Por Javier Sicilia
La descomposición del país es inmensa. No lo es menos la irresponsabilidad con la que los gobiernos salientes se comportan frente a ella. Al desastre que crearon –corrupción, violencia, destrucción del territorio– se suma ahora la falta de voluntad para dejar una situación de mínima gobernabilidad a quienes los sucederán en el gobierno. Donde quiera que uno vuelve la mirada, la violencia y la corrupción alcanzan índices cada vez más aterradores, como si los vínculos entre el crimen organizado y los gobiernos, sobre los que las organizaciones de defensa de derechos humanos no han dejado de insistir, se hicieran por fin claros.
Morelos, en la medida en que lo micro expresa lo macro, es un buen ejemplo de esa preocupante realidad. El profundo deterioro que inició a principios de los noventa con el priista Jorge Carrillo Olea y se ahondó con los gobiernos panistas de Sergio Estrada Cajigal y de Marco Antonio Adame, llegó a una de sus etapas más demenciales con el gobierno perredista de Graco Ramírez.
Graco ha gobernado contra la gente: corrupción, cooptación, control de las corporaciones policiacas bajo un Mando Único, violencia, inseguridad, persecución a sus críticos –incluyendo al obispo Ramón Castro y Castro, al exrector Alejandro Vera y al presidente municipal Cuauhtémoc Blanco– fosas ilegales –Tetelcingo y Jojutla–, donde su propia fiscalía desapareció cuerpos, y destrucción de los tejidos sociales de los pueblos imponiendo megaproyectos.
Durante su gobierno –un gobierno que llegó al poder prometiendo que en 18 meses terminaría con la violencia– los crímenes no dejaron de sucederse. Según datos del Secretariado de Seguridad Pública de 2012 a 2016 en su gobierno se cometieron 2 mil 328 homicidios dolosos (45 por mes; 1.5 por día en promedio); 372 secuestros (7.2 por mes; 1.8 por semana); mil 56 extorsiones (20.7 por mes; cinco por semana).
Faltan aún las cifras de 2017 y 2018, que aumentaron considerablemente esta realidad. También, según datos de una de las gentes cercanas a Cuauhtémoc Blanco, José Manuel Sanz, quien hace parte de los procesos de entrega recepción, la deuda del estado pasó de mil 500 a 11 mil millones de pesos (mil 200 millones de pesos en créditos bancarios) y no hay claridad en las cuentas.
Esta situación intolerable hizo que en 2016 se formara el Frente Amplio Morelense que reunió a 200 mil personas en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, pidiendo juicio político al gobernador, petición que se presentó también en el Senado. Ante la sordera de las autoridades, monseñor Castro, el entonces rector Vera, Cuauhtémoc Blanco y yo, encabezamos una marcha de tres días hasta la Secretaría de Gobernación. Allí mostramos la situación del estado y la necesidad de crear un gobierno de reconciliación que permitiera unir y pacificar a Morelos. Si no se intervenía –enfatizamos– la situación se haría cada día peor.
Como sucedió con el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, y pese a las evidencias que entregamos, la federación no intervino y las consecuencias, como lo señalamos, fueron peores, al grado de que al exrector se le fabricaron todo tipo de delitos, hasta obligarlo a renunciar a la rectoría y encerrarlo un día en el cereso de Atlacholoaya.
Después del proceso electoral en el que los intentos de imponer en la gubernatura a su hijastro Rodrigo Gayosso fallaron, Graco ha agudizado por omisión o por comisión –es un pendiente que hay que investigar junto con los crímenes ya documentados de su administración– las condiciones de desastre y tragedia que padece Morelos. En el lapso de un mes de concluidos los comicios –en los que Blanco ganó con porcentajes similares a los de López Obrador– la inseguridad, la ingobernabilidad y la violencia aumentaron de tal forma que varias comunidades se han puesto en estado de autodefensa.
En el último mes hemos tenido que soportar, además de un incremento de los feminicidios (sólo en los seis últimos meses de 2018 se cometieron 42 crímenes de odio contra mujeres), de los homicidios y de los secuestros, el asesinato de un líder campesino, Romualdo Ixpango, opositor al gobierno; el linchamiento de un colombiano supuestamente vinculado a un grupo de extorsionadores; el encarcelamiento de un joven que, al defenderse de un asalto, asesinó a uno de sus agresores, y sistemáticos bloqueos a vías de comunicación importantes.
De 2012 a la fecha el gobierno en Morelos entierra clandestinamente en fosas ilegales, usa los dineros públicos para sus intereses, roba a los damnificados, jubila a los diputados, persigue y encarcela a opositores, libera delincuentes y provoca constantes procesos de ingobernabilidad.
Si la federación, como es su responsabilidad, no interviene con todo rigor en el proceso de transición y no detiene a Graco Ramírez, el próximo gobierno no tendrá las mínimas condiciones de gobernabilidad. Sólo los criminales y los que han utilizado al Estado para sus propios intereses se benefician potenciando la anomia.
Aún es tiempo de que la federación intervenga no sólo aquí, sino en otros estados que, en sus gobernadores, siguen el mismo patrón que Morelos. Su obligación, si aún tiene un gramo de responsabilidad, es crear, lo que hasta ahora no ha creado: las mínimas condiciones de gobernabilidad para la llegada de las nuevas administraciones.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.
