A lo largo del Río Bravo, los contrabandistas que intentan entrar a Estados Unidos ciertamente han notado la presencia de sus adversarios sobre el agua: fornidos comandos en botes blancos con negro armados con metralletas calibre .30 y escudos antibalas. Las insignias en los trajes de camuflaje de los oficiales los identifican no como agentes federales de la Patrulla Fronteriza, sino como otro tipo totalmente distinto de fuerza policial. Guardianes de cacería de Texas.
Un equipo de ellos —cuyo trabajo de rutina incluye investigar a los tramposos en los torneos de pesca y hacer arrestos de personas por manejar botes en estado de ebriedad— patrulla el río, sacando a los contrabandistas y esquivando piedras que les lanzan desde el lado mexicano.
Los Miembros de los Rangers de Texas también han intercambiado sus muy representativos sombreros blancos por el camuflaje para ocultarse entre los arbustos en operativos encubiertos durante la noche. En la frontera, Texas utiliza helicópteros con radares infrarrojos. Monitorea las cámaras que detectan movimiento instaladas en ranchos privados. Y en lugar de depender de los aviones de vigilancia federales, Texas consiguió el suyo propio por 7.4 millones de dólares.
La reciente declaración del gobernador Rick Perry diciendo que enviaría mil tropas de la Guardia Nacional a la frontera ha generado muchísima atención. Pero este sólo fue el más reciente paso de una más amplia estrategia que ha tomado una década de planeación por parte de Perry y otros líderes republicanos para conformar la propia versión de Texas de la Patrulla Fronteriza en su frontera de mil 200 millas (mil 931 kilómetros) con México.
Perry y los funcionarios estatales defienden este despliegue de fuerza como un costoso pero necesario esfuerzo para ponerle un alto al tráfico de personas y de drogas ilícitas en Texas y para prevenir que las cárceles de Texas se llenen de “delincuentes inmigrantes” sin importar cual sea su estatus migratorio.
Pero sus operativos tienen una serie de detractores, incluyendo algunos funcionarios en comunidades fronterizas, quienes dicen que Perry y sus partidarios no tienen ningún derecho para utilizar el dinero de los contribuyentes para poner a oficiales estatales y soldados de la Guardia Nacional en la vanguardia de una frontera que es responsabilidad del gobierno federal salvaguardar.
“No es algo que el gobierno federal le ha pedido que haga”, dijo Verónica Escobar, juez del condado de El Paso. “Es un desperdicio de dinero de los contribuyentes y de recursos, especialmente cuando muchas de las necesidades fundamentales son socavadas por la propia directiva estatal que propone y promueve semejante despilfarro”.
Texas ha gastado 500 millones de dólares en seguridad para la frontera desde el 2005. Ningún otro estado que comparte la frontera con México —California, Arizona o Nuevo México— ha hecho una inversión de dinero y personal que se le compare. Y ningún otro estado cuenta con un Centro de Operaciones de Seguridad Fronteriza, el cual Texas abrió en Austin para analizar mapas e inteligencia relacionada a la frontera que comparte con dependencias locales, estatales y federales.
En el 2010, el gobernador Bill Richardson de Nuevo México ordenó enviar unas cuantas docenas de tropas a la frontera de su estado tras el asesinato de un ganadero de Arizona, pero no se compara con lo que Perry ha hecho en Texas.
“Fue algo limitado y temporal”, dijo Richardson, un demócrata, sobre el envío de las tropas a la frontera en el 2010. “Creo que los estados fronterizos deben tener mucho cuidado de no incurrir en la militarización de la frontera. Esto es primeramente responsabilidad del gobierno federal. Yo trabajé con el gobernador Perry en ciertos asuntos de la frontera. Creo que esta vez ha ido demasiado lejos”.
Los 500 millones de dólares que Texas ha gastado en seguridad para la frontera vienen cargados con una advertencia. El mes pasado, Perry dijo al comité del Congreso que Texas debe ser acreedor a un reembolso de parte del gobierno federal por el dinero que ha gastado en asegurar la frontera, acción que data desde la presidencia del predecesor de Perry, George W. Bush.
