que son utilizados por las autoridades militares para realizar el trabajo sucio contra los enemigos del régimen […]
Primero el gobernador trató de persuadirnos para integrarnos como una policía rural. Posteriormente utilizó a Eliseo Villar, que para entonces ya recibía varios millones de pesos para la construcción y funcionamiento de las casas de justicia, quien se encargó de desconocernos y hasta en una ocasión quiso desarmarme. No lo permití […]
Por esa razón nos adherimos a la casa de justicia de El Paraíso, y realicé un trabajo apegado a las directrices del reglamento interno de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)”. Abel Barrera abundó en el mismo sentido: “Comandanta Nestora, ¿por qué tuviste que pagar tan cara tu osadía de combatir a las autoridades que delinquen, a los policías coludidos con el crimen, a las autoridades civiles que trabajan en contubernio con los jefes de La maña y al Ejército actuando en complicidad para proteger los intereses de la delincuencia organizada?
¿Cómo lidiar contra los policías estatales que convierten los separos ilegales de sus comandancias en los centros de operación de las bandas del crimen organizado? ¿Qué hacer ante un Ejército de ocupación que desde la guerra sucia ha perpetrado múltiples casos de desapariciones, ejecuciones y torturas, actuando impunemente como un estado dentro del estado? (Texto leído el 18 de marzo ante la comandanta Nestora en el Centro Prodh.)
Las circunstancias parecen distintas a otros casos, la actuación del Estado es similar. Después de todas las evidencias que muestran concertación oficial con fuerzas locales afectadas por la policía comunitaria al mando de Nestora, el fiscal general de Guerrero anunció que presentará una apelación:Estoy obligado a interponer un recurso en el término que da la ley, lo que no implica que ella no quede en libertad, pero ya será el Tribunal Superior el que resuelva si confirma la libertad
.
¿Por qué liberaron a Nestora? Podemos señalar la afortunada conjunción de factores: el motor fundamental fue el infatigable trabajo de denuncia tanto de su familia como de activistas dentro y fuera del país. La defensa jurídica tuvo altibajos al inicio, pero finalmente se incorporaron los abogados Rivero, de amplia experiencia y compromiso, colocando en el centro junto a Nestora la legalidad del sistema de justicia comunitaria que ella representa en su región. El factor de que Nestora como migrante logró la ciudadanía estadunidense jugó en su favor para que finalmente se escuchara al gobierno de ese país; en ello la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle tuvo un aporte importante. En esa cadena el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas consideró recientemente a Nestora Salgado como defensora perseguida por su trabajo en favor de la seguridad de la población indígena, por lo que recomendó a México su excarcelación.
El gobierno mexicano está señalado en el plano interamericano por violaciones a derechos humanos. En la ONU protagonizó un abierto enfrentamiento contra el informe de Juan Méndez, relator en materia de tortura; así que los costos de seguir protegiendo a fuerzas e intereses locales les resultó muy alto. Todo ello favorece la lucha por la liberación de los otros policías comunitarios acusados de los mismos falsos delitos.
