Por Marta Lamas
En estas semanas se ha debatido sobre las autodefensas, principalmente en torno a lo ocurrido en Michoacán. Sin embargo, hay otros casos de “autodefensa” ciudadana que tienen una larga tradición; por ejemplo, la Policía Comunitaria (PC) de Guerrero que, según la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), María Teresa Sierra, surgió desde 1995, y que para 2011 ya cuenta con 750 elementos y tres Casas de Justicia que atienden a 62 comunidades de 11 municipios de la Costa-Montaña del estado. A partir de la Ley de Seguridad Pública aprobada en 2007, a este cuerpo se le reconoce su carácter de policía preventiva y auxiliar, sujeta a los lineamientos de los municipios. Y desde 2011 la Ley 701 reconoce como actos de autoridad aquellos que ejerce la PC.
La Policía Comunitaria se creó con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes en una de las zonas del país con mayor marginación, violación de derechos humanos y militarización. Ahí ocurrieron la desaparición de Rosendo Radilla, las violaciones a Valentina e Inés y el asesinato de varios líderes indígenas. Y ahí también se produjo otra brutal injusticia, muy en la línea del caso Patishtán: la detención de Nestora Salgado y varios compañeros de la PC de Olinalá.
Nestora es una de esas heroínas cívicas que tanta falta hacen a nuestro país. Sexta de siete hijos de una familia del pueblo artesanal de Olinalá, perdió a los 11 años a su madre, se casó a los 16, tuvo tres hijas y emigró a Estados Unidos dejando a las pequeñas al cuidado de los suyos. En Washington trabajó siete años como recamarera y empleada doméstica, se separó de su marido y regularizó su situación migratoria. Hoy tiene también la nacionalidad estadunidense. Durante estos años, construyó una nueva vida junto a su actual compañero, quien vive en el país vecino. En octubre del 2002, Nestora regresó a Olinalá, y durante su estancia sufrió un accidente automovilístico a raíz del cual se lesionó severamente la columna y se quedó sin poder caminar por dos meses. Volvió a Estados Unidos para acceder a la atención médica que aquí no tenía.
Sensible a la situación de miseria de La Montaña guerrerense, Nestora había estado mandando recursos para apoyar a su comunidad, y se fue ganando un lugar de liderazgo comunitario en Olinalá. Preocupada por la inseguridad, decidió quedarse a organizar la Policía Comunitaria. Además, denunció la connivencia de las autoridades locales con el narcotráfico y habló de las amenazas que los socios de esos políticos corruptos hacen a los empresarios locales para que se retiren de la venta de materiales y mercancías, con el fin de acaparar el mercado.
Nestora encabezó, el 16 de agosto del año pasado, la detención del síndico de Olinalá Armando Patrón Jiménez, a quien se acusó de cometer el delito de abigeato y de estar presuntamente involucrado en el asesinato de dos ganaderos. Fue trasladado a la Casa de Justicia, pero los amigos del síndico hicieron una denuncia de “secuestro” y, el 21 de agosto, Nestora y otras 30 personas fueron detenidas por 20 militares en 15 vehículos. Posteriormente, la Marina Armada de México la trasladó a un penal de alta seguridad en Nayarit. Durante cinco horas no le permitieron ni siquiera ir al baño, y además le robaron su bolsa, su celular, una cámara digital, sus anillos de matrimonio y otras pertenencias, entre ellas documentos de la Policía Comunitaria.
Hasta el día de hoy Nestora se encuentra aislada en una celda en Tepic, acusada del delito de secuestro, dentro de la causa penal 142/2013-II, que se instruye en el Juzgado 2º de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en Chilpancingo (sus compañeros, Gonzalo Molina, Bernardino García, Samuel Ramírez y muchos más están regados en distintos penales en Oaxaca, Almoloya y Acapulco). Por su lesión en la espalda, ella debe caminar y la tienen encerrada sin salir ni al patio. Su compañero no ha podido hablar con ella y está muy preocupado ante la posibilidad de que no le estén dando las medicinas que requiere.
En YouTube se pueden ver las entrevistas que varios periodistas le habían realizado. En una de ella declara que no tiene miedo a los sicarios, sino al ayuntamiento, y relata el control de ciertos personajes vinculados con las autoridades políticas sobre la venta de materiales de construcción. En otra, Nestora solicita a sus paisanos: “No vendan la droga, no la consuman, porque mientras haya consumidores esto va a seguir adelante, y es difícil pararlo”. Luego de leer tales textos, no es difícil comprender por qué su detención parece parte de un turbio entramado político.
Por la información que tengo, creo que esta líder ciudadana no es una secuestradora, como tampoco lo son los otros policías comunitarios. La revisión del caso de Nestora Salgado y sus compañeros es imperativa, por la cantidad de irregularidades y ausencia de debido proceso, al igual que es urgente brindarle las condiciones médicas necesarias para atender su grave problema de columna. He solicitado a la doctora Leticia Bonifaz, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, su apoyo para la revisión de este caso, con la esperanza de que se haga justicia a esta líder comunitaria y a sus compañeros. A ustedes, mis lectores, los mantendré informados.
Fuente: Proceso