“No puede haber seguridad nacional sin que exista la seguridad en la frontera”, dijo Lucy Nashed, portavoz de Perry. “Y mientras que los contribuyentes de Texas no deberían soportar la carga de tener que cumplir con la responsabilidad del gobierno federal para asegurar la frontera, nosotros no podemos esperar a que se tome alguna acción mientras nuestra frontera sigue llena de fisuras y nuestras comunidades continúan estando en riesgo.”
En veces el uso de personal es un tanto discordante. Los guardianes de cacería han visto algo de acción en sus patrullajes en la frontera. En días recientes, uno de ellos fue golpeado en la cabeza por una roca y otro fue atacado mientras luchaba con un traficante que se resistía a ser arrestado. Una mañana del mes de junio en el 2011, cerca de Mission, unos narcotraficantes que intentaban proteger una balsa llena de mariguana lanzaron rocas y dispararon hasta seis tiros en contra de los oficiales. Los guardianes de cacería, los Rangers de Texas y los agentes de la Patrulla Fronteriza respondieron con una ráfaga de fuego, disparando unas 300 balas.
La respuesta fue defendida por los funcionarios de Texas, quienes dijeron que los oficiales dispararon en defensa propia. Los guardianes de cacería —quienes portan armas e insignias al igual que los oficiales de paz comisionados por el estado— no tienen autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración en la frontera. En su lugar, hacen arrestos por delitos estatales, como el tráfico humano.
“Nuestros hombres tienen la misma autoridad como cualquier otro agente estatal”, dijo Mike Cox, un portavoz del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, dependencia que supervisa a los guardianes.
Las autoridades de Texas trabajan muy de cerca con la Patrulla Fronteriza, coordinando operativos en conjunto y compartiendo información. En enero del 2007, cuando Perry ordenó enviar 600 tropas de la Guardia Nacional a la frontera —su primera iniciativa estatal de despliegue de la armada— algunos de los soldados fueron emparejados con agentes de la Patrulla Fronteriza y oficiales de la Policía.
Pero Texas opera de manera independiente con los oficiales federales, también, muchas veces detectando y respondiendo a actividades sospechosas antes de que la Patrulla Fronteriza lo haga.
Los oficiales de la Patrulla Fronteriza no respondieron a peticiones para dar un comentario sobre los operativos en la frontera de Texas. Pero ha habido señales por parte de los funcionarios federales en Washington no concuerdan con algunas de las propuestas y retórica de Perry.
Las repetidas solicitudes hechas por Perry en el 2009 a los funcionarios federales para enviar mil tropas de la Guardia Nacional a la frontera y ayudar a frenar lo que él llama un “derrame de violencia” perpetrada por el narcotráfico nunca fueron aprobadas.
Casi todo aspecto de la seguridad fronteriza de Texas ha sido tema de desacuerdo. Richard H. García, alcalde de Edinburg, Texas, en el Valle del Río Bravo, cuestionó la necesidad de la Guardia Nacional, diciendo que la delincuencia disminuyó en un 12 por ciento el año pasado en su ciudad.
En una entrevista con el New York Times, David V. Aguilar, el entonces comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que la descripción de una comunidad en el sur de Texas siendo arrasada por el crimen y la violencia perpetrada por los cárteles de la droga, tal como los funcionarios de Texas la pintan, es incorrecta.
Pero los oficiales de la agencia policial de más alto rango en el estado, el Departamento de Seguridad Pública, el cual coordina los operativos en la frontera, dicen que las docenas de asesinatos, asaltos, tiroteos y secuestros en Texas han sido directamente vinculados con los cárteles de la droga mexicanos.
Un reporte del 2011 de dos generales retirados del Ejército —una evaluación que le costó a Texas 80 mil dólares— encontró que los texanos estaban siendo “amenazados por una campaña narco-terrorista de tipo militar en contra de ellos” por parte de los cárteles de la droga.
