Por Luis Javier Valero Flores
La inesperada muerte de José Enrique Jiménez Zavala, mejor conocido como ‘El Wicked’, en la penúltima noche del 2014, según los informes oficiales hasta hoy emitidos, en su celda del Cereso de Aquiles Serdán de la capital del estado, pareciera ser el cerrojo de uno de los capítulos más deplorables de la procuración y aplicación de justicia en “El Estado Grande”.
Jiménez estaba sentenciado por el asesinato de Marisela Escobedo, la activista que reclamó hasta la muerte el castigo al asesino de su hija, Rubí Frayre, y quien afirmara, hasta el último de sus días, que era la pareja de ésta, Sergio Barraza, quien también falleció meses atrás, de acuerdo con informes oficiales.
Jiménez murió, según los informes ofrecidos hasta hoy, de “muerte natural”, pues, dicen, estaba convulsionando (sin informar porqué convulsionaba) y luego le dió un fulminante infarto cardíaco. Aseguran que no tenía antecedentes de males cardíacos.
Al caudal de sucesos extraordinarios ocurridos alrededor del asesinato de Rubí y Marisela, se sumaron las dos versiones de la muerte de Jiménez (extraoficiales, conviene el escribiente) una de las cuales aseguraba que había muerto en la madrugada del 31 de diciembre; y la otra, que había fallecido en la noche anterior, aproximadamente a las 21.30 horas, luego de que un custodio observara a El Wicked sufrir convulsiones.
Protagonista de primera línea en el mundo del crimen, la autoridad le permitió, en la parte final de su vida, la posibilidad de mantener el protagonismo pero ahora ¡Como conferencista para los jóvenes!
Recién cumplía dos años en la cárcel pues fue detenido en octubre del 2012, acusado de ser el autor material del homicidio de la activista Marisela Escobedo y de la masacre ocurrida en el Bar denominado “El Colorado”.
“… Jiménez Zavala declaró que recibió la orden de privar de la vida a la activista por medio de Jesús Antonio Rincón Chavero, un ex policía ministerial a quien apodaban ‘El Tarzán’. El 24 de noviembre de 2012, el gobernador César Duarte declaró cerrado el caso de Marisela Escobedo al anunciar la supuesta muerte de Sergio Estrada Bocanegra, asesino de Rubí Marisol”. (Nota de Luz Sosa, El Diario, 31/XII/14).
Según otras versiones, había dicho a sus compañeros en repetidas ocasiones que “no pasaría de este año, que ya era mucho para él”.
“Después de ser parte de la organización delictiva encabezada por José Antonio Acosta Hernández ‘El Diego’ en Ciudad Juárez, Jiménez Zavala se fue a radicar a Chihuahua, donde también participó en hechos delictivos hasta que lo capturaron el 7 de octubre del 2012”. (Nota de lapolaka.com, 31/XII/14).
A pesar de ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) afirmó que no supone carpetazo al caso de Marisela, “ya que hay más personas involucradas”, según las declaraciones de José Luis Armendáriz, su presidente, quien informó que visitadores de la CEDH acudieron al penal a “corroborar los hechos y que estos concuerden con las declaraciones oficiales”. (Nota de Miguel Silva, El Diario de Chihuahua, 2/I/15).
A pesar de las declaraciones oficiales, en las que se afirmaba que Jiménez Zavala había recibido la orden del ex policía Jesús Antonio Chávez, ‘El Tarzán’, de asesinar a Marisela, en las entrevistas publicadas en distintos medios siempre se negó a proporcionar los nombres de los autores intelectuales o los de sus jefes.
También le atribuyeron una serie de asesinatos, entre ellos la masacre del bar Colorado, en el que cayeran los periodistas Javier Salinas y Javier Moya, en un hecho aparentemente sin conexión, ni con las actividades delictivas de los sicarios, ni con las periodísticas; fue uno de los tantos hechos en los que la guerra de los cárteles causaba los “daños colaterales” descritos por Felipe Calderón.
El móvil del asesinato de Marisela, revelado por Jiménez, llama la atención. Afirmó que ‘El Tarzán’ así lo había resuelto debido a que la búsqueda emprendida por Marisela, del asesino de Rubí, “afectaba las operaciones de La Línea”, y se derivaba de un acuerdo entre esta organización y Los Zetas, agrupación a la que, informó la autoridad en su momento, pertenecía Barraza, Jiménez dijo que las acciones de “Marisela ya hacían mucho en las noticias”. Así lo dijó la versión oficial.
Sin embargo, en una entrevista publicada por El Diario de Chihuahua (8/X/12), dijo lo siguiente:
“-¿Por qué dieron la orden de matarla?
Era una orden y yo no pregunto.
-¿De quién recibías órdenes?
Me lo voy a reservar; vine aquí a asumir mi responsabilidad por lo que hice.
-¿Sabías que era Marisela a quien debías asesinar?
Sí”.
