Por Luis Javier Valero
El desaire presidencial a los alcaldes no fue sólo en las formas, pues no sólo no acudió a la clausura, exclusivamente, por lo menos, de su reunión anual, sino que, cuando éstos reclamaron las ingentes reformas necesarias hasta para la sobrevivencia de los municipios, el presidente Peña Nieto les regañó, como si fueran los menores de edad del pretendido federalismo existente en el país, al pedirles que no nadaran “de muertito”, pretextando no tener suficientes recursos o capacidades para dar resultados.
Como en ninguna otra ocasión -que el escribiente recuerde- un presidente ha regañado a los presidentes municipales y ha mostrado, en contrapartida, sus verdaderas concepciones acerca de esta instancia del poder público en México y la relación que la presidencia guarda con ella. Centralistas a más no poder.
Más aún, en el momento en que se concretó en Chihuahua -en materia electoral- otra de las muy nocivas manifestaciones de las tendencias centralistas, la designación de los integrantes del órgano electoral (el OPLE de Chihuahua), a pesar de los múltiples elogios vertidos a su gobierno por el Presidente Peña Nieto, por el desempeño de su gobierno -según opinión de Peña Nieto- en materia de seguridad pública, el Gobernador César Duarte le pidió la instauración del ¡mando único! para que sea el gobierno federal -¿Central?- el que lo ejerza “para un efectivo combate a la violencia”.
Bueno, pues hasta en las aspiraciones políticas salieron trasquilados. Peña Nieto les advirtió que “el espacio de servicio municipal, como el de cualquier otro orden de gobierno, no es un peldaño para escalar en la trayectoria personal, “son espacios de privilegio para servir a la sociedad”.
Todo porque Jorge Morales Barud, presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, alcalde de Cuernavaca, planteó la necesidad de que los municipios cuenten con más atribuciones y presupuesto a fin de hacer frente a los requerimientos de la población.
De ahí, dijo, la urgencia de la concreción de reformas políticas, legislativas, hacendarias e institucionales para municipios.
No tuvo que ir muy lejos por la respuesta, Peña Nieto les contestó que “más allá de estar a la espera de cambios o de reformas que posibiliten que los municipios estén en mayor capacidad de asumir su propia responsabilidad, hoy asumámosla frente al marco que hoy tenemos. No podemos evadir la responsabilidad, tenemos que trabajar y dar resultados”.
… Lo que no se vale, lo que es inadmisible para el orden municipal, es evadir la tarea pretextando no tener suficientes recursos, no tener suficientes capacidades y a veces nadar de muertito y dejar que esta tarea vengan a hacerla otros”.
Y los alertó pues en el camino encontrarán “seguramente críticas, diatribas, detractores, pero manténganse fieles al cumplimiento de los objetivos y compromisos que han asumido con los ciudadanos que les han dado su voto de confianza”, por eso, “no se distraigan”.
No podía ser más claro el mandatario, los alcaldes del país son los menores de edad de la república a los que se les regaña, aconseja, educa, prepara y alecciona y hasta les advierte: “los cargos públicos no son peldaños para escalar en proyectos personales, son escaños para servir a la sociedad que nos ha depositado su confianza”.
Fue un discurso sin desperdicio para asomarnos a lo que los mexicanos podemos esperar de su relación con este nivel de gobierno. En lugar de esperar a las reformas solicitadas por ellos, Peña les llamó a “trabajar con lo que hay, haciendo uso del talento de gestión de todo buen gobernante y con la voluntad permanente de coordinación”.
Les dijo que no deberían esperarse a las eventuales reformas “para comenzar a trabajar” y a esperar una modificación legislativa pues “a un buen gobernante (aunque) le falte una ley o norma no le impide llevar a su comunidad a buen puerto”. ¡Orale!
Y nos dijo quien se había ganado la “estrellita”: “Por ejemplo, en Chihuahua hemos encontrado siempre la voluntad, la capacidad de trabajo y de gestoría para atender un tema de los más sensibles que se puedan imaginar; Chihuahua es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay convergencia de esfuerzos”.
“¿Cuál es el resultado?, aquí lo tienen señoras y señores: Chihuahua ilustra a la perfección lo que se puede lograr cuando no hay límites, pues pasó de ser uno de los estados más señalados del mundo por la inseguridad, sobre todo Juárez, a ser líder de nueva cuenta en muchas de las áreas de seguridad y economía del país”.
Chihuahua es, para el Presidente Peña Nieto, el paradigma del país: ¿pero cuál es la realidad del país?
Vayamos a uno solo de los problemas de las ciudades, de todas, el del pavimento, para no hablar del combate a los rezagos sociales. No hay ciudad en la que el reclamo de los ciudadanos no sea el de la falta de buen pavimento, en las vías principales, o la falta de él en una buena cantidad de las colonias.