Tom Vinger, un portavoz del Departamento de Seguridad Pública, dijo que, “La frontera no está asegurada, y hay abundante evidencia de cientos de miles de ilegales que entran a Texas, múltiples cantidades de drogas, vehículos robados, fugitivos y contrabando de todo tipo que se abren camino rumbo a la frontera entre Texas y México todos los días, cada semana, mes y año”. Cuando se le preguntó si hubo lesionados y fatalidades en ambos lados de la ráfaga de balas que se suscitó en el 2011, Vinger agregó. “Los cárteles no ofrecieron un reporte de sus bajas a la Policía”.
Las operaciones de Perry en la frontera son de un tono y estilo militar en sus tácticas y equipamiento, con nombres de futbol como Operación Linebacker y Operación Strong Safety.
Texas ha pagado millones de dólares a un contratista militar privado financiado por el general retirado del Ejército, John N. Abrams, para ayudar a desarrollar sus estrategias de seguridad fronteriza. Antes de su despliegue de la Guardia Nacional en el 2007, conocido como Operación Wrangler, Perry dijo que las tropas formarían “12 pelotones armados de seguridad”.
El gobernador y los funcionarios de Texas han dicho que el nuevo despliegue de las tropas tiene muy poco que hacer con el influjo de inmigrantes centroamericanos que han inundado la frontera. En su lugar darán apoyo a las otras incontables misiones que se enfocan en combatir el crimen perpetrado por los cárteles de la droga y el contrabando. Y Perry, quien considera contender por la presidencia en el 2016, ha negado que su decisión de enviar tropas a la frontera esté siendo motivada por sus ambiciones políticas.
“Soy el gobernador del estado de Texas”, dijo Perry a CNN el domingo. “La seguridad de mis ciudadanos es lo más importante”.
Texas no repara en gastos, el avión de vigilancia, Pilatus, que Texas compró en el 2012 llegó cargado de costoso equipo adicional, incluyendo un sistema de imagen termal de un millón de dólares y gafas de visión nocturna de 58 mil dólares. Seis botes para aguas poco profundas utilizados por los agentes estatales y guardianes de cacería con un costo de 3.4 millones de dólares. El despliegue de la Guardia Nacional le costará a Texas 60 millones de dólares si llega a durar cinco meses.
En un estado fiscalmente conservador, cuyos líderes se apegan a la premisa de mantener los gastos e impuestos bajos, los 500 millones de dólares que se han gastado en seguridad para la frontera se ha convertido en la excepción.
“Nos preocupamos por cada dólar que se gasta”, dijo el representante estatal Dennis Bonnen, un republicano y presidente de un comité de la Cámara que estudia el impacto fiscal de los operativos de Texas en la frontera. “es una situación un tanto agridulce, por lo que no tenemos otra opción más que tapar los agujeros”.
Perry y otros funcionarios estatales dijeron que el esfuerzo ha hecho que los texanos estén más seguros y ha conllevado a decenas de miles de arrestos y millones de libras de drogas confiscadas. El uso de los helicópteros de la Policía estatal y del avión de vigilancia tan sólo en la frontera fueron responsables de más de 13 mil arrestos, 87 millones de dólares en drogas decomisadas y del rescate de 137 personas, según dijeron los funcionarios estatales.
Pero las controversias a alto nivel en veces han ensombrecido cualquier reconocimiento de éxito. En el 2012, un oficial estatal en un helicóptero, intentando de dispararle a las llantas de una camioneta de la que se sospechaba que transportaba drogas cerca de la frontera, mató a dos inmigrantes ilegales que iban ocultos en el vehículo.
Antes de instalar cámaras de bajo costo de detección de movimiento, Texas había gastado millones de dólares en un sistema más avanzado de cámaras de video que les permitía a las personas ver el video en vivo por Internet y reportar cualquier tipo de actividad sospechosa. El sistema, conocido como Texas Border Watch, resultó en algunas aprehensiones. El Texas Tribune encontró que en el 2010 el programa que conllevó a un total de 26 arrestos costó 153 mil 800 dólares por cada aprehensión.
Fuente: The New York Times vía El Diario