Cuesta mucho trabajo creer que ese fuera el móvil del asesinato, por lo menos para los grupos delictivos que se encontraban en el punto más alto de la confrontación en la entidad y a los que en un esfuerzo mental muy grande nos los podemos imaginar preocupados por el impacto de las protestas de una activista, que sí generaban preocupaciones para las autoridades, pero no mayores que las producidas por los deudos de las miles de víctimas existentes y que La Línea, como sostuvo la versión oficial -avalada por El Wicked-, en ese momento debió estar más preocupada por las incontables bajas sufridas y el gravísimo quebranto que le habían causado las huestes del Chapo Guzmán, que en cuestión de meses la había puesto contra la pared y atentado seriamente en la hegemonía que había construido a lo largo de décadas.
No, es poco creíble tal versión. Además, de acuerdo con la información publicada, la autoridad no tuvo a la mano más elementos para sentenciar a Jiménez Zavala que sus propias declaraciones, ratificadas por éste en distintos momentos e instancias, incluso en sus conferencias, pero no se sabe de alguna evidencia que lo ratificara.
Tal percepción crece al recordar que un año antes de la detención de ‘El Wicked’, la Fiscalía General informó haber detenido al asesino de Marisela. Sostuvo que era Héctor Miguel Flores, alias “El Payaso”. Ricardo Escobedo, hermano de Marisela y quien enfrentara al asesino el día de los hechos, no lo reconoció como tal.
La información proporcionada entonces no dejaba lugar a la duda: “La Fiscalía, en su momento, sostuvo que lograron la identificación de Flores Morán como el presunto responsable ya que en el mes de septiembre de ese mismo año localizaron un arma Sig Sauer, modelo P239, calibre 9 milímetros, cuyas características resultaron compatibles con toda la evidencia pericial que se recabó durante la misma noche en que se privó de la vida a Escobedo Ortiz. A su vez determinaron que el arma que portaba Flores Morán se utilizó en las escenas de crímenes que se ubicaron: Juárez y 12, colonia Centro; Abraham Bandala y Francisco Lugo, colonia Mármol III; Urueta, entre 25 y 27, colonia Obrera; restaurante Buena Vida, colonia Santa Rosa; 27 y Niños Héroes, colonia Centro; así como al exterior del centro nocturno La Cerve”. (Nota de Nancy de León, El Pueblo, 8/X/12).
Coincidentemente, como ocurrió con Sergio Barraza y con El Wicked, la FGE informó que ‘El Payaso’ había muerto en septiembre del 2011, meses antes de vincularlo con el asesinato de Marisela.
Detenerse en estos hechos es de la mayor importancia, han pasado 4 años del asesinato de Marisela, pero el conjunto de cosas que lo acompañaron develaron la pobreza de la procuración y aplicación de justicia ¿Por qué detenerse a reflexionar sobre estos hechos, aparentemente lejanos a las preocupaciones de la mayoría?
Sencillamente porque lo sucedido en relación a estos hechos ilustra lo endeble de las instituciones.
En primer lugar, un tribunal oral resuelve absolver a Barraza del asesinato de Rubí Frayre. La presión social y la generada por Marisela llevan a que el Gobernador Reyes Baeza presione a que un Tribunal de Casación revoque tal decisión ¡En ausencia del inculpado!
Luego, otro gobernador, César Duarte, le achaca a los jueces integrantes del Tribunal Oral la responsabilidad, los llevan hasta el juicio político, éstos se amparan y luego, en un más que soterrado proceso desaparecen de la escena; se supone que negociaron, jueces y gobierno, una salida venturosa para éste y seguramente algunas prebendas para aquellos, amén de, probablemente, una mayor seguridad profesional.
Pero, curiosamente, en el juicio oral los agentes del ministerio público que vieron el caso fueron más de cinco, ninguno de ellos estuvo presente en el juicio; ninguno de los policías municipales que afirmaron haber recibido la declaración autoinculpatoria de Barraza fueron al juicio, nadie los llamó. Así, los jueces no tenían a la mano elementos para probar, fuera de toda duda, como dice la ley, que el acusado fuera el culpable.
Ni qué decir del Tribunal de Casación, resolvió con los mismos elementos de los que tuvieron a la mano sus colegas, es decir, nada. Ni siquiera llegaron a determinar la causa de la muerte y llegaron al extremo de sostener que, como producto de la incineración del cuerpo de Rubí, había estallado el cráneo, razón por la que no pudieron llegar a la causa de muerte ¡Increíble!
Luego, el viacrucis de Marisela, el rechazo de las autoridades a investigar, a acompañarla para realizar las indagatorias que la llevaron a localizar a Sergio Barraza. Sus protestas frente a Palacio de Gobierno; la custodia “discreta” que le ofreció la Fiscalía General del Estado, tan discreta que la mataron, ahí, a unos cuantos pasos del que debiera ser uno de los lugares mejor resguardados de la capital chihuahuense.
No, seguramente Marisela descubrió cosas más allá de las del asesinato de su hija, por esa la mataron, de ahí que la transparencia en la información acerca del fallecimiento de Jiménez Zavala es materia obligada para la Fiscalía de Chihuahua.
Exoneraciones— El Tribunal Electoral de la Federación dictaminó que la diputada María Eugenia Campos no había realizado actos contrarios a la ley electoral y desechó la denuncia presentada por el PRI consistente en que había difundido su informe de labores fuera de los plazos legales, en lo que habían sostenido, los priistas, eran actos anticipados de campaña.