Más allá de las cadenas de corruptelas en la adjudicación de las obras, de los “moches”, etc. lo cierto es que los recursos municipales no alcanzan para cubrir ese rubro, sin mencionar lo necesario para que esta instancia del poder público pudiera incidir en el mejoramiento de los niveles de vida de los mexicanos.
Padecemos una sólida tendencia al centralismo. No hubo, ni posibilidad, ni los suficientes deseos, en los dos sexenios anteriores, para cambiar el abusivo esquema fiscal existente que en términos gruesos lleva a que de cada 100 pesos del presupuesto federal, 19 vayan a las entidades federativas y sólo 1 a los municipios. ¡Sólo un peso y encima los regañan!
¿Cómo hacer que los gobiernos municipales cumplan con sus obligaciones? Hasta pareciera un plan maquiavélico acogotarlos para que, en busca de resolver sus problemas se vean compelidos a privatizar el otorgamiento de los servicios que constitucionalmente deben otorgar a la sociedad.
Vamos, es de un centralismo tal el sistema político mexicano que se deben celebrar convenios entre instancias del gobierno federal y los municipios para que éstos accedan a una mayor porción de las magras cantidades generadas por los impuestos mineros.
¿Cómo hacer para que las policías municipales adquieran ribetes de verdaderos cuerpos de acción preventiva si sólo se alcanza para dotar a los gobiernos municipales de patrullas y armas, pero de ninguna manera de instrumentos de verdadera intervención social?
El actual grupo gobernante le está apostando, seriamente, a la centralización. Ya lo hizo con el magisterio. Ya se quedó -la vieja Tenochtitlán y sus caciques- con la estructura electoral (ahí está el caso, emblemático, de las elecciones extraordinarias de Colima que, de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral de la Federación, será el INE el encargado de celebrarlas).
A su vez, el Instituto Federal de Acceso a la Información tiene hoy mayores facultades, supliendo en buena medida a los órganos estatales.
En el ámbito local, a su vez, los presidentes de las juntas de agua ya no son, ni siquiera, propuestos por los cabildos, son designados de manera central y el gobierno estatal ha asumido, cuando se lo ceden, la facultad de recaudar el impuesto predial.
Y por ninguna parte aparecen las tendencias en el sentido contrario, como por ejemplo, el de que la instancia municipal o estatal recauden algunos de los impuestos existentes, que ahora recauda exclusivamente el gobierno federal.
Y, luego, el problema de la falta de voluntad política, generada, precisamente, por lo criticado por Peña Nieto, algo de lo que él realizara reiteradamente en su gestión como gobernador del Estado de México.
¿Cómo podemos creer que los alcaldes -por lo menos la mayoría- se atrevan a cuestionar seriamente y a insistir, reiteradamente, en el cambio del esquema fiscal, si están pensando en la siguiente elección, en la que, a lo mejor, les toca saltar a otra posición política?
¿O que los diputados federales propongan a cambiar el esquema fiscal, a riesgo de, algunos, perder la candidatura a gobernador o alcaldes de las capitales y ciudades importantes del país? ¿Cómo oponerse al gobernador de su estado, si éste es, en buena medida, sobre todo en el caso de los priistas, el responsable de su candidatura?
A nadie le interesa, realmente, hacerlo.
Ejemplo de lo cual es el aspecto abordado por el Gobernador Duarte, el de la reducción de la inseguridad en el estado de Chihuahua.
¿Es cierta esa aseveración? Ciertamente, lo es. No vivimos, ya, la tragedia violenta, en esas dimensiones, del período 2008-2011.
Aquella fue una auténtica guerra de por lo menos dos de los cárteles más importantes del país.
Como en toda confrontación bélica prolongada el desgaste fue enorme; no sólo afectaron, uno al otro, sus fuentes de financiamiento y aprovisionamiento, también disminuyeron sensiblemente el número de sus efectivos y la “calidad” operativa de sus mandos disminuyó severamente. Todo por una causa, los mataron.
A pesar de todo ello, la calidad y la cantidad de la droga no disminuyeron en los Estados Unidos y, por el contrario, la fortaleza de esos cárteles aumentó en ese país.
No puede escatimarse la aportación del gobierno estatal en esa materia, pero tampoco se le puede atribuir todo el mérito, siendo un problema global, el del tráfico de estupefacientes, deberá contemplarse su solución, o su amortiguamiento de, por lo menos, el de sus consecuencias violentas, de la misma manera, globalmente y entonces, buscar la respuesta a la disminución de los índices violentos de Juárez y Chihuahua en aquellas causas, las mismas que sirven para explicarnos que, en 2014, Parral se haya convertido en una de las ciudades más violentas del país y que la violencia generada por el narcotráfico se haya elevado sensiblemente en los últimos meses en La Tarahumara.
Si esos logros en Chihuahua se obtuvieron sin cambiar el esquema operativo de las policías, entonces ¿Por qué pedir algo que no se necesitó para alcanzarlos?
