Por Jesús Nimrod Lazo Ruiz
A nivel federal, el proceso de descentralización del servicio público de agua potable inició en 1983 con la “reforma municipal” al artículo 115 constitucional que consistió en la transferencia de la responsabilidad de prestar algunos servicios públicos a los municipios, dentro de los que se encuentra el de agua potable y saneamiento.
A nivel local, fue hasta el año de 1999 cuando el tema realmente formó parte de la agenda municipal, motivado por las reformas al artículo 115 constitucional realizadas en ese año, en las que se reiteró la transferencia a los municipios de los servicios que, siendo de su competencia, se encontraran manejados por los gobiernos estatales.
Ante la negativa de los gobiernos del estado de entregar la administración del servicio al municipio se han realizado tres demandas de controversia constitucional que, con la entrega de la JMAS al municipio de Juárez, buscan concluir con el proceso descentralizador.
El agua, ante la falta de participación ciudadana, ha sido considerada por los gobiernos estatales como moneda de cambio para obtener apoyo político o votos, lo que en nuestro municipio se ha traducido en: miles de personas que no cuentan con la cobertura adecuada, falta de reposición de líneas de conducción, suministro del servicio con presiones hidráulicas deficientes y un alto desperdicio de agua por fugas.
La dependencia ha sido manejada por partidos políticos, mismos que han venido violando el principio democrático del bien común, ya que, a nivel municipal, se han procurado principalmente intereses particulares, lo que ha permitido un desarrollo urbano que no ha tenido como rectores a la infraestructura hidráulica y el servicio de agua potable, generando un crecimiento disperso a escalas impensables, como lo es el caso del nuevo campus de la UACJ, ubicado a 40 km del centro de la ciudad, lejos de hospitales, estaciones de policía y bomberos.
La voluntad manifestada por el gobernador electo, Javier Corral, de transferir la JMAS al municipio y el hecho de que por primera vez un partido político no será el principal articulador de los intereses de los habitantes del Municipio de Juárez, hace posible que se pueda dejar de considerar al agua como moneda de cambio y que se procure, en primer lugar, el beneficio de los habitantes que actualmente no cuentan con agua entubada y saneamiento al interior de sus domicilios.
El escenario político que está por venir, en el que se incluye la futura composición del Congreso del Estado, es el mejor en las últimas décadas para lograr concluir el proceso de descentralización e iniciar con un proceso encaminado hacia una nueva cultura del agua.
Con la finalidad de que no se transfieran las prácticas que han llevado a la JMAS a su situación actual es necesario que, se realice un diagnóstico de la situación que guarda actualmente la prestación del servicio público de agua potable que sirva de insumo para las reformas jurídicas, institucionales y financieras indispensables para realizar la transferencia, con el objetivo de que ésta se traduzca en un beneficio para la población y no se ponga en riesgo la operación del organismo operador.
Otro aspecto importante es, que las reformas orienten la prestación hacia un cambio en el paradigma desarrollista en el que se basa actualmente la prestación, por uno basado en el derecho humano al agua, que no únicamente considera el porcentaje de acceso y disposición del agua potable y saneamiento con el que cuenta la comunidad, como en el caso del desarrollista, sino que, toma en cuenta que el agua para consumo personal y doméstico sea suministrada en forma suficiente, aceptable, accesible y asequible.
Es indispensable, dotar a la JMAS de la autonomía jurídica y financiera que la revista con la autoridad suficiente para que, junto con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, conduzca el desarrollo urbano.
También es recomendable que, en el futuro próximo, se evite la concesión a particulares del servicio público de agua potable, por no ser benéfico para la población debido, entre otras cosas, a que su participación implica ganancias para el privado con consecuencias perjudiciales para la población.
Considero finalmente que, la JMAS debe ser operada por personas que demuestren capacidad técnica y compromiso social, antes que compromiso político.
Twitter: @NimrodLazo
