Por Marta Lamas
Con la intención de “modernizar” al país, el gobierno federal ha impulsado varias reformas propias de un Estado neoliberal calificándolas de “estratégicas” y “estructurales”. Sin embargo, la reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, que tiene una dinámica material y una dinámica simbólica, no es abordada en serio por ninguna de ellas. Por ello avizoro un panorama preocupante, que ha sido descrito como una “remasculinización del Estado” (Wacquant). Esto significa un fortalecimiento del esquema patriarcal, con un duro giro punitivo y una vulneración de los derechos sociales.
La política neoliberal define su actitud política hacia las mujeres como “víctimas que deben ser protegidas”, y visualiza la violencia sexual como el “gran problema” de las mismas. Así elude abordar la reforma estructural que verdaderamente habilitaría la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres: la reformulación de los esquemas laborales de la división sexual del trabajo. El neoliberalismo no ve al trabajo como el conjunto de procesos que permiten generar los recursos necesarios para vivir; se limita a tomar en consideración aquellos que involucran flujos monetarios. Los trabajos “de amor” que no se pagan (la crianza, el cuidado de las personas ancianas, enfermas o con una discapacidad), pero de los cuales depende la sobrevivencia del conjunto social, suelen estar a cargo de las mujeres mientras que los trabajos de gobierno y defensa están casi en su totalidad a cargo de los varones. Esta división estructura y valida la desigualdad política y social entre ambos géneros de manera estrictamente funcional para la marcha de la economía actual.
Dicha segregación laboral no sólo potencia la discriminación salarial en función del sexo, sino que provoca una sobrerrepresentación de los hombres en los espacios de poder político y económico. Y los varones que tienen el monopolio del poder económico y político fijan los esquemas y horarios laborales sin tomar en consideración las necesidades de las personas que asumen la responsabilidad (casi en la totalidad mujeres) del cuidado de los seres vulnerables. Este esquema nutre el modelo neoliberal de crecimiento económico, y no hay en el horizonte una reforma estratégica o estructural para abordar los problemas que produce.
Además, el Estado neoliberal se caracteriza por una masiva producción ideológica y discursiva que promueve una “docilidad activa” (Gaulejac) en las personas afectadas. Las exigencias neoliberales de una cada vez mayor explotación y disponibilidad de los trabajadores vienen entretejidas en un discurso mistificador que conecta la “realización personal” con el cumplimiento de los objetivos económicos de la oficina o de la empresa. A las personas se les dificulta movilizarse políticamente ante la injusticia y el dolor que les producen unas condiciones laborales alienantes y explotadoras, pues viven el problema estructural de la división sexual del trabajo como un asunto personal.
El Estado neoliberal incorpora retóricamente el principio de la igualdad social entre las mujeres y los hombres, pero alimenta la desigualdad al no concebir el trabajo y la familia como un solo sistema integrado y a las personas como seres integrales que desarrollan sus vidas en ambos ámbitos. Pero no sólo eso. Al considerar que la violencia sexual es el problema central de las mujeres, el Estado neoliberal ha fortalecido y expandido su aparato policiaco y carcelario. Esta situación se gesta paulatinamente en parte por las campañas feministas en contra de la violencia sexual, que exigieron mejores procedimientos judiciales y lograron que se etiquetaran recursos para la lucha en contra de ella. Si bien tal activismo ha transformado positivamente las actitudes públicas respecto a la violencia sexual, el Estado neoliberal ha respondido impulsando una serie de políticas punitivas de endurecimiento policiaco y carcelario.
Un elemento importante de esa gobernanza ha sido destacar discursivamente a un paradigmático “sujeto víctima”: “la Mujer”. Esto ha sido especialmente evidente en el caso de la controvertida “Ley de acceso a una vida libre de violencia”. En vez de que el Estado expanda su capacidad punitiva, las mujeres requieren que elimine los obstáculos económicos y sociales que enfrentan cotidianamente. Además, la dimensión represiva del Estado neoliberal, en especial el desempleo, la incertidumbre laboral y la ausencia de un amplio sistema de seguridad social, ha aumentado la delincuencia e impactado no sólo a los sectores más pobres, sino también a sectores de clase media y alta, que se recluyen cada vez más en privadas amuralladas y que circulan en camionetas blindadas.
No se trata de que el Estado “proteja” a las mujeres, sino de que asuma, ahora sí realmente, la reforma estratégica y estructural de la tradicional división sexual del trabajo. Sólo al entrarle en serio a desarrollar otro tipo de arreglo social entre mujeres y hombres, con mediaciones que empiecen modificando horarios laborales y escolares y estableciendo centros de cuidado para personas vulnerables, se podrá alcanzar el objetivo paritario de repartir equitativamente el trabajo de cuidado, provisión, gobierno y defensa.
Fuente: Proceso
