Una organización comunitaria y un grupo de inmigrantes que fueron arrestados en operativos en sus lugares de trabajo por la oficina del sheriff del Condado Maricopa, Joe Arpaio, sometieron una demanda hoy en la que acusan a esa agencia de violar sus derechos.
El texto de la demanda dice que las redadas del sheriff Arpaio para capturar a trabajadores con documentos falsos infringen en la jurisdicción del gobierno federal que tiene el poder exclusivo de implementar las leyes migratorias del país.
El litigio es representado por abogados de la Clínica de Derechos de Inmigrantes del Colegio de Leyes de Irvine de la Universidad de California, la Red Nacional de Jornaleros y la Unión Americana de Libertades Civiles.
The Associated Press contactó a Arpaio quien dijo no tener conocimiento de la demanda en ese momento.
“Vamos a continuar implementando las leyes en los sitios de empleo y arrestando a la gente con documentos falsos”, dijo el sheriff en su respuesta inicial y agregó que se limitaría a ese comentario.
En la demanda se pide el cese inmediato de los operativos y exige que las autoridades borren los antecedentes penales de las personas detenidas durante los últimos cinco años en estos operativos.
“Quiero que me quiten los cargos”, dijo Sara Cervantes, una inmigrante de 26 años que integra la demanda.
Cervantes fue arrestada en enero del año pasado en un operativo en un supermercado donde trabajaba con su nombre real y un seguro social inventado. La inmigrante mexicana dijo a The Associated Press que pasó cuatro meses encarcelada y separada de su hijo de cinco años.
En este momento todavía enfrenta un proceso de deportación.
“A esas personas se les ha arruinado la vida, no sólo porque pueden usar eso en su contra sino porque ya no calificarán para una reforma migratoria o cualquier otra forma de alivio”, dijo Carlos García, director de PUENTE, la organización comunitaria que también forma parte de la querella.
Los abogados demandantes argumentan que la oficina del sheriff utilizo varias leyes estatales incorrectamente. Una que convierte en un delito grave utilizar documentos falsos para trabajar y lo considera como robo de identidad. La otra conocida como Ley de Sanciones a empleadores tenía como objetivo penalizar de forma administrativa a los empleadores que contraten trabajadores no autorizados a sabiendas.
Desde el 2008, a la fecha la oficina de Arpaio ha llevado a cabo 83 operativos en sitios de empleo que resultaron en el arresto de 782 personas acusadas de robo de identidad.
En su operativo más reciente los oficiales del sheriff detuvieron a nueve personas que trabajaban en la limpieza en edificios del Departamento de Transporte de Arizona y se las acusa de usar documentos falsos y estar ilegalmente en el país. También se presentaron cargos criminales contra uno de sus supervisores por permitir su empleo a sabiendas de que su documentación era falsa.
“La falsificación y el uso de identificaciones falsas es un delito serio que genera asuntos serios de seguridad, especialmente cuando un establecimiento del gobierno es infiltrado por gente con identificaciones fraudulentas”, dijo Arpaio en una declaración.
La reciente demanda civil no es la primera que cuestiona la forma en la que Arpaio se ha enfocado en combatir la inmigración ilegal.
En mayo de 2013 el juez federal Murray Snow dictaminó que los alguaciles del sheriff discriminaron contra conductores latinos en sus operativos en vecindarios para capturar a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.
El juez impuso la supervisión de un monitor sobre esa agencia y prohibió la detención de personas únicamente por sospecha de encontrarse en el país ilegalmente.
Fuente: AP
