Por Marta Lamas
Luego de casi dos años de estar detenida en la cárcel de alta seguridad en Tepic, Nestora Salgado fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan en la Ciudad de México. Llegó sosteniéndose en una huelga de hambre que inició el 5 de mayo y que afortunadamente decidió abandonar para seguir luchando por su libertad.
El caso de Nestora, un ejemplo del entramado de venganza política y corrupción que sigue operando en Guerrero al margen del gobierno interino de Rogelio Ortega, tiene dos vertientes: una jurídica y otra política. El aspecto jurídico está plagado de errores y hay una clara ausencia de debido proceso: Los cargos que se le imputan están basados en pruebas ilegales (a las “víctimas” las arraigaron y les tomaron declaración sin seguir el proceso legal); la trasladaron a Tepic antes de que se cumplieran las 72 horas de su primera declaración, por lo cual su abogado de oficio no tuvo posibilidad de presentar recursos; estuvo ilegalmente en Tepic casi un año sin que existiera orden judicial para ello; y, muy impactante, ninguno de sus acusadores se ha presentado a ratificar la denuncia en su contra, pese a que fueron citados. Además, al ser ciudadana de Estados Unidos, ella nunca tuvo acceso a asistencia consular, pese a que la justicia mexicana conoció de su calidad de estadunidense.
Por el lado político, es evidente que, al pretender limpiar de droga y de corrupción a su comunidad de Olinalá, Nestora afectó intereses, y esto no se lo perdonan. Para librarse de ella se le levantaron cargos por “secuestradora”. Me parece inconcebible que la justicia no sea capaz de ver que una mexicana que luego de años de trabajo en Estados Unidos logra no sólo una buena situación económica, sino incluso la nacionalidad, no va a venir a su comunidad a “secuestrar” personas. Desde hacía tiempo Nestora había estado mandando recursos para apoyar a Olinalá, y se fue ganando un lugar de liderazgo comunitario, que culminó con su nombramiento como comandante de la Policía Comunitaria. No hay que olvidar que en Guerrero la Policía Comunitaria existe desde 1995 y que partir de la Ley de Seguridad Pública aprobada en 2007 se le reconoce su carácter de policía preventiva y auxiliar en los municipios, sujeta a los lineamientos del ayuntamiento. Desde 2011 la Ley de Seguridad Pública reconoce que son actos de autoridad los ejercidos por la Policía Comunitaria en sus funciones, como la de detener a delincuentes en las Casas de Justicia.
Es un hecho que los secuestradores no llevan a sus víctimas a lugares conocidos y a la vista de todos. El síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, acusado de estar involucrado en el asesinato de dos ganaderos y del robo de su ganado, fue trasladado a la Casa de Justicia, y las cuatro adolescentes que habían sido captadas para el comercio sexual, y cuyas madres le solicitaron a Nestora rescatarlas, fueron llevadas a un convento. Los cómplices del síndico, entre los que probablemente se encuentra el presidente municipal de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, la denunciaron por “secuestro”, así como las madres de las adolescentes, a quienes les ofrecieron dinero, becas y recursos si hacían la denuncia, como luego le confesó una de ellas a Nestora. Ninguna de estas personas “secuestradas” ha comparecido para el careo ni para ratificar la denuncia; por eso no se ha dictado sentencia.
Nestora decidió, tal vez demasiado ingenuamente, enfrentar al narco y a los funcionarios corruptos. Y éstos respondieron con las arteras demandas por “secuestro”. Si en algo se equivocó Nestora fue en creer que se puede combatir al mal con el bien. Así, tratando de frenar la connivencia de las autoridades locales con el narcotráfico, tratando de castigar a los políticos corruptos que acaparaban el mercado de la venta de materiales y mercancías amenazando a los empresarios locales para que se retiraran, y tratando de “rescatar” a jovencitas por petición de sus madres, Nestora desencadenó una brutal reacción en su contra.
En Guerrero, como lamentablemente se ha podido comprobar con el caso de Iguala/Ayotzinapa, la corrupción gubernamental es brutal. Este atroz panorama obliga de manera inevitable a formularse una interrogante respecto a Nestora Salgado: Dado ese siniestro entramado, ¿será que el fiscal Miguel Ángel Godínez está amenazado si se desiste de la causa contra Nestora, o será que, por el contrario, él es parte de esa sucia trama? Hoy es la Fiscalía de Guerrero la que puede hacer un sobreseimiento de este caso, pues ya existe una resolución de la justicia federal a favor de Nestora, declarándola inocente.
El jueves 4 Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe y yo visitamos a Nestora en su habitación de la Torre Médica en el reclusorio femenil de Tepepan. Fuimos a refrendarle nuestro compromiso con su liberación y a comunicarle que somos muchas las personas comprometidas con que se haga justicia. Ese mismo día, un poco más tarde, en la estación Periférico del tren ligero, se reunió un grupo de simpatizantes que caminaron, cuesta arriba, hasta llegar al Centro Femenil de Reinserción Social, a manifestarle su apoyo a Nestora y a decirle que se ha vuelto un símbolo de la acción ciudadana contra la corrupción y el narco.
Fuente: Proceso
