Por Luis Javier Valero Flores
Clandestino: Secreto, oculto, y especialmente hecho o dicho secretamente por temor a la ley o para eludirla: Diccionario de la RAE
Como lo dirían los creyentes, fue un milagro que no se encontraran más personas al final de la pista en la que los vehículos participantes de la carrera de arrancones, celebrada el domingo pasado en las dunas de Samalayuca; de haber ocurrido así, el saldo de la tragedia hubiese sido extraordinariamente mayor.
La negligencia de los organizadores, de las autoridades seccionales, ejidales, municipales y estatales; de los equipos y los pilotos, es inconmensurable.
Ahora están metidos en una carrera de aclaraciones, desmentidos, precisiones y mentiras que sólo ahondan la certidumbre de la sociedad acerca de la enorme negligencia con la que actuaron los encargados de la Protección Civil, y no sólo las del ámbito municipal, también las del estatal.
Además, la negligencia de las víctimas es, como lo califica la ley, inexcusable. ¿A quién se le ocurre, en una carrera de arrancones, colocarse exactamente al final de los carriles por los que compiten los vehículos? ¿No hubo alguien, en ese mar de gente, que previera el desenlace trágico que se podría originar por la clausura de los carriles, con los vehículos de los asistentes y éstos mismos, con sus cuerpos?
¿Por qué no hubo alguien que revisara el total del recorrido, antes del arranque de los vehículos? Bastaba un par de walkie talkies, de los más baratos, para notificarle a los que daban la voz de arranque que frenaran la competencia.
Peor aún. ¿Cómo es posible que, ante la difusión del evento, no hubiera un solo miembro de los equipos de Protección Civil en el municipio de Juárez que se percatara de la celebración del acto?
Si ya había antecedentes de eventos de este tipo, ¿por qué no le dieron seguimiento a la petición del permiso y se presentaron para constatar las medidas de seguridad?
La permisividad en el evento es mayúscula. En los videos del accidente se aprecia el excesivo consumo de cerveza, incluso, en envases de cristal.
¿Era clandestino el evento, tal y como lo han dicho las autoridades?
De ninguna manera, probablemente era ilegal, o no permitido, pero las evidencias públicas de la realización son abundantes. No fueron atendidas y ahí radica su responsabilidad.
¿Cómo va a ser clandestino un evento al que acuden casi 3 mil personas, las que provocan un inesperado movimiento vehicular en la carretera a Samalayuca?
¿Acaso ninguna autoridad se percató de ello? ¿Nadie, ningún elemento, de la policía municipal, de la estatal, de la federal, del ejército, fue capaz de percibir un movimiento extraordinario y reportarlo a sus superiores? ¡Híjole!
Por otra parte, a casi dos años del accidente del Aero Show, independientemente de la discusión acerca de si la Dirección de Protección Civil del Estado tuvo o no responsabilidad en ese accidente, o en el del domingo pasado en Samalayuca, se aprecia una inaceptable omisión.
Se antojaba como medida prioritaria que esta dependencia tomara bajo su control absolutamente todos los eventos de carácter masivo que se realizaran en la entidad, y que se mantuviera alerta, no sólo de la realización de los eventos, sino, fundamentalmente, como autoridad competente, para revisar los protocolos de seguridad de todos los eventos con estas características.
Es imposible evitar las comparaciones entre este accidente y el del AeroShow. Son numerosas las diferencias.
Hay una abismal, en tanto que en el de la ciudad de Chihuahua, el piloto tuvo plena capacidad para resolver si efectuaba el siguiente salto, a pesar de la escasa distancia entre el movimiento del vehículo y las personas; en el de Samalayuca el piloto no sabía que al llegar a la cima de la duna se encontraban apostados vehículos y personas en el carril por el que debería culminar su maniobra.
Sólo queda espacio para la pregunta envenenada: ¿También el alcalde juarense, Enrique Serrano, será demandado por el Congreso del Estado?
Queda claro que en ambos accidentes pudieron ser responsables los alcaldes de alguna omisión, que difícilmente se les puede atribuir porque en las atribuciones reglamentarias no están obligados a revisar lo que autoriza, o no, le Dirección de Protección Civil. Les queda, sí, una responsabilidad moral, pero no más.
